Qué hacen los principales imputados en la causa. Cuántos siguen trabajando en el Estado entrerriano, a qué se dedican, qué hicieron y qué hacen luego del caso de corrupción más importante de la democracia.

Es el hecho de corrupción más grave de la democracia en Entre Ríos. Un robo flagrante a las arcas del Estado perpetrado durante, por lo menos, 10 años con un mecanismo de precisión que atraviesa a todos los partidos políticos. Hoy en Cuestión de Fondo, la actualidad de una causa donde las demoras y las maniobras dilatorias vienen ganando por goleada.

La causa se inició en septiembre de 2018, luego de que fortuitamente un policía que se encontraba de guardia detectara que un hombre retiraba dinero de un cajero automático de Paraná con gran cantidad de tarjetas de débito diferentes.  En octubre del mismo año se realizaron los primeros allanamientos a dos estudios contables vinculados a la Legislatura entrerriana.

Esto llevó a descubrir una organización criminal que “se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial, realizando contratos de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado”, según la imputación fiscal. En el período 2008 a 2018 se produjo un perjuicio de $4.961.988.609 calculado a mayo de 2021.

En la Cámara de Senadores las maniobras de sustracción, a través de la suscripción masiva de contratos de obra, se iniciaron en enero de 2008, mientras que la Cámara de Diputados se incorporó a esta mecánica sustractiva el 11 de diciembre de 2011.

Los imputados y sus posibles penas

Son 32 los imputados en la causa: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.

Para el exadministrador del Senado, Gustavo Pérez, los fiscales piden 18 años de prisión.

Para Juan Domingo Orabona, 7 años de cárcel.

Para Jorge Fabián Lázzaro, 5 años.

En el caso del exadministrador de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, fiscalía pide 12 años de prisión.

Para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, 1 6 años.

Para el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, 10 años.

Para Alfredo Bilbao, 12 años de prisión.

Para Roberto Ariel Faure, 9 años.

Para Hugo Mena, 10 años.

Flavia Beckman, esposa de Mensa, 7 años y 6 meses.

Para Esteban Scialocomo, 7 años.

Para Verónica Caíno, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Mena Gioveni, Andrea Noemí Beatriz Demartin, María Victoria Álvarez, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Alejandro Rubén Ferreyra y Jorge Pablo Balladares, 3 años de prisión.

Para Pedro Eduardo Opromolla, 6años de prisión.

Guido Daniel Krapp y Renato Jesús Mansilla, 5 años.

Nicolás Beber, 3 años.

Hernán Javier Díaz, 3 años.

Maximiliano Degani, 3 años.

Marta Aurora Pérez, 3 años.

Mariano Speroni, 2 años.

Diego Pagnoni, 2 años.

Jorge Enriqu De Breuil, 6 años.

Javier Schneider, 3 años y 6 meses.

El derrotero de una causa tan grave como compleja

La investigación de los fiscales Ignacio Arramberry y Patricia Yedro avanzó, no sin dilaciones de las defensas, imputando a 32 personas como partícipes, con distinto grado de responsabilidad, en la estructura de esa organización criminal. No obstante, resulta un punto de gravedad que las imputaciones lleguen a empleados de las áreas administrativas de las Cámaras, tanto del Senado como de Diputados, algunos con cargos de directores, pero no aparece en las imputaciones una sola autoridad política.

Para contratar a alguien en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, un legislador lo solicita al presidente del bloque –de cualquier partido- y este se lo solicita al presidente del cuerpo; el presidente del cuerpo deriva la petición al área administrativa y si hay presupuesto se avanza con el contrato. Esto según el reglamento de la Cámara. Es decir que la última responsabilidad la tiene el presidente que, en definitiva, es el que termina firmando el contrato.

Todos los contratos están firmados por los presidentes de las Cámaras que fueron pasando entre 2008 y 2018, pero no hay un solo presidente de las Cámara imputado. Habría una promesa de la Procuración de avanzar en una segunda parte de la causa “Contratos truchos”, que es difícil que se llegue a concretar.

Finalmente, el 1 de junio de 2021 se pidió la elevación a juicio de la causa y casi en simultáneo las defensas presentaron una recusación de los fiscales que investigaban. Una nueva jugada dilatoria que no prosperó.

En otra maniobra defensiva, apenas iniciada la causa se pretendió apartar a la Justicia provincial y por ende, a la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, de la causa solicitando que la misma pase a la Justicia Federal, bajo el argumento de que el dinero sustraído de la Legislatura se habría utilizado para actividades político partidarias o de campaña.

El juez Federal Leandro Ríos rechazó esa pretensión y también negó dos recusaciones presentadas en su contra por los abogados defensores Emilio Fouces, defensor de Sergio Esteban Cardoso; José Velázquez, defensor de Flavia Beckman, Esteban Sciaolocomo y Hugo Mena; y Miguel Ángel Cullen, defensor de Gustavo Pérez y Pedro Opromolla.

Finalmente en abril de 2021 la Cámara Nacional Electoral terminó aceptando la recusación y ordenó pasar el trámite al subrogante de Ríos, el juez Daniel Alonso.

El 16 de junio de 2021 el juez Federal Nº2 de Paraná, Daniel Alonso, en uso de sus atribuciones en materia electoral, introdujo una cuestión de competencia. Aceptando el pedido de las defensas que plantearon, una vez más, que la causa debía pasar al fuero federal, Alonso se declaró competente para entender en la causa. En la misma decisión, requirió el expediente a la jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Marina Barbagelata.

Los defensores que presentaron este nuevo incidente fueron Emilio Fouces, (defensor de Sergio Cardoso, ex administrador de la Cámara de Diputados),  José Velázquez (por Flavia Beckman, Esteban Scialocomo y Hugo Mena, los denominados recaudadores), Miguel Ángel Cullen (defensor de Gustavo Pérez, ex administrador del Senado, y de Pedro Opromolla) y Damián Petenatti e Iván Vernengo (por Alfredo Bilbao).

La jueza Marina Barbagelata rechazó el planteo y ratificó su competencia, y por esta puja se dio intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en agosto de 2021, pidió a la magistrada el envío de una copia digitalizada del legajo en trámite.

A fin de octubre de 2021, nuevamente las defensas intervienen para dilatar y piden al Superior Tribunal de Justicia la suspensión de los plazos de la causa, hasta tanto se expida la Corte Suprema. El STJ entrerriano acepta esta maniobra y suspende la tramitación de la causa.

Otra vez, idas y vueltas, y con la causa suspendida interviene el Procurador General de la Nación, quien  se tomó casi dos años para definir, en una resolución con fecha 11 de agosto de 2023, “que el planteo de inhibición formulado por el juez subrogante del Juzgado Federal de Paraná debe ser rechazado”. Esto quiere decir que su opinión es a favor de la competencia de la justicia provincial.

Ahora se está a la espera de la resolución de la Corte que, generalmente, adhiere a la opinión del Procurador y que puede demorar tres o cuatro meses.

De coincidir la Corte, se notificará a las partes y se fijará audiencia de remisión de causa a juicio

El rol de Fiscalía de Estado

En medio de este vericueto judicial, la Fiscalía de Estado se constituyó como actor civil en la causa y planteó la demanda contra todos los imputados, a fin de lograr un resarcimiento económico por todo lo robado al Estado entrerriano.  El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó esta instancia ante Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).

Los imputados, hoy

Según pudo saber Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) es engorroso y casi imposible conocer fehacientemente la situación de revista de muchos de los empleados de las Cámara Legislativas de Entre Ríos. Inexplicable e increíblemente, ni desde la administración de las Cámaras y mucho menos desde el gremio que nuclea a los trabajadores legislativos se puede saber con certeza “quién es quién”.

A lo largo de los últimos años y sobre todo después de la pandemia se profundizó este inconveniente. Según dicen en off los que transitan diariamente los pasillos del Senado, “en muchas oportunidades se ha pretendido conocer los listados de empleados, tanto de planta permanente como los contratados de obra y de servicios. Ha sido imposible para el oficilismo y para la oposición”.

Tanto la falta de información como el robo a las arcas legislativas atraviesa a todos los partidos políticos, y allí radica una de las situaciones más graves de la cuestión. Otro de los puntos de gravedad es que las imputaciones llegan hasta un cierto eslabón de empleados, pero no hay una sola autoridad política acusada. 

No obstante, Cuestión de Fondo logró conocer cuál es la situación actual de algunos de los imputados en la causa de los contratos truchos.

- Gustavo Pérez. Ex subdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado.

 Apenas conocida la situación el vicegobernador de entonces, Adán Bahl, lo desplazó del cargo pero de inmediato pasó a revistar en la Presidencia del bloque oficialista, que era presidido por Ángel Giano. No se conoce si va o no a trabajar. No se lo ha visto en los últimos años pero sigue cobrando un sueldo del Senado de Entre Ríos. Se sabe que posee inmuebles en Villa Libertador San Martín, Oro Verde y Paraná.

- Juan Domingo Orabona: Llegó al Senado como mano derecha de Mario Yedro, que era senador por el Departamento Concordia (1987-1991 y 1996-1999). Orabona era socio de Yedro y hasta se lo acusó de ser uno de sus testaferros. Integró la sociedad Delrubio & Hunmendi con la que se adquirió el campo de 2.200 hectáreas, que el ex senador tuvo que devolver al Estado, luego que se lo condenara por el delito de enriquecimiento ilícito. Orabona también estuvo a cargo de la Dirección General de Administración de la Cámara de Senadores de Entre Ríos entre 2007 y 2011 junto a Eduardo Lauritto (ex intendente de Concepción del Uruguay, ex vicegobernador, ex ministro de Educación, hoy candidato a intendente nuevamente). Desde febrero de 2012 ocupó el cargo de subsecretario de Presupuesto y Finanzas del Ministerio de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones de Entre Ríos, a cuya cabeza estaba Laurito. Antes había sido secretario de Gobierno de Concordia, cuando Gustavo Bordet era el intendente de esa ciudad. 

Hoy es una persona de suma confianza del gobernador de la provincia. Es funcionario de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. Fue designado por el decreto 558 del año 2020 por el Poder ejecutivo Nacional.

- Alfredo Bilbao: integrante de uno de los estudios contables que manejaba los contratos truchos. Actualmente es empleado del Senado de la Nación. Continúa con el negocio inmobiliario en General Alvear en terrenos usurpados, que denunció Cuestión de Fondo el año pasado. Posee inmuebles en Villa Libertador San Martín, en Oro Verde y Paraná.

-Pedro Eduardo Opromolla. Fue director administrativo Contable de la Dirección de Bromatología. Fue designado en la primera gestión de Sergio Urribarri. Actualmente se encuentra cumpliendo funciones en el Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados de la provincia, donde fue designado por Urribarri y tuvo continuidad en la administración del diputado Angel Giano.

- Jorge Fabián Lázzaro: ex director Administrativo Contable del Senado 2011/2015. Actualmente concurre a trabajar regularmente al Servicio Administrativo Contable del Senado.

- Sergio Cardoso: ex director del Servicio Administrativo Contable de Diputados. Actualmente es empleado de Archivo y concurre diariamente a cumplir funciones porque así lo solicito él mismo. Cumple horario y marca entrada y salida. Intentó levantar la inhibitoria de sus bienes pero no lo logró. Continúa inhibido.

- Juan Pablo Aguilera: cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri. Fue secretario del bloque de senadores del PJ. Actualmente es empleado de la Cámara de Senadores pero no concurre a trabajar desde hace años. No se pudo conocer a qué lugar o función fue asignado.

- Alejandro Almada: cuñado de Juan Pablo Aguilera. Es empleado de la Cámara de Diputados. Siempre tuvo contrato pero no se puede conocer su lugar de trabajo. Se fue a vivir a Misiones con toda su familia y sigue cobrando su sueldo.

- Jorge Enrique De Breuil: Es la persona de mayor confianza de Guillermo Pedro Guastavino. Durante esa gestión llevó adelante una reforma administrativa importante cambiando el sistema de categorías que imperaba en el cuerpo. Esto fue acompañado también por la Cámara de Diputados.  Como muchos colaboradores del vicegobernador Guastavino pasó a ocupar un cargo en la planta permanente como jefe de Unidad de Organización.

Actualmente vive en Córdoba. Se acogió a los beneficios de la Jubilación. Mantiene permanente contacto con Guastavino.

En diciembre de 2005, De Breuil –ex preso político de la última dictadura - creó la empresa La Roca SRL, junto al ex funcionario del Senado y actual intendente de Seguí, Álvaro Cristian Treppo, para el desarrollo de negocios de turismo y combustible, entre otros aspectos. Los socios pasaron a ser los hermanos Gonzalo y Hugo Alcalá, provenientes de una conocida familia de Hernandarias cuyo padre, al fallecer, dejó una importante herencia.

En 2008, De Breuil y Guastavino crearon la empresa Baco Inversiones SA, como constructora, inmobiliaria e inversiones. Guastavino ya había asumido como senador nacional y De Breuil quedó en planta permanente del Senado entrerriano. Un año después, De Breuil sumó Sandebus Inversiones, dedicada al mismo rubro que la firma anterior. Según la justicia, en enero de 2008 comenzó a desarrollarse el sistema de contratos truchos, que arrancaron en un número de 100, aproximadamente. En 2012, a dicha firma se sumó el contador Gustavo Hernán Pérez y quedó como presidente.

También en 2012 se generó la sociedad Las Nazarenas SA. Los socios son De Breuil, el contador Pérez y Hugo Alcalá. La firma tiene un objeto agropecuario, pero también turístico.

Todo indica que Bilbao, Pérez y De Breuil desarrollaron varios negocios en forma conjunta que podrían estar vinculados a dineros provenientes de la Legislatura. Además de las empresas mencionadas, generaron un fideicomiso en calle Alsina al 800, donde realizaron varios departamentos. Disponen de un terreno importante sobre la ruta 12 –a escasos metros de un conocido y clásico restaurante cercano al Parque Industrial de Paraná- y hubo una fuerte inversión en Villa Libertador San Martín.

Como ya se mostró en Cuestión de Fondo en 2021, son departamentos propiedad de Alfredo Bilbao, en calle Amado Nervo al 650 que, en la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER), también están, en paralelo, a nombre de De Breuil y el contador Pérez. El ex titular del Contable del Senado también posee un terreno importante en Puiggari, en calle Madre Teresa de Calcuta y tres inmuebles en Colón al 400, en Paraná.

Hay quienes sostienen que muy cerca de ellos, en Villa Libertador San Martin, también hizo inversiones el cuñado del ex gobernador, Juan Pablo Aguilera, otro de los comprometidos con los contratos truchos.

- Ariel Roberto Faure: ex empleado del Senado de la Nación. Cumplía funciones en el despacho de Pedro Guastavino. Es oriundo de La Paz, es contador público y actualmente vive en la localidad de San Benito, en el Departamento Paraná.  

Es ex empleado del Senado de la Nación. Ingresó el 2 de enero de 2013, con la categoría A-3, planta temporaria, cumpliendo funciones en el despacho del ex senador entrerriano Pedro Guillermo Guastavino, y su designación fue dejada sin efecto el 1º de octubre de 2018, luego de que en septiembre estallara la causa penal. También tuvo contratos de obra en ambos Cámaras de la Legislatura provincial.

- José Javier Schneider: Alias “Chuli”. Es contador. Se desempeñaba en el Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Senadores desde el año 2008. Fue desplazado tras el inicio de la causa. Actualmente trabaja en la Cámara de Senadores en el área de Patrimonio y registra la entrada y salida de su lugar de trabajo.

- Hugo Mena y Flavia Beckman: eran los encargados de cobrar los contratos y retirar el dinero.

Viven en Paraná. Poseen un comercio minorista de almacén y dietética

Usurparon terrenos en General Alvear, según mostró el año pasado Cuestión de Fondo. Cuando fueron intimados a desalojar dijeron que estaban desarrollando un proyecto de producción de hortalizas de estación, que tenían en construcción una vivienda familiar y un depósito de herramientas, por lo cual solicitaron continuar con el mismo o bien un tiempo prudencial para conseguir otro terreno.