Por Roberto Trevesse (*)

El 25 de octubre pasado el pueblo chileno fue masivamente a las urnas, producto de un dificultoso y áspero acuerdo del actual gobierno constitucional con la totalidad de las instituciones del Estado, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los jubilados y representantes de los pueblos originarios, entre otros grupos, para decidir si se reforma o no la constitución vigente.

Lo cierto es que esta historia comenzó o se desmadró públicamente para sorpresa de gran parte de la clase media alta chilena y el propio gobierno nacional un 18 de octubre del año pasado cuando tuvo inicio un estallido social de magnitud en Santiago y en las principales ciudades de Chile.

El hombre común, a favor o no de las protestas, caos y violencia, no imaginó semejante reacción popular que tuvo a cientos de miles de personas como protagonistas y con un elevado porcentaje de jóvenes, tanto estudiantes como trabajadores.

La repercusión mundial fue masiva, los destrozos incalculables, los incendios cometidos a edificios y grandes tiendas fueron importantes, los supermercados fueron saqueados y la destrucción de casi 60 de las 136 estaciones del moderno Metro de Santiago paralizó el servicio público.

Era tal la anarquía, incontenible por otra parte, que por orden presidencial y por primera vez en democracia salieron 9.000 efectivos del Ejército a las calles del país y devino en un toque de queda riguroso en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Concepción.

Cuando le habló al pueblo por televisión, Sebastián Piñera se mostraba como una persona que no entendía que pasaba y por qué pasaba semejante violencia popular, instigada o no, justificada o no, pero real a los ojos de todos.

El hecho que rebasó el vaso de agua, podría ser calificado de minúsculo: “El aumento de 30 pesos en el costo del boleto del transporte urbano de pasajeros”, destapó la bomba de tiempo.

Era tal la ignorancia de la realidad que tenía el Presidente, que unos días antes había expresado con énfasis- públicamente- que Chile era un oasis y que la economía gozaba de muy buena salud.

Sin embargo, en las profundidades de la base social y en los sectores progresistas, tanto activistas como intelectuales de izquierda, el murmullo del estallido social estaba a flor de labio.

Debo decir que una cosa es el crecimiento económico proporcional para todos y otra lo contrario, es decir que dicha bonanza económica, no había logrado cerrar las grandes brechas de inequidad.

Gran parte del pueblo chileno exigía –aún hoy- mayor igualdad, menos abusos y menos privilegios injustificados. Por lo tanto, se estableció una agenda de probidad, de reforma tributaria, reforma educativa, resolver el tema de las Pensiones, aumentar los niveles de inclusión social, terminar con el abuso y la injusticia.

En el momento del tremendo estallido social, Chile era para el mundo un ejemplo, por lejos la mejor economía de América Latina y abierta al mundo en los principales mercados comerciales. Nadie veía “la otra realidad” o no la quería ver.

Está claro, salvo para el que no quiere reconocerlo, que esta crisis de proporciones inusitadas, tiene en el centro de la escena al Presidente Piñera, a una clase política mayoritariamente corrupta –más allá de su color partidario y comprometida con los intereses de los poderosos.

Tampoco debemos olvidar que el plan de vandalismo y destrucción, no solo fue programado por sectores internos, sino concertado también por grupos externos. No fue un hecho aislado.

Las marchas y protestas continuaron hasta mediados de diciembre del año pasado, pero en paralelo ya se estaban reuniendo los cabildos en cada ciudad para llegar a un acuerdo de reforma constitucional y ampliar los derechos de los ciudadanos, a tal punto que se pensaba votar el 25 de abril de este año, pero se debió postergar seis meses.

Hasta aquí una síntesis de los hechos que llevaron a Chile a convocar a una nueva Constitución Nacional y que provocó la muerte de 34 personas (15 en lugares siniestrados, 7 en enfrentamientos con otros ciudadanos, 6 en enfrentamientos con fuerzas del orden, 5 en medio de una protesta y 1 por disparo de bala no determinado) entre el 18 de octubre de 2019 y parte de marzo de 2020.

El voto consistía en aprobar o rechazar una nueva Ley de Leyes para reemplazar la de 1980 redactada en plena dictadura de Augusto Pinochet. Lo que muchos no saben, y diría la gran mayoría, es que durante la democracia chilena se hicieron más de 200 modificaciones, a tal punto que ya no existía en la de 1980 la firma del dictador. Las últimas modificaciones las firmó el entonces presidente socialista Ricardo Lagos y su ministro Francisco Vidal.

También, ese mismo día había una segunda consulta que tenía dos posibilidades, Una, donde el ciudadano tenía que definir de qué manera, si a través de una Asamblea Constituyente, para la cual se elegirían 155 convencionales que deben ser votados por la ciudadanía el 11 de abril de 2021 y donde ningún género puede tener más del 50% y dejando un cupo del 10% para los pueblos originarios.

La otra alternativa planteaba una Comisión Mixta integrada por 50% de parlamentarios y 50% de ciudadanos electos. En este caso serían 172 los integrantes elegidos, de igual modo 50% para cada género y algunos cupos para los representantes de los pueblos originarios.

El resultado electoral del 25 de octubre pasado, determinó que se apruebe reformar la actual constitución vigente por el 78% contra la negativa del 22%.

En cuanto a la segunda votación, ese mismo día, se impuso la primera opción, o sea la asamblea constitucional por 80% a 20%.

En ambos casos, la decisión popular fue categórica y como ya dijimos, la ciudadanía volverá a las urnas el 11 de abril del año que viene.

Quienes sean elegidos tendrán que debatir, aprobar o no los siguientes temas: cambiar un estado subsidiario a solidario; Estado unitario, pero descentralizado y proactivo (¿?); Ejecutivo con sistema semipresidencial; Legislativo Unicameral con 180 miembros por 5 años y una sola reelección; Derecho al agua como un derecho fundamental de la vida. Es decir que sea un bien nacional de uso público y su administración debe ser estatizada. No privada; igualdad de género, mejorar la educación pública y que sea obligatoria; como también resolver el sistema de salud (isapres) y las pensiones (AFP).

¿Cuándo entraría en vigencia la nueva constitución? Dentro de dos años. Las graves protestas ya cumplieron 1 año, más 2 son 3 años.

¡Demasiado tiempo! Para los chilenos más necesitados que no son pocos…

(*) Especial para ANALISIS