Por Colectivo de Trabajadores por la Ventana (*)

Esta presentación está inspirada en reivindicar la figura de Eugenio Semino, de la defensoría de la tercera edad de Buenos Aires. Hace ya tres años que viene sosteniendo que el sector de jubilados y pensionados está inmerso en una “crisis humanitaria”. A la violencia económica de los magros ingresos hay que sumarle la miserable violencia institucional de las autoridades nacionales llámese Anses o Pami. Denuncia que cuando “festejan el superávit fiscal los jubilados lo pagan con la vida”.

Las políticas de maltrato y ensañamiento llevan a preguntarnos: ¿La salud de las personas es del ámbito privado o es un bien público?

Toda inversión social en calidad de vida es considerada, por los gobiernos, un gasto, lo importante para los tecnócratas es que cierren los números. Esos oscuros intereses contables los podemos llamar propios, particulares, partidarios, clasistas, para corrupción y el soborno o para cumplir con la deuda externa con los organismos de crédito internacional, etc. La corporación política, con honrosas excepciones, está atravesada transversalmente por la descomposición y la corrupción. Mientras vemos azorados tanta obscenidad del arriba más grande es la brecha de la desigualdad por abajo.

El estado ha entrado en la barbarie quebrando las reglas y conductas morales por las cuales todas las sociedades regulan las relaciones entre sus miembros. Bajo estas circunstancias de desintegración política y social se van desmantelando las defensas contra la crueldad de la barbarie, y vamos naturalizando y/o acostumbrando a lo inhumano. Hemos aprendido a tolerar lo intolerable. Hay una privatización de la sociedad, mucha gente ha dejado de interesarse en los asuntos públicos. Desespera vivir en una sociedad sin proyectos colectivos, sin memoria, que solo mira el presente. Al mismo tiempo que se abandona todo proyecto de porvenir también hay una pérdida de la memoria del pasado.

Los que plantamos bandera con la defensa de los derechos humanos de todos seguimos denunciando tanta vergüenza y deshonor reivindicando un sector tan vapuleado como es el de jubilados y pensionados marginado en la esfera pública. En ese sentido estamos abocados a construir una agenda de abordaje multidisciplinario para focalizar en el sector, importante en número, en entrega al país, y que valore la experiencia y el saber acumulado.

El Estado tiene la responsabilidad constitucional indelegable de garantizar una vida digna como lo dicen todos los acuerdos de naciones unidas, tratados internacionales de derechos humanos y la OIT. El estado argentino tiene bajo tutela a toda la sociedad y en especial a la niñez y los adultos mayores. No podemos admitir ninguna dilación más con los escandalosos números de pobreza en la que está inmersa la niñez como los haberes de indigencia de los jubilados.

¿Comer o medicarse?

Un ejemplo claro de estado de situación concreto ha sido por estos días las nuevas reglas para acceder a medicación gratuita. Ese cambio en el PAMI desmantela el Plan Vivir Mejor (2020). Elimina la gratuidad de medicamentos para convertirse en un subsidio social. A decir del arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, este cambio significa una “eutanasia encubierta”.

Para acceder al Subsidio Social se requiere:

- No superar ingresos de $389.000, no tener prepaga.

- Para los hogares que tengan convivientes con certificado único de discapacidad (CUD) exigen ingresos mensuales totales menores a tres haberes previsionales mínimos.

- Asistir al médico de cabecera para que le haga la receta de los medicamentos que necesita.

- Solicitar turno a la agencia del PAMI y apersonarse con fotocopia de DNI.

- Elaborar una declaración jurada, ir a la farmacia con receta autorizada y recibo de haberes.

Estas nuevas circunstancias para los jubilados, es claramente para desalentar, para entregar menos medicamentos es para seguir ajustando.

Pasaron jubilados de un grupo/categoría 2 al 3 con el único propósito de que menos personas accedan a descuentos que iban del 50 al 80%. Estadísticamente el jubilado en promedio invierte el 25% de su sueldo en medicamentos teniendo en cuenta que el 65% de los jubilados nacionales cobra la mínima $259.598,76 + el bono congelado de $70.000 = $329.598,76.

Este nivel de indigencia de las jubilaciones en Argentina conduce a optar entre mal comer o medicarse en una clara violación a los derechos humanos previsionales.

(*) Colectivo de trabajadores docentes nucleados en la Agrupación Multicolor de AGMER