Por Colectivo de Trabajadores por la Ventana (*)

La lucha por los derechos de los y las trabajadoras no tiene fronteras, motivo por el cual traemos un aporte solidario y fraternal sobre el sistema jubilatorio y pensionario en Uruguay.  Agradecemos la generosidad de Adolfo Bertoni, ex presidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) para conocer y entender cómo son los sistemas en otros países, y qué luchas se van sosteniendo. Encontraremos aquí el sistema sostenido por los distintos gobiernos uruguayos, las resistencias de los y las trabajadoras, y lo que puede pasar con la asunción en la Presidencia de Yamandú Orsi (Frente Amplio).

Los avances de la privatización

Estructura institucional

Los organismos administradores son seis: el Banco de Previsión Social (BPS) –principal gestor, absolutamente estatal, que atiende todas las contingencias de la seguridad social (jubilaciones, pensiones de sobrevivencia y a la vejez y por invalidez, seguro de paro o desempleo, asignaciones familiares, prestaciones de salud materno infantil, vivienda para jubilados y pensionistas, etcétera)– y las llamadas “Cajas” Paraestatales (bancaria, notarial, de profesionales universitarios, militar y policial).

Todos ellos se rigen por el Régimen de Reparto y Solidaridad Intergeneracional en el que los actuales trabajadores y trabajadoras aportan un 15% de la totalidad de sus sueldos, para el pago de los actuales jubilados y pensionistas, y las futuras generaciones aportarán para el pago de las pasividades de quienes hoy están en actividad. Contraviniendo la tendencia internacional, el aporte patronal equivale a la mitad del de los trabajadores y trabajadoras (el 7,5%), y en el caso de la actividad rural se ubica por debajo del 3%.

El BPS (que atiende a más del 90%: trabajadoras y trabajadores públicos o privados de la industria y el comercio, del servicio doméstico y de la actividad rural, dependientes o independientes “autónomos”) tiene la particularidad de ser regido por mandato constitucional por un directorio de 7 miembros; cuatro designados por el poder político, y tres electos mediante una elección nacional por voto secreto: uno por los trabajadores y trabajadoras en actividad, uno por los jubilados y pensionistas, y uno por los empresarios contribuyentes.

La causal jubilatoria por la legislación vigente hasta 2023 se configuraba con 60 años de edad y 30 de servicios y por la “reforma” aprobada el año pasado se irá aumentando progresivamente la edad hasta llegar a los 65 (luego podrá seguir elevándose conforme a la evolución de la expectativa de vida).

El sistema “mixto” jubilatorio y pensionario

Fue aprobado en 1995 bajo la Presidencia de la República de Julio María Sanguinetti, con los votos de su Partido Colorado, el apoyo del Partido Nacional (Blanco) y del entonces Nuevo Espacio, teniendo el voto contrario del Frente Amplio. Con vigencia desde el 1° de abril de 1996, quienes ganan hasta unos 120 mil pesos uruguayos (aproximadamente 3000 dólares) aportan al BPS ⁽¹⁾, y desde ese monto hasta 256.000 aportan a una Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). De 256.000 para arriba aportan si quieren (y si no se quedan con la plata en su bolsillo: en esta franja de ingresos se ubican unas 30.000 personas).

Como se ve, junto con el lucro se le puso precio a la solidaridad: el correspondiente al tope de ingresos por el que se aporte al BPS.

Todas las AFAP están regidas por el derecho privado, reitero con fines de lucro, una de las cuales (AFAP República) es propiedad del Banco de la República Oriental del Uruguay, el Banco de Seguros del Estado, y el propio BPS. Al funcionar bajo un régimen de “libre competencia” las AFAP cobran una comisión por la “administración” de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras (además de cobrarse una prima por seguro de muerte o invalidez).

Su método es el de la Capitalización Individual y todas ellas cobran una comisión que equivale casi al 20% de los aportes efectuados por los trabajadores/as mes a mes. El BPS gratuitamente recauda los aportes, luego vierte a las AFAP su parte correspondiente, estas se cobran inmediatamente su tajada y se cobra así mismo la prima de seguro (el resto lo vuelcan al Fondo de Ahorro Previsional, invirtiéndose en préstamos al propio Estado, en actividades privadas que van desde la forestación hasta barrios privados, e incluso en el exterior del país).

Por dichas inversiones se recibe una rentabilidad (que puede llegar a ser negativa). Al momento de jubilarse, el monto acumulado se divide entre la cantidad de años (meses) de expectativa de vida según tablas estadísticas (¡que llegan a los 100 años de edad!), estableciéndose así el monto mensual de la Renta Vitalicia que termina pagando la Aseguradora (el Banco de Seguros del Estado) –previa aplicación de un “interés técnico” que fija el Banco Central.

Tanto la jubilación generada por el BPS como la renta vitalicia luego, por mandato constitucional emanado de un plebiscito realizado en octubre de 1989, se ajustan por el Índice Medio de Salarios de los trabajadores en actividad (al igual que todas las pasividades de las otras Cajas).

Modificaciones de la “reforma” del 2023

Por la ley 20.130 votada el año pasado por la Coalición gobernante (y el voto contrario del Frente Amplio a la mayoría de los artículos), además de aumentar la edad mínima para poder jubilarse y rebajar los montos a cobrar de jubilación o pensión (se trabajarán 5 años más, pero se cobrará entonces un 10% menos) y otros recortes como el de las pensiones a las viudas jóvenes, entre otros, se decidió promover aún más el Régimen de AFAP y fortalecerlo.

Esto se hizo de dos maneras: primero haciendo obligatorio el Sistema Mixto para todos los nuevos trabajadores y trabajadoras que han ingresado e ingresan al mercado de trabajo, y en segundo lugar extendiendo la existencia de las AFAP también en las otras “Cajas” Paraestatales. Por este nuevo régimen el aporte del 15% del sueldo se divide de la siguiente manera: un 10% para el BPS (o la Caja correspondiente), y un 5% para la AFAP.

La extensión de la privatización en las otras Cajas (por 30 años con opción a 10 más) se paga muy injustamente por el conjunto del pueblo a través de Rentas Generales, quien se hará cargo del 5% con destino a las AFAP durante ese período de tiempo, con un costo aproximado de unos 5.432 millones de dólares. (El 5% efectivamente aportado por los afiliados a dichas Cajas se destinará a solventar las dificultades financieras de estas instituciones, muy importantes).

Balance y plebiscito de octubre 2024

Ante la aprobación de la ley en mayo del 2023, el sindicato de trabajadoras y trabajadores del BPS (ATSS) promovió y logró el apoyo de la mayoría de la Central sindical única (PIT-CNT), para promover una Reforma Constitucional que se plebiscitó junto con las elecciones nacionales el 27/10, y que contó con el apoyo de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).

La iniciativa acordada en el movimiento sindical recibió el apoyo de la mayoría de la Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República, de organizaciones feministas y de la diversidad sexual, y contó entre sus promotores con algunos sectores del FA (Partidos Comunista y Socialista, Casa Grande, Partido por la Victoria del Pueblo), y por fuera de él, de la Unidad Popular (UP), el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), y el recién formado Identidad Soberana.

Por este camino se intentó colocar en la Constitución de la República tres puntos considerados cautelares y fundamentales: 1) el aumento a 310 mil jubilados, pensionistas, pensionistas a la vejez e invalidez que ganan menos de un Salario Mínimo Nacional –unos 500 dólares; 2) el regreso a los 60 años de edad para configurar la causal jubilatoria, y 3) la eliminación de las AFAP (transfiriendo los 24 mil millones de dólares que hoy están acumulados en el Fondo de Ahorro Previsional a un Fideicomiso a realizarse entre el BPS y una persona pública para su administración hasta el vencimiento de las inversiones: posteriormente el dinero volvería a las arcas del BPS). De haber triunfado, la totalidad de los trabajadores y trabajadoras hubieran quedado comprendidos exclusivamente por los distintos regímenes de Reparto y Solidaridad Intergeneracional, recibiendo en más de un 90% de los casos una pasividad mayor que la suma de las actuales jubilación y renta vitalicia.

En los hechos, desde octubre del año pasado y hasta las elecciones nacionales, el tema número uno del país fue la posibilidad de que el movimiento popular alcanzara sus objetivos. En contra de los mismos se levantó un muro absolutamente poderoso: el capital financiero nacional e internacional en primer lugar, obviamente los dueños de las AFAP; la totalidad de los partidos de la Coalición hasta ahora gobernante; la mayoría de los sectores del Frente Amplio, incluyendo su candidato a Presidente ⁽²⁾; todos los “Centros de Estudios” o think thank del país –de derecha a izquierda–; el sindicato de los bancarios (AEBU); una parte importante de la dirigencia de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU, otrora poderosa y últimamente debilitada); casi la totalidad de los medios de comunicación y la mayoría de sus “objetivos” periodistas, y todos los Organismos Internacionales.

La iniciativa popular se promovió mediante la recolección de unas 430 mil firmas, pero no alcanzó luego el 50% más uno de los votos requeridos para su aprobación. No obstante, se llegó al 39,6% (casi un millón de ciudadanos y ciudadanas). A partir de esta realidad, el movimiento generado ya significa un importante fortalecimiento de los distintos actores participantes desde el plano social que en la misma noche del 27/10 manifestaron por boca del presidente del PIT-CNT que “aquí de rodillas nadie”, adelantando claramente una postura de lucha por los mismos objetivos por otros medios siempre democráticos, cualquiera sea el gobierno que resulte del balotaje.

¿Qué se puede esperar?

Orsi ya anunció que se promoverá “un gran diálogo social”, adelantando que se plantearía el regreso a los 60 años de edad para jubilarse, y además buscará estímulos para la continuidad laboral para quienes lo deseen, sin explicitar muy bien en qué condiciones, pero también que las AFAP continuarán y, en principio, solamente se buscaría reducir sus ganancias por comisiones.

En cualquier caso, solamente la unidad y movilización serán los escudos con los que contará el pueblo uruguayo para poder recuperar beneficios muy importantes que se han perdido. Aunque el Poder se abroquele detrás de las AFAP no somos pocos los que pensamos que, más tarde o más temprano, en el mediano plazo pueden tener los días contados.

Notas:

⁽¹⁾ Los trabajadores y trabajadoras de esta franja de ingresos NO estaban obligados a afiliarse a una AFAP, pero podían optar por hacerlo y, por el artículo 8 de la Ley 16.713, podían aportar por la mitad de sus ingresos al BPS y por la otra mitad a la AFAP. La opción por este artículo favorable a la inclusión de la mayor cantidad de afiliados y afiliadas al régimen de AFAP, se estimula “aumentando” el monto a cobrar por el régimen del BPS. Es decir: sobre el lomo del Estado se cargó el costo con el objetivo claro de consolidar la privatización.

⁽²⁾ A pesar de estas posturas contrarias de los “dirigentes” entre los que se destacó el ex Presidente José “Pepe” Mujica”, igualmente el 70% de los y las frenteamplistas acompañaron con su voto por el Sí a la Reforma Constitucional. ¿Quién desde el sistema político tendrá en cuenta y defenderá a quienes expresaron democráticamente ese descontento?

 (*) Colectivo de trabajadores docentes nucleada en la Multicolor de AGMER