Por María Angélica Pivas (*)

Cada 12 de junio, desde 2002, a instancias de la Organización internacional del Trabajo (OIT)  se instituye este Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Su lema para este año es: “Protección social universal para poner fin al trabajo infantil”. De tal modo, Naciones Unidas, de la que Argentina es miembro originario, a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), llama la atención sobre un problema y advierte que el mismo está sin resolver tal la explotación laboral infantil. Es más, previene que hoy día 152 millones son víctimas del trabajo infantil y casi la mitad, 73 millones, está en situación de trabajo infantil peligroso.

A ello le podríamos agregar que, la propia OIT junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), advierten que el número de niños en situación de trabajo infantil podría aumentar de 160 millones, tal la estadística que data del 2020 a 168,9 millones a finales de 2022.

Lo expuesto, nos convoca a un interrogante y es si la OIT no se está interpelando a sí misma, o mejor aún a una de sus partes ya que, tratándose de una organización tripartita (gobierno de los Estados miembros, empresarios y trabajadores) desde su portal afirma que la lucha contra el trabajo infantil se encuentra en una encrucijada y bajo el lema citado, en boca de su Director General Guy Ryder, señala que las decisiones que tomen los gobiernos ahora harán o arruinarán la vida de millones de niños. Agregando que la protección social es una de las medidas más poderosas para prevenir el trabajo infantil, proporcionando a las familias seguridad de ingresos en tiempos difíciles. En otras palabras, pide una mayor inversión en sistemas y planes para establecer pisos de protección social sólidos y proteger a los niños del trabajo infantil. Con lo que podríamos acordar o no. Pero lo que no podemos dejar de observar es, que a su plan de lucha contra el trabajo infantil, lo pone solo en cabeza de los gobiernos dejando fuera de la propuesta a las otras dos patas del trípode: los trabajadores (y sus sindicatos) y a los empresarios.

Peligrosa escisión, porque más que ante un desafío podríamos estar de cara a lo que últimamente estamos mal acostumbrados: un relato.

Yendo al tema propuesto al inicio, queremos, en este marco conmemorativo,  realizar una mirada crítica a lo definido por la OIT como “las peores formas de trabajo infantil” en su Convenio 182 de 1999, aprobado por Argentina por ley 25.255 –sin reserva alguna- en el año 2001. Las peores formas como trabajo infantil refieren a la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas.

Queremos llamar la atención aquí que, sin hesitar, el uso, aún adjetivado como las peores formas de trabajo sexual infantil en prostitución o trabajador sexual infantil en pornografía debe ser suprimido, con la misma fuerza con la que se pregona la eliminación del trabajo infantil. Estamos en presencia de una peligrosa forma de comunicar, contraria a las orientaciones terminológicas que procuran la protección de los menores contra la explotación y el abuso sexual. Se está admitiendo, aún por antítesis: niña, niño, adolescente prostituta o prostituto, o niña, niño, adolescente pornógrafa o pornógrafo utilizados en un trabajo, en sus peores formas, pero trabajo al fin.

Contraproducente metamensaje adoptado y replicado internacionalmente, cobrando así peso en el orden jurídico interno de los Estados partes de la Organización Internacional del Trabajo. Máxime si los términos trabajo sexual,  trabajadora o trabajador sexual se emplea con frecuencia para adultos, como una ocupación legítima que, desde ya, como abolicionistas no compartimos. Dicho al paso, Argentina es un Estado que adoptó el régimen abolicionista.

Creemos que el término “trabajo sexual” no es neutro. En palabras de Cecilia Lipszyc, el lenguaje y su uso -muy estudiado por el feminismo, que niega la supuesta neutralidad del lenguaje-, es uno de los más formidables formadores del pensamiento y la conciencia, es el estructurador básico de nuestras categorías de pensamiento y, por lo tanto, es un excepcional mecanismo de producción y reproducción simbólica e ideológica. Las palabras que decimos no son inocentes, tienen detrás propuestas, no solo jurídicas sino sobre todo políticas, de política sexual.

La pregunta se impone: ¿cuál es el propósito de identificarlo como la peor forma?, porque sin quitar que es trabajo, al fin quedará la idea del empleo de una persona en una actividad, la peor forma de todas las formas, pero, remunerada. Tal si fuera un proceso de germinación de la idea de la prostitución o la pornografía como trabajo. Y, lo que es peor, un proceso que dará sus frutos cuando deje de ser menor, y ya adulto a los 18 años, caído el velo protector, las peores formas de trabajo se releven, se muestren como trabajo y, con pretensiones de legitimación.

Con lo antes expuesto, ya estamos adelantando nuestra preocupación y es, el riesgo de captación que correrán ante las peores formas de trabajo cuando el niño, la niña, el adolescente, como ya afirmáramos, dejen de serlo, el día después de sus dieciocho años.

Proponemos, además de eliminar la denominación propuesta por la Convención 182, como apuntamos no por una mera cuestión gramatical, sino porque se trata de actividades de objeto ilícito, que suponen conductas delictivas y que, en todos los casos, tienen como víctimas a niñas, niños, adolescentes. Y, fundamentalmente, por el respeto inclaudicable, insustituible e insoslayable de su dignidad como personas.

(*) Docente. Titular Cátedra Derechos Humanos Universidad C. del Uruguay (UCU)