Entre la soberanía y la extranjerización

Imagen de archivo de las Salinas Grandes en Jujuy.

Imagen de archivo de las Salinas Grandes en Jujuy.

Por Gustavo Sarmiento (*)

 

El tercer elemento de la tabla periódica fue identificado por primera vez en Suecia por Johan August Arfwedson en 1817. Pasó poco más de un siglo cuando, en la Argentina, el químico y geólogo Luciano Catalano llamó la atención sobre la presencia del litio en los salares puneños. El primer proyecto firme comenzó en el Salar del Hombre Muerto a comienzos de los 90. Ese material poco explorado dio un salto vertiginoso: en 2022, el país produjo 33 mil toneladas, tres mil más que en 2017. En el primer trimestre de este año su exportación fue récord: 233 millones de dólares. Es el producto exportado de mayor crecimiento en términos porcentuales. Pero hay un detalle: casi la totalidad se la llevan afuera como materia prima la empresa australiana Allkem y la estadounidense Livent, que pocos meses atrás anunciaron su fusión. En un contexto mundial necesitado de alimentos y energía, el devenir de los recursos naturales estratégicos en uno de los países con mayor potencial del planeta en ambas áreas enfrenta esta dualidad de soberanía y extranjerización. Y está lejos de dirimirse.

Aquí el oro no es solo dorado. El que está de moda es el blanco. En su trabajo “Historia del litio en la Puna”, Ricardo Alonso (Universidad Nacional de Salta-Conicet) cuenta que el litio “es un metal alcalino, plateado y blando que se puede cortar con un cuchillo. Es tan ligero que pesa la mitad del agua y flota sobre gasolina. Tiene la densidad de la madera de pino. Es por cierto el metal menos denso de todos y es muy reactivo”.

Hoy hay tres grandes yacimientos, dos en Jujuy y uno en Catamarca, explotados por las firmas extranjeras. Pero ya existen otras 38 iniciativas en proceso. Con la reforma constitucional de 1994, son las provincias las que deciden sobre sus recursos naturales. En el litio es un problema, porque no hay una política unificada nacional. Mientras jurisdicciones como La Rioja lo declararon “recurso natural estratégico” y de “interés público”, suspendiendo permisos de exploración a privadas, otras como Jujuy apuntan a tener una empresa provincial (en su caso, Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) que hace alianzas con extranjeras en un rol minoritario –8,5 por ciento de participación– a través de la exportación del carbonato de litio con el que luego fabrican afuera las baterías. En el medio están las comunidades.

En Jujuy, el gobierno de Gerardo Morales aprobó una reforma exprés de la Constitución provincial que permite quitarles tierras para extraer el mineral y prohíbe cortes de ruta, avalando la represión en nombre de la “paz social”. A pesar de la persecución y el estado de excepción que rige hoy la provincia, se mantienen unos diez cortes de rutas.

Purmamarca es la madre de todos los cortes. Ahí, en la ruta 9 y la 22, ocurrió el primer ataque policial. Y ahí está Ismael, estudiante de Chalala. Integra el Tercer Malón de la Paz, en la provincia con el mayor porcentaje de comunidades originarias del país: “Vamos a seguir resistiendo. Morales hizo la reforma sin consultar a las comunidades. Todo lo que está pasando en la provincia es por el litio”.

 

Litio y soberanía

 

“La extranjerización en el litio es casi total. Todos los salares de la Puna argentina se encuentran pedimentados. Los capitales son de Estados Unidos y Canadá, Australia, China, Corea y Francia. Luego tenés a los fondos de inversiones. Corporaciones como BYD y Tesla también componen acciones en los proyectos extractivos”. Quien lo dice es Melisa Argento, doctora en Ciencias Sociales (UBA-UNR-Conicet-IEALC).

¿Cómo se puede construir soberanía con el litio? Responde la investigadora: “Todo depende de cómo consideremos la soberanía. Porque puede haber un Estado soberano que controle el recurso y sea igualmente extractivista, con lo cual no estaría de acuerdo. Para mí la soberanía comprende el respeto a los territorios y la autodeterminación, la implementación de la consulta previa libre e informada, una moratoria sobre los proyectos extranjerizados y un control del Estado para cuidar la naturaleza. Reducir los impactos socioambientales, estudiar el comportamiento integral de las cuencas para no alterar los ecosistemas ni destruirlos”. Martina Gamba, investigadora del Conicet, del Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica (Cetmic) de la Universidad de La Plata, cita a Laura Richardson, del Comando Sur de EE.UU., y al informe para la Secretaría de Estado de su país, “donde decía claramente que el mercado más beneficioso para invertir en litio era la Argentina, por ser el más desregulado del mundo. Aquí se considera como un recurso ordinario. Y a diferencia de Chile, donde el Estado nacional genera los contratos con las empresas, aquí las exigencias son casi nulas. Se les deducen un montón de impuestos para fomentar la actividad. La Ley de Inversiones Mineras pone un tope del 3 por ciento a las regalías –que es lo que dejan en las provincias– de lo que las propias empresas declaran en boca de mina. En Chile las regalías son del 40 por ciento”.

El 60 por ciento del litio del mundo se reparte entre Chile, Bolivia y la Argentina. Nuestro país es el segundo con más recursos netos, detrás de Bolivia, y el cuarto productor mundial (aunque se espera que escale muy pronto), detrás de Australia, Chile y China. Sin embargo, hoy existen solo dos proyectos firmes de producción de baterías de ion litio en nuestro territorio.

El primero se inaugurará en septiembre en la capital bonaerense. Se llama UniLiB. Es encarado por la Universidad Nacional de La Plata e Y-TEC, la empresa tecnológica conformada por YPF y el Conicet. La planta llegará a producir 15 megawatts, que alcanzaría a cubrir dos mil viviendas o cuatrocientos vehículos eléctricos. A ella se le agregará el año que viene la planta de Santiago del Estero, impulsada por el gobierno provincial, que quintuplicará a la de La Plata.

“Es un tema de decisión política. Los países que más progresan son los que agregan valor. Europa no tiene litio y sin embargo está construyendo gigafactories para producir baterías. Industrializarlo acá es trabajo, riqueza y soberanía. Si no, estaremos siempre destinados a exportar carbonato de litio a un precio y comprar las baterías hasta diez veces más caras”, enfatiza Roberto Salvarezza, titular de Y-TEC.

El sector de vehículos eléctricos empieza a ser una realidad. La automotriz china BYD anunció que los producirá en la planta de Ford en Bahía, Brasil. Y en Chile fabricará el material catódico de la batería, que es clave porque representa el 30 por ciento del costo del coche. “El vehículo eléctrico va a entrar en el Mercosur, y ahí la Argentina debería posicionarse –acota Salvarezza–. Brasil no tiene litio, y Chile carece de una industria automotriz afianzada en su territorio. Nosotros reunimos ambos factores”.

 

El boom minero

 

Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), remarca que las explotaciones del boom minero “cuentan con enormes problemas desde el punto de vista institucional y legal, primero porque no existe un marco legal adecuado para que se lleven adelante, y, por otra parte, tampoco existe un sistema institucional que permita un control sobre las actividades que se realizan”.

En lo ambiental hay grandes desafíos –explica Salvarezza–, como poder disminuir la cantidad de agua que se gasta en procesos productivos. El método evaporístico consume mucha agua; hay propuestas de extracción directa, está a escala piloto. Hay que poner mucho énfasis en estudiar cuál es la mejor tecnología. Ahí también trabaja Y-TEC”. En agosto YPF comenzará a explotar el Salar de Fiambalá: 20.000 hectáreas en Catamarca. “Como sucedió con el petróleo –anticipa–, YPF sin licencia social no va a entrar a ningún territorio. Siempre es con las comunidades”.

Ignacio Sabbatella es investigador adjunto del Conicet con sede en el área de Relaciones Internacionales de Flacso, especialista en recursos estratégicos y transición energética. En ese rubro, sostiene, la Argentina tiene un potencial enorme: “De qué manera el país aprovecha para generar cadenas de valor y que no sea solo una mera exportación de recursos primarios estará vinculado a la participación pública de empresas y al desarrollo científico tecnológico junto al sector privado”.

¿Por qué con el petróleo no ocurren los vaivenes entre las provincias y la Nación como con el litio? Contesta Sabbatella: “Por la existencia de YPF. Cuando se recuperó el control estatal en 2012, la Nación involucró a las provincias productoras de hidrocarburos, que tienen el 51 por ciento de las acciones. YPF no es un monopolio sino la líder de un mercado con actores privados internacionales. Pero no existe una YPF minera. Ahora se creó YPF Litio, aunque llegó tarde a un mercado bastante repartido”.

En la última década la minería está en ascenso, con un lado B. En San Juan la Justicia sigue investigando a la canadiense Barrick Gold por el derrame de cianuro en el río Potrerillos que se produjo desde la mina Veladero hace más de seis años.

El cobre es la base de la economía chilena. La Argentina comenzó a producirlo a gran escala en 1997 con la mina Bajo la Alumbrera, Catamarca. En 2018 dejó de estar operativa y desde entonces no se explotó cobre en la Argentina. Hasta este año, que avanzaron ocho proyectos en San Juan, Salta, Mendoza y Catamarca.

En la Meseta Central de Chubut afirman tener el segundo yacimiento más grande del mundo. Ya busca explotarlo Pan American Silver. Pero no la tienen fácil. En 2020 la fuerte presión social logró derogar el proyecto de rezonificación. Chubut es la provincia con la historia antiminera más fuerte del país: en 2003 Es quel llevó a cabo una histórica consulta popular que determinó la posterior prohibición de la actividad.

 

Petróleo y gas

 

Vaca Muerta es el segundo mayor yacimiento de gas no convencional del mundo y el cuarto de petróleo no convencional. En junio tuvo récord de producción de shale gas: 11 por ciento más que el mes anterior. Hace diez años casi no existía en el mapa. La puerta de acceso fue la nacionalización de YPF (votada en contra por el bloque que hoy conforma JxC) y la posterior firma del acuerdo con Chevron.

En 1994, la empresa nacional tenía 101 pozos de exploración. En 1999, ya siendo Repsol, solo poseía diez. Así se mantuvo hasta 2011, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ante una balanza que después de décadas daba negativa, decidió nacionalizarla. Y puso la mirada sobre el yacimiento al pie de la cordillera. Durante el macrismo, YPF bajó de 168 pozos en Vaca Muerta a solo 34. Actualmente hay 31 firmas en esa zona con epicentro en Neuquén, que cuenta con reservas por más de 120 años, a un valor estimado de un billón de dólares.

La paradoja es que en Añelo, la ciudad núcleo de la formación, gran parte de la gente no tiene gas de red. Hay escasez de agua y en toda esa zona aumentó el registro sísmico por el fracking: “Desde 2015 hasta la actualidad ya hemos contabilizado 418 sismos inducidos”, asegura Javier Grosso, geógrafo de la Universidad del Comahue.

De los 503.000 barriles de petróleo por día que produce YPF, el 50 por ciento proviene de Vaca Muerta. Los cálculos oficiales auguran que en menos de una década el yacimiento duplicará las divisas que hoy genera el agro. En mayo, el 58 por ciento de las exportaciones comprendieron manufacturas de origen agropecuario y productos primarios.

En el último tiempo creció la modalidad petrolera offshore. Hay un proyecto gasífero de Total en la costa fueguina, pero el principal foco se ubica a 300 kilómetros de Mar del Plata, donde el consorcio de empresas que conforman la noruega Equinor, YPF y Shell penetrará al menos 1.700 metros de profundidad en busca de petróleo. Durante las audiencias públicas, Andrea Michelson, coordinadora del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, advirtió que el mundo atraviesa una “profunda crisis de pérdida de biodiversidad; las consecuencias del cambio climático global son alarmantes, pero a pesar de la gravedad de ese contexto, el proyecto de adquisición sísmica offshore en la Cuenca Argentina Norte no se adecua al principio de precaución ni evalúa los impactos sinérgicos y acumulativos”.

Pero no todo es producir. También es transportar. Ahí el Gasoducto Néstor Kirchner se erige como una de las principales obras públicas de la democracia. Hecha en diez meses, abarca más de 500 kilómetros en su primera etapa, desde Tratayén (Neuquén) hasta Salliqueló (Buenos Aires). Permitirá ahorrar mil millones de dólares en el segundo semestre de 2023, y con el segundo tramo hasta San Jerónimo se ahorrarán más de 4 mil millones de dólares por año, equivalente al 9 por ciento del préstamo del FMI.

Julia Strada, directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y del Banco Nación, enfatiza que el gasoducto (al que luego le seguirá el del Noreste, también frenado durante la gestión de Macri) “puede cambiar la matriz exportadora de la Argentina y llevar gas a Bolivia y Brasil”.

“Somos un país que produce lo que el mundo requiere –agrega–. Gas, litio, alimentos. Pero necesitamos que los grupos económicos locales se conviertan en actores de desarrollo; muchas veces son los extranjeros los que lo resuelven, a un precio mucho más caro. Te piden remesas de utilidades, acceso al mercado único libre de cambios… Eso significa ceder soberanía”.

Desde el Gobierno destacan que el gas es un elemento clave para la transición energética en todo el mundo. Alemania, por caso, tiene aún un 20 por ciento de su matriz basada en carbón y necesita energía accesible para no entrar en un proceso de desindustrialización tras la guerra en Ucrania. Aumentar la producción de gas permite reemplazar al combustible fósil, bajar la emisión de gases de efecto invernadero y sustituir importaciones. “Mayor seguridad y soberanía energética –define Salvarezza–. También nos permite recursos para industrialización, como el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, que utiliza muchos componentes del gas, por ejemplo, para los fertilizantes”.

Hoy, en nuestra matriz, el 48 por ciento de la energía proviene del gas y el 36 por ciento del petróleo. Casi el 14 por ciento son energías renovables, hidroeléctricas y nuclear. De acuerdo al Plan Nacional de Transición Energética 2030, para 2025 el número de renovables debería llegar al 20 por ciento, y en 2030, al 30. Sumado a hidroeléctricas, sería el 50 por ciento; el otro 50, casi todo gas, menos contaminante que el petróleo.

En la actualidad, la energía nuclear ocupa entre el 5 y el 7 por ciento. Se suma el proyecto Carem, un pequeño reactor modular, diseñado y fabricado exclusivamente en el país. “Si la Argentina logra desarrollarlo a tiempo, estaría liderando el mercado de pequeños reactores, que promete ser muy estratégico a nivel mundial, compitiendo con grandes actores como EE.UU., China y Rusia”, dice Sabbatella.

Otro potencial es el del hidrógeno verde, cuya explotación está esperada para fin de la década; y también existe energía de la tierra. Agro de Souza, por ejemplo, es una empresa circular que genera biogás a partir de desechos de feedlot. Así produce electricidad para tres pueblos de la zona de Coronel Suárez.

 

Agua y tierra

 

Tres cuartas partes del mundo están cubiertas de agua, pero solamente el 2,5 por ciento es agua dulce. Su presencia es estratégica. En el noreste argentino hay sectores privados dueños de tierras rurales ubicadas estratégicamente en reservas de agua dulce, como la Fundación Tompkins en Corrientes, donde inscribió su primera firma (The Conservation Land Trust SA) poco antes de las elecciones presidenciales de 1983.

Por el Litoral sobresalen símbolos de la lucha por la soberanía productiva. Uno de ellos, la Hidrovía. Como sostuvo el periodista y escritor Mempo Giardinelli, “el río Paraná es, junto con el canal Magdalena (un enclave fundamental para conectar el litoral fluvial y marítimo), el mejor recurso de liberación de deuda que tiene la Argentina, infelizmente taponado –aludiendo a las posibilidades económicas que permitirían el manejo estatal de su navegación y explotación–. Hoy es un río internacional, ya no lo maneja la Argentina”.

Hay más con el agua. Si bien en la Argentina se come poco pescado (en promedio cada argentino consume 7,2 kilos de pescado al año, frente a los 22,7 kilos de un español), no quiere decir que no haya una extracción pesquera. Un punto neurálgico es el límite de la Zona Económica Exclusiva argentina: la Milla 200. Organizaciones ambientales y sociales sostienen que frente al Golfo de San Jorge, los buques pesqueros –mayoritariamente de China, Corea del Sur y España– forman una gran línea de seiscientos barcos que logran sortear controles marítimos. Un enjambre de luces en la oscuridad nocturna de altamar. La iluminación en las cubiertas provoca que el calamar se sitúe debajo de los buques, facilitando su captura. En la Subsecretaría Nacional de Pesca responden que las embarcaciones se ubican desde la milla 201 en adelante: “Por lo tanto, se encuentran en aguas libres, internacionales”.

A través de la tierra se escribió a sangre y fuego nuestra historia como Estado nación. Un informe elaborado en 2021 por el Instituto de Estudios y Formación (CTA), en base al Registro Nacional de Tierras Rurales, revela que el 40 por ciento del territorio argentino está en manos de 1.200 terratenientes. Son 65 millones de hectáreas. De ellas, casi 12 millones las tienen extranjeros, y 1.877.885 pertenecen a empresas radicadas en paraísos fiscales. Según la normativa, las tierras en manos foráneas no pueden superar el 15 por ciento a nivel nacional, provincial y departamental. Y personas de un mismo país no deben poseer más del 4,5 por ciento en cada jurisdicción. “Hoy hay cincuenta distritos en offside, que superan los límites que impone la ley”, señala el informe.

Mientras, se extiende la frontera agrícola. Los negocios ya no son solo en la Pampa húmeda. El Gran Chaco perdió en 15 años una cuarta parte de su bosque por desmonte. Acto seguido: los veranos más calurosos de la historia.

En los 90 los Benetton, el financista húngaro-estadounidense George Soros y la petrolera angloholandesa Shell se metieron en el mundo agrícola y forestal. También creció Joe Lewis en la Patagonia acaparando lagos públicos. En el sur se sumaron el Grupo Heilongjiang Beidahuang (China), Somuncurá Patagonia SA (Francia), Rabino Elimeir Libersohn (EE.UU.) y Ted Turner (EE.UU.), entre otros.

Salta (11,5 por ciento), Misiones (11 por ciento), San Juan (10,4 por ciento), Corrientes (9,2 por ciento) y Mendoza (8,7 por ciento) son las provincias con más extranjerización. Ahora transitamos la época de los emires y magnates árabes y qataríes.

En la base hay otras alternativas. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) organiza a más de 22 mil familias productoras de alimentos, nucleadas en veinte provincias del país. Agustín San Vicente, de la UTT, cuenta que están impulsando el proyecto de ley de acceso a tierra: “Una especie de Procrear pero rural, pensado para que esa familia que arrienda dos o tres hectáreas pueda comprarlas y pagarlas a veinte años. Es un planteo realizable, pero bueno… Nunca se concretó”.

 

(*) Esta columna de Opinión fue extraída del portal de Caras y Caretas.

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