La abogada integrante de la Red de Organismos de Derechos Humanos, Lucía Tejera, brindó detalles del Informe de las Condiciones de Detención en Comisarías y Alcaidías de Entre Ríos que presentaron este jueves.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Tejera dijo que encontraron “una situación alarmante y preocupante” y aclaró que “el informe no pretende ser denunciativo sino que lo consideramos una herramienta para poner sobre la mesa y generar diálogo con los agentes del Estado que tienen capacidad de intervención, que pueden intervenir para garantizar los derechos humanos que se violan de manera sistemática en estos lugares, porque no solamente se priva de la libertad a las personas detenidas en las departamentales policiales sino que se los priva de un montón de otros derechos”.

“Fue un proyecto de muchísimo trabajo, de coordinación y de articulación con dos Universidades públicas del territorio, con la Facultad de Trabajo Social y el área de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de UADER, lo que nos dio mucho conocimiento a la hora de realizar el trabajo y de la formulación del informe”, resumió.

Puntualizó que “se recorrieron ocho localidades –Villaguay, Colón, San Salvador, Concordia, Victoria, Gualeguaychú, Diamante y Paraná- y en todas las departamentales policiales, comisarías de la mujer y comisarías comunes encontramos la misma situación de inhumanidad e inhabitabilidad. Es decir que las condiciones donde están las personas privadas de la libertad son malas”. 

“En general son edificios del siglo XIX o principios del siglo XX donde hay una zona de acceso al público y oficinas administrativas en buenas condiciones pero a medida que se avanza en los edificios, por ejemplo en la zona donde se alojan funcionarios policiales que no son de la localidad, se encuentra muchísima precariedad, hay hacinamiento, falta de intimidad, etc. y del mismo modo, las celdas de detención son inhabitables, afectan la condición humana, hay peligro para la integridad física, humedad, falta de higiene”, detalló.

“Encontramos mucha improvisación con la que se manejan las Departamentales y eso hace que haya una postergación sostenida en el tiempo en materia de política pública, esto se ve en la cuestión de alimentos, por ejemplo, donde cada Departamental tiene un Presupuesto para las raciones alimenticias del personal policial y de allí deben salir también las raciones para alimentar a las personas privadas de la libertad. Hay un detrimento en la alimentación de  las personas privadas de la libertad que afecta también al personal policial. Son cuestiones estructurales. También se ve en la atención de la salud, porque son muy pocas las Departamentales que tienen un sector de Sanidad donde las personas privadas de la libertad son atendidas; el tema de las visitas y los lugares donde se recibe a los familiares”, describió Tejera.

En ese marco, planteó que “se parte de la idea de que no puede haber personas detenidas en comisarías aunque la realidad en Entre Ríos es que ante el primer momento de detención las personas sospechadas de un delito pasa algunos días en las Departamentales policiales que funcionan como Alcaidías, porque solo en Concordia y Paraná hay edificios de Alcaidía, aunque la de Concordia está ubicada a tres kilómetros del edificio de Tribunales lo que implica traslados, logística, peligro y demás”.  

“Frente a esta realidad vimos una situación de vulneración estructural y sistemática de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y eso se pone de relieve en este informe”, resumió.

La abogada destacó que “constantemente se articuló este proyecto con el Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos, con quienes se viene trabajando en la temática de violencia institucional, en cada lugar que se visitó estuvo presente la defensora o defensor regional, fue un trabajo articulado muy interesante y muy satisfactorio para todos. Eso hizo enriquecer este informe pero también conocer que de las ocho localidades, solo dos cuentan con defensores penales exclusivos que son Paraná y Gualeguaychú, Concordia cuenta con defensores penales y pupilares y el resto cuentan con defensores multifueros lo cual no es un dato menor”.

Comentó que si bien se había notificado del trabajo a realizar al Ministerio de Gobierno, “en el primer lugar que se visitó, que fue la Jefatura de Villaguay, estuvimos cinco horas para poder ingresar luego de varias gestiones que hicieron desde el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y compañeros del equipo con la ministra de Gobierno, Rosario Romero, que se comunicó con el jefe de Policía y demás. Y a partir de ahí en las demás Departamentales se logró ingresar más fácilmente. Pero nunca se avisó con anterioridad ni a qué localidad íbamos ni cuando íbamos”.