Por Guillermo Michel (*)

Cada vez que mencionamos que las políticas públicas del gobierno nacional y provincial tenían consecuencias negativas para la vida diaria de los entrerrianos no era una cuestión antojadiza o con especulación electoral. 

En la vida real las decisiones se pagan. Y eso está ocurriendo con un impacto directo en los fondos coparticipados a nuestra provincia y, consecuentemente, a los municipios.

Si comparamos en valores nominales la evolución de la masa coparticipable a provincias vemos una caída acelerada de los recursos.

La coparticipación a Entre Ríos pasó de $218.171 millones en enero-25 a $203.158 millones en febrero del mismo año. Una caída del -6,9%.
Lo mismo ocurre si se compara febrero-25 con marzo del mismo año. La caída es del -9,7% en términos nominales producto de que solo se giraron en este último mes $183.386 millones.

Esto tiene también un correlato directo en la porción de coparticipación nacional que la provincia destina a municipios. Las caídas fueron de -8,8% y de -13,9% en los mismos períodos.

Si se analiza por impuesto, el impacto más pronunciado responde a la que los importadores pudieron volver a aplicar los certificados de no retención en el IVA. Esto disminuyo la recaudación de IVA-Aduana, un goteo diario que recibía la coparticipación a medida que se percibía el impuesto al momento del despacho de importación.

En la misma dirección recesiva, la recaudación por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos provincial fue por de $50.715 millones en enero, $48.686 millones en febrero y $44.862 millones en marzo. Una caída de -4% en febrero y -7,9% en marzo, ambos respecto del mes anterior.

De la misma manera que señalamos que la apertura de las importaciones afectaría a nuestra industria y a nuestros productores, claramente la caída de la actividad económica empieza a impactar negativamente en la recaudación nacional y provincial.

Esto tiene un correlato directo en el día a día de nuestros municipios, ya que la baja de recursos impacta negativamente en la prestación de servicios esenciales, la ejecución de obras públicas y pone en riesgo el pago de salarios de los empleados municipales.

Además, la política del gobierno nacional –apoyada por los legisladores que responden al gobernador- evidencia una paradoja preocupante: aplica un ajuste severo que contrae la demanda agregada, impacta negativamente en la actividad económica, reduce la recaudación tributaria y, por ende, debilita la coparticipación a provincias y municipios. 

De esta manera, mientras celebra el recorte del gasto público en áreas sensibles como obra pública, salud y asistencia social, les “tira” a los gobiernos municipales la responsabilidad de atender necesidades crecientes con recursos cada vez más escasos. 

Y como si fuera poco, en este escenario de asfixia fiscal y lejos de reconocer esta carga, los gobiernos nacionales y provinciales cuestionan o deslegitiman la aplicación de tasas por parte de los municipios, desconociendo que estas constituyen una herramienta legítima —y muchas veces indispensable— para garantizar el funcionamiento básico del estado local frente a un contexto de abandono.

También, esta caída de recursos nos mostró parte de la vieja política que nos dijeron los “fundadores de la provincia” que venían a erradicar: el uso de la “billetera” de manera discrecional.

En efecto, mediante el Decreto 566/25 de fecha 1 de abril de este año, el Ejecutivo provincial otorgó 100 millones en concepto de Aporte No Reintegrable al municipio de Federal justificado en la “baja de la actividad económica” y en la “disminución de los ingresos de la coparticipación nacional y provincial”.  

Seguramente el Poder Ejecutivo provincial esté preparando la misma asistencia al resto de los municipios de manera proporcional.

(*) Ex director de Aduana.