Por Luis María Serroels (*)
Muy pocos saben que este columnista en su juventud tuvo el privilegio de estudiar piano, teoría y solfeo personalizadamente con el eximio instrumentista, maestro y compositor Andrés Longo. Pero la evocación de hoy –que nos enorgullece muy especialmente- la impulsa el hecho de que fue el autor de la música de la Marcha de Entre Ríos (letra de Isidoro Rossi), que se entona en escuelas y actos públicos y en cuyo final reza: “Para hacer de la heroica Entre Ríos, la Entre Ríos que Urquiza soñó”.
Quienes hayan leído la extensa y aniquiladora columna firmada por Daniel Enz en la revista ANÁLISIS del jueves 16 del corriente bajo el título Contratos y perejiles, podrán tener ahora la convicción de que, a tenor de duras revelaciones, nuestra provincia en algunos tramos de gobierno, ha sido la Entre Ríos que Urquiza muy lejos estuvo de soñar.
La tristemente célebre causa que involucra a un dos veces gobernador, sus familiares, legisladores, funcionarios, presta nombres y hasta perejiles devenidos en millonarios, no registra precedentes. Pero además tiene la particularidad de que en esta investigación fatigosa e indeclinable de fiscales comprometidos con su labor, se ha posado una máquina de chicanear que dilata procedimientos, pone palos en cualquier rueda y toma atajos a sabiendas de que tarde o temprano este escándalo abrirá grietas por donde se filtrará la podredumbre de la corrupción organizada desde el poder político. La lectura de la nota referida, conduce sin ninguna duda a evocar –en ámbitos comarcanos- las maniobras de las mafias que tenían a la omertá (ley del silencio) como código de honor.
Sería un caso inédito que el cúmulo de datos precisos, identidades, modus operandi, redes aceitadas, montos increíblemente altos y patrimonios no compatibles con los ingresos blanqueados, sea atribuible a las fantasías de la prensa. Siempre hemos sostenido que quienes se sientan imputados por algún delito y se consideren inocentes, deberían acudir ante la justicia a limpiar sus nombres. Y arribar al despacho de fiscales o jueces antes de que estos lleguen. Nuestra Señora de la Chicana sigue siendo la protectora de los corruptos.
No desconocemos –porque es un precepto sagrado- que todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario, pero no es menos cierto que en la función pública se invierte la carga de la prueba. Salir airoso tras un proceso judicial con todas las garantías es lo que todo enjuiciado aspira. Dilatar un juicio no presupone culpabilidad manifiesta pero sí robustece la duda y la desconfianza.
Ningún editor periodístico se arriesgaría a inventar una historia dándole una hábil pincelada de realismo y veracidad, si no dispusiera de elementos sólidos que lo avalen. Recuérdese que en esta historia hubo un episodio en el cual fue saqueada una importante documentación destinada al Banco de Entre Ríos proveniente de Santa Fe, durante una sospechosa detención en el casco paranaense del móvil transportador cuyos ocupantes y por motivos ignorados habían descendido. Según trascendió, tal operación habría sido vana en tanto existirían copias en la entidad financiera.
No debe perderse de vista que el gobierno provincial a través de la Fiscalía de Estado ha intervenido en esta causa como damnificado. Cuando se habla –y ello quedará confirmado mediante la revisión de los cheques cuyas copias se encuentran guardadas en lugar seguro- de un monto de 2.000 millones de pesos obtenidos ilícitamente desde hace varios años, se tiene la dimensión del delito investigado.
Existe un interrogante que merece ser aclarado para los no enterados. ¿Qué significan los dichosos contratos? ¿Cuál es su propósito original? ¿Es propio de las tareas y obligaciones de un legislador distribuir contratos? ¿Qué finalidad cumplen? ¿Qué servicios concretos e imprescindibles para un Estado sobrecargado de agentes se realizan como contraprestación? De lo contrario se debería hablar de subsidios. ¿Cuál es el marco legal? ¿Qué parámetros se tienen en cuenta para que haya diputados y senadores cuyos cupos de beneficiarios se diferencian marcadamente? No estamos confirmando maniobras ilícitas, sino buscando respuestas que cualquier ciudadano contribuyente debería tener.
Si nos remitimos a los datos proporcionados por el Poder Ejecutivo respecto del monto por recaudar mediante la cuestionada Ley de Ayuda Solidaria y la importancia decisiva que se le asigna (al margen de las objeciones legales que enfrenta) mayor gravedad alcanzan los 2.000 millones de pesos que significan la maniobra ilícita que ANALISIS sacó a la luz con pelos y señales. Fue un robo al erario público entrerriano para deleite y felicidad de vulgares delincuentes. No es difícil de mensurar el grado de indignación del sufrido contribuyente.
Al Estado provincial le fueron robadas sumas millonarias. No fueron miembros de la Cosa Nostra, Camorra, Sacra Corona Unita, Yacuza ni Mafia Rusa. Se trata de personas ligadas por funciones que vieron la veta fácil del delito en banda mediante mecanismos bien lubricados para enriquecerse indebidamente. Si todo ha sido una fantasía de la prensa ¿por qué tanta gambeta frente a los tribunales?
Cuando los medios nacionales revelan una operación destinada a desplazar 38 magistrados y reemplazarlos por aquellos permeables a las pretensiones de impunidad del kirchnerismo, no podemos menos que imaginarnos como una suerte de agencia austral de la Venezuela de Nicolás Maduro. Y a la maniobra de los “contratos de la dicha fácil” ubicarla como una especie de propedéutico del delito en masa contra todos los entrerrianos.
Volviendo a la referida nota periodística donde se les saca la máscara a hombres y mujeres enriquecidos ilegalmente para una vida lujosa, la pelota está hoy en el campo del Poder Judicial donde se enfrentan adversarios hábiles en la jugada de arrojarla afuera.
Sería útil saber qué medidas se adoptaron en la Legislatura y qué sumarios internos se sustanciaron como señal de limpieza, en tanto allí se instaló la principal catapulta de delitos que hoy estremecen a la sociedad. Un baño de alcohol en gel (hoy tan imprescindible) desalojaría los virus de la corrupción. Todo depende del juego de valores que se aplique como paradigma y el apego por el reglamento para que la decencia y la honradez no deban sacarle tarjeta roja. Y de paso tranquilizar los sueños del ex gobernador y Presidente de la Confederación Argentina, Don Justo José, amén de garantizarle merecida vigencia al Himno que nos legaron Andrés Longo e Isidoro Rossi.
(*) Especial para ANALISIS
