Cecilia Goyeneche terminó la secundaria, se anotó en Abogacía, se interesó por la Cátedra de Derecho Penal más que sobre otras. Cursó becas de docencia mientras estudiaba, y para esto estudiaba cada vez más. Dio clases antes de recibirse, y para eso estudió cada vez más. Se recibió, realizó un posgrado, se anotó en un concurso para ser fiscal en los tribunales de su provincia, Entre Ríos, salió primera: tenía apenas 29 años. Después se anotó en otro, y en otro, y en otro, en una carrera de ascenso que la llevó a alcanzar, en 2012, el rol de Procuradora Adjunta del Ministerio Público Fiscal, un alto cargo dentro del Poder Judicial. Casada, mamá de dos hijas, hizo todo bien, excepto una cosa: investigar delitos de corrupción y llegar hasta el fondo de las cosas. Los detalles de su historia judicial y personal, en esta extensa nota de la revista Sophia, de Capital Federal.
Cecilia Goyeneche fue, hasta que un jury la destituyó, la encargada de liderar las investigaciones de la llamada “Causas de los contratos truchos” de la Legislatura, que echaron luz sobre una organización criminal que sustraía dinero del patrimonio de la Legislatura provincial a través de contratos con personas que no prestaban ningún servicio al Estado. El desfalco implicó cerca 53 millones de dólares entre 2008 y 2018 y entre los muchísimos involucrados, había altos funcionarios de ambas Cámaras. Como fiscal anticorrupción, Goyeneche también impulsó la investigación al exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, también ex embajador en Israel del Gobierno de Alberto Fernández, que acabó con una condena de 8 años de cárcel por su participación en cinco causas vinculadas al desvío de fondos públicos.
En medio de aquellas investigaciones, envuelta en una ola mediática de desprestigio, Cecilia Goyeneche vio de un día para el otro su honor puesto en duda, así como su carrera interrumpida. No solo dejaba de trabajar y de cobrar su sueldo: debió reacomodar su vida personal y familiar, reducir y ajustar gastos y recurrir al apoyo económico de amigos, familiares y colegas para afrontar gastos jurídicos no previstos para litigar su caso en organismos de la Provincia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en organismos internacionales para que revisaran su caso, resuelto con argumentos poco sólidos. De todo aquello, dice, y aunque disfruta de sus clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral y su familia logró volver a la calma tras el cimbronazo, ella aún siente las secuelas y paga las costas físicas y emocionales de la tensión y el estrés sostenidos.
En diálogo con Sophia, dos años después del juicio político que la destituyó y tras conocer que la Cámara de Casación de Entre Ríos dispuso finalmente la prisión preventiva de Urribarri, Goyeneche afirma: “Estoy satisfecha. Tengo la sensación del deber cumplido. La satisfacción de que algunas cosas salen bien. Es indispensable para nuestro país que los autores de delitos de corrupción graves empiecen a cumplir las penas efectivas, porque esta situación de tanta impunidad es degradante de las instituciones y perjudicial para nuestra democracia”.
La punta del ovillo
Goyeneche ya había asumido el cargo de Fiscal Anticorrupción para coordinar todas las investigaciones de ese tipo en su provincia cuando un policía que estaba de guardia vio que un hombre sacaba dinero de un cajero automático de Paraná con varias tarjetas de débito. Aquel hallazgo fortuito fue, en palabras de Cecilia, “la punta del ovillo».
Tras eso hubo allanamientos y se descubrieron cuadernos con anotaciones de cobros de cheques desde 2008, con indicaciones de a quiénes les entregaban el dinero, vinculadas a las Cámaras de Diputados y Senadores de Entre Ríos. “Cuando se descubrió que la Legislatura estaba vinculada, se dispuso el secreto de sumario y se empezaron a hacer medidas de prueba, entre ellas, por ejemplo, pedir a la Legislatura que informara quiénes eran las personas contratadas. Esto generó un cimbronazo político gigante. Inmediatamente le pidieron el juicio político al Procurador General de la Provincia y empezaron a cuestionar al jefe de Policía porque no había parado a los policías que habían descubierto el hecho en el cajero. Con lo cual, era importante que en la Fiscalía estuviéramos todos muy abroquelados, trabajando de sol a sol, tratando de descubrir de qué se trataba todo. Muy inspirador, porque son causas que te generan mucha motivación”, cuenta Goyeneche.
―¿Dónde está esa motivación?
―Cuando uno ve que el robo es tan impresionante y además uno lleva en la espalda el haber contribuido a que se mande a la unidad penal a personas por hecho muy menores, decís “No puedo quedarme quieta con esto». Te genera mucha motivación. Lo lindo de la tarea del fiscal es que uno siente que cambia cosas, aún cuando sea un cambio pequeño. Cuando llegamos a la condena y alguien dice: «Bueno, a mí me restauró mi posición. Yo estoy mejor ahora que antes». Pero también uno siente que siempre es respecto de los mismos, y que hay algo latente que está en nuestra sociedad de lo que nadie tiene ganas de ocuparse. Hay que tener muchas ganas de comprometerse para meterse y ciertamente es más fácil mirar para otro lado.
―¿Sentiste miedo en algún momento de meterte con el poder?
―Uno tiene conciencia de que asume muchos riesgos, no sé si la palabra es miedo. Cuando nosotros miramos lo que era esta causa, hablando con el Procurador General de la Provincia, dijimos «Esto termina en un proceso de destitución. Tuyo o mío».
―Lo viste de manera anticipada…
―Todos lo vimos porque habíamos pinchado en un lugar donde lo que salía era mucha pus y donde estaba comprometida gente muy relevante. Unos días después del allanamiento del día uno, se abren los celulares de la familia de uno de los involucrados, que no había sido detenido ese día porque no estaba en la casa. Se lo detiene días después y se le saca el celular. Y en ese celular se lee que el director de Administración del Senado de la Provincia, o sea el que disponía de todo el dinero del Senado, le había escrito mientras se hacían los allanamientos y le decía, entre otras cosas: «Quedate tranquilo que El Uno está en esto». «El Uno», para la jerga de la administración pública, es el gobernador. (N de la R: en aquel momento, el gobernador era Gustavo Bordet, hoy diputado nacional por Entre Ríos). Nosotros éramos conscientes que estábamos tocando intereses muy, muy, muy importantes. También notamos desde el primer día que la oposición no nos apoyaba, se negaba a darnos información. Estábamos solos. Cuando se hacen investigaciones de corrupción, la sensación de soledad es enorme, porque sabés que no hay respaldo, que es uno mismo con sus deberes ahí, apoyándolo.
―Decís cuadernos, decís cajeros, y es imposible no pensar que en la Argentina se repiten algunas historias.
―Es así. Es muy impresionante. Lo de los cuadernos se repite porque esencialmente los corruptos, y lo hemos visto en muchas causas de corrupción, anotan, anotan, anotan, anotan, anotan. ¿Y sabés por qué anotan? Porque la vara que tienen para medir es la de ellos mismos, entonces no confían en nadie. He visto en causas de corrupción que tenían abrochados en carpetas, por ejemplo, los tickets del peaje. El subordinado del corrupto tiene que rendir lo que gasta porque constantemente está en situación de desconfianza. Por eso aparecen los cuadernos, porque necesitan anotaciones, rendición de cuentas.
―Y a su vez, la torpeza de parte de parte de ir dejando pruebas.
―La contracara es la impunidad. Existen los cuadernos porque existe la impunidad, porque jamás piensan que les va a llegar un allanamiento, que van a estar expuestos. Tenían que rendir cuentas, entonces tenían anotaciones en los cuadernos y anotaciones en las computadoras. Pero nunca pensaron que al director de Administración del Senado se le iba a allanar la casa y se le iba a llevar la computadora. Y pasó. Entonces la desconfianza sumada a la impunidad hacen un combo perfecto para que uno después se tope con la prueba. La circunstancia de que aparezcan causas donde uno se topa con la prueba hace una diferencia enorme, porque los pasos que se dan para poder llegar a una condena son mucho más fáciles. Después, bueno, aparecen todas las cosas que aparecen: ayer (N. de la R: por la semana pasada) se dispuso en Paraná que se suspendía la audiencia de remisión a juicio de la Causa de los contratos truchos de la Legislatura, que viene dilatada desde 2018.
―¿A qué se debe esa dilación?
―Le hicieron un montón de artimañas para generar que no se haga el juicio y todavía ni siquiera se ha hecho una audiencia previa al juicio, que se llama audiencia de remisión a juicio, que es donde se convalida la prueba. Esto es parte de esa impunidad: ellos se sienten impunes de que nunca les va a llegar un allanamiento, pero aun cuando les llega el allanamiento, se sienten impunes porque tienen muchísimas herramientas para presionar, para generar condiciones de que el juicio no llegue.
―A vos te inician un jury porque aducen que no te excusaste a tiempo en la Causa de los contratos, pero se suele decir que a vos te sacan del cargo a partir del caso Urribarri. ¿Cómo lo podés explicar?
―El caso de los contratos de la Legislatura es el que motiva formalmente mi destitución. En las primeras semanas de la investigación empezamos a estudiar papeles, y entre los papeles, aparecieron constancias de pago de monotributo de un estudio contable de una persona que era amigo de mi esposo. Esa circunstancia generó que inventaran un montón de cosas, por ejemplo, que mi esposo era socio en ese estudio contable: mi esposo es contador pero nunca estuvo matriculado, nunca trabajó como contador: es músico. Presentaron unas planillas falsas donde aparecía una sigla OCO, diciendo que la O era del apellido de mi esposo. Falsedades que generaron toda una cuestión mediática. La investigación por la causa de los contratos siguió. La persona amiga de mi marido, a quien habíamos allanado e imputado, está esperando juicio con una pena en expectativa de seis años de prisión. Cuando se pide la remisión a juicio de la causa, inmediatamente a la semana, se anuncia mi pedido de destitución. Fue en 2021, pero por situaciones que habían ocurrido en 2018. En septiembre del 2021 empieza el juicio a Urribarri por los cinco hechos por los que resultó condenado. Yo era la Fiscal Anticorrupción, encabezaba la acusación por el juicio de Urribarri. Una semana antes de que empezara el juicio contra el exgobernador, pasaron dos cosas. La primera, que uno de sus defensores fue designado como asesor del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.
―Es decir, ¿quien lo había defendido iba a estar dentro del tribunal que lo enjuiciaría?
―Exacto. Esto generó que pidieran la suspensión del debate. Desde la Fiscalía nos opusimos. Hacía cuatro años que se estaba esperando hacer ese debate. La segunda cosa que ocurrió fue por el COVID: se presentaron médicos forenses dependientes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos a decir que no había que tocar los expedientes, que era peligroso. Litigamos dos semanas para que el Tribunal resolviera si se hacía o no se hacía el debate. Conseguimos que se iniciara y allí cayó la taba para el peor lado: estábamos en pleno debate, produciendo pruebas, llevando testigos, haciendo preguntas, cuando me abrieron el juicio político. Me suspenden en el cargo el 2 de diciembre del 2021, mientras se estaba llevando adelante el debate a Urribarri. Una de las que resolvió mi suspensión en el cargo era la ex abogada defensora de Urribarri, que ese momento estaba de vocal en el Superior Tribunal de Justicia. Se encadenaron todas esas cosas que hicieron que en ese momento fuera conveniente generar mi salida.
―¿Y vos decís que todo esto lo viste por anticipado?
―Por supuesto. Cualquiera lo ve. El temor de cualquier fiscal que investiga corrupción no es que te pase algo en la calle, es que pierdas el trabajo. A eso le tienen miedo los fiscales y los jueces, y ése es el temor que ellos quieren infundir: si investigás corrupción, tu trabajo pende de un hilo.
―Y aún así avanzaste.
―Es que no podíamos no avanzar, primero porque querés hacerlo, es tu deber hacerlo. Cuando uno ve que roban tan impunemente, tenés que ser un cobarde o un corrupto para no avanzar. Si hay algo que te define como fiscal, es que estás para investigar, para acusar, no para otra cosa. Uno tiene que dejar de ser lo que es, es un renunciamiento grande y yo no estaba dispuesta a hacerlo. Y por otro lado, también todos los que estábamos trabajando en esto tenemos hijos chicos. Uno los mira y dice «Yo no puedo dejar esto así, es el futuro de ellos».
―¿Qué argumentos se usaron para destituirte?
―Para destituirme en el jury tuvieron que cometer un montón de ilegalidades e irregularidades porque no era un jury viable. Ellos me hacían un jury diciendo que yo me tendría que haber excusado porque uno de los imputados era amigo de mi marido. Acá tenemos una ley donde dice las causales de excusación de los fiscales y no, no había una causal formal para que yo me excusara. La persona estaba incriminada porque nosotros lo habíamos investigado. Si nosotros hubiéramos querido ocultar que él estaba colaborando con el robo al Estado, lo que hubiéramos hecho era no imputarlo, no allanarle el estudio contable, y nadie se enteraba. Pero lo allanamos, lo incriminamos y ahora está esperando juicio. En definitiva, para poder echarme por esta causal, tenían que hacer un zafarrancho e intervenir en el proceso, entonces designaron, por ejemplo, como fiscal en mi jury a un abogado, un político de Gualeguay, que estaba dispuesto a acusar a ultranza aunque no hubiera motivos. Y eso incumpliendo varias leyes que decían que el acusador tenía que ser un fiscal. Después designaron a una vocal nueva en el Superior Tribunal de Justicia y en mi jury, que era la novia del presidente de la Cámara de Diputados, mientras que nosotros estábamos investigando la Legislatura. Ella fue una de las que votó mi destitución. Enuncio algunas cositas nomás, para que veas todo lo que hicieron.
―Por un lado está todo lo que son las causas en sí mismas, pero después están las tramas en torno a los procesos.
―Son todas maniobras de encubrimiento. ¿Ellos qué quieren hacer? Intervenir lo más posible, ¿para qué? Para que no se descubra. Y si tenemos que sacar al fiscal y atemorizar al resto de los fiscales, lo hacemos.
―¿Sentiste que esa acción en contra tuyo era una medida ejemplificadora?
―No sabés lo ejemplificador que ha sido. Uno se acerca a Tribunales de Entre Ríos y todo el mundo sabe que tiene su cargo en vilo. Si das un mal paso, te pueden echar. Yo interpuse un amparo, llegué a la Corte, la Corte intervino, dijo que no me podían llevar a jury en esas condiciones. Acá desoyeron lo que dijo la Corte, me llevaron a jury y me destituyeron. Ahora estoy esperando que la Corte falle, en un nuevo recurso, donde lo que directamente estoy cuestionando es mi destitución. Esa causa ya está circulando en la Corte, tiene dictamen del Procurador General, marcando la ilegalidad de todo lo que fue el proceso y pidiendo que se revoque la sentencia o que directamente se dicte una nueva. Veremos.
―¿Cuál es tu mirada hacia adelante?
―Yo tengo la certeza, a lo mejor es un ingenuo de mi parte, de que la Corte va a fallar a favor mío, porque esencialmente creo en el sistema jurídico y creo que los ministros de la Corte no están contaminados como en el Poder Judicial de Entre Ríos. El Poder Judicial de Entre Ríos actuó en connivencia con el gobernador en ese momento, Gustavo Bordet, para generar esta situación y destituirme en la idea que tenía el gobernador de que eso era lo mejor que le podía pasar a él para evitarse problemas futuros y para evitar que se repita esto de la condena de Urribarri. Porque lo que pasa políticamente es que una condena a ocho años de prisión a un ex gobernador con su mismo partido todavía en el gobierno, es la sensación de «tenemos que hacer algo porque si no el próximo puedo ser yo».
―Es mucho más lo que se pone en juego que la condena a un individuo.
―Exactamente. La corrupción requiere de la impunidad. El corrupto es un delincuente económico. Si tiene para llevarse 100 millones, piensa: “¿Me conviene o no? Me conviene si no me descubren, me conviene si no me llevan a juicio, si puedo seguir trabajando de legislador, de gobernador o de lo que fuere en el futuro. Cuando en ese análisis aparece de golpe que condenan a un exgobernador a ocho años de prisión, no les conviene y tienen que operar sobre eso. Trabajan para seguir generando las condiciones de impunidad.
―¿Creés que en las provincias se repiten estos modelos de tramas de poder corrupto?
―Absolutamente que sí. En mayor o en menor medida, hay diferencias, pero se repite. Esto puso el foco en lo que pasa con la corrupción en Entre Ríos y cómo opera el Poder Judicial y el poder político. Pero en Entre Ríos hay un exgobernador condenado por hechos de corrupción. No hay otra provincia en que lo haya. ¿Porque son honestos? ¿Porque no pasan hechos de corrupción? No, porque siquiera no es una posibilidad investigar a un gobernador, ruedan las cabezas mucho antes. La impunidad es el statu quo.
―Hace un rato vos dijiste que los fiscales trabajan muy solos. ¿Qué puede hacer el ciudadano de a pie?
―Cada manifestación de apoyo es una suerte de caricia porque acá en Entre Ríos todas esas causas están llegando a juicio y hay fiscales que la tienen que llevar adelante. Cada vez que alguien le pega un grito en la calle o le dice «Vamos», es una una bocanada de aire. Yo me sentí muy sola hasta que el caso se hizo público. Cuando se hizo público, dejé de sentirme sola y me pasó todo lo contrario. Hoy voy a comprar algo a la panadería y me encuentro con alguien que me dice “Te apoyo», «Estamos con vos», «Fuerza». El problema es que hay normas en los códigos procesales que prohíben a los fiscales dar a conocer las investigaciones, entonces el fiscal hace una investigación de corrupción y tiene al corrupto poderoso enfrente y sabe que tiene prueba, pero está solito porque la opinión pública no puede saber que esa investigación está en curso. Lo que va investigando la prensa es a costa de que el fiscal no le puede dar la información y si se la da, le hacen denuncias. A nosotros nos denunciaron a todos dos o tres veces por violación de secreto, porque suponían que nosotros dábamos información a la prensa. Lo que digo es: no hay mucho para hacer por parte del ciudadano cuando no hay posibilidad de que el ciudadano conozca lo que está pasando dentro de tribunales.
―¿Y denunciar?
―Eso es parte indispensable de las investigaciones de corrupción política. Y es el cambio cultural que necesitamos, lo único que puede llegar a cambiar algo es la conciencia de que esto es algo que no se puede tolerar, de que no podemos ser partícipes. Entre Ríos es una provincia donde hay mucho empleado administrativo, mucho empleado público. Y la verdad, los que están adentro de la administración, después te los encontrás y escuchás: «Yo sabía. Yo vi esto, yo vi lo otro». Cuando están adentro no se sienten con la fortaleza para denunciar. Y después, cuando uno los llama como testigos, le da mucho miedo contar. ¿Por qué? Porque son castigados luego en la función pública. El esfuerzo que tenemos que hacer como ciudadanos es dejar de tolerar. Si uno dice que no, lo van a castigar y no lo van a ascender nunca en la carrera administrativa. Pero si son muchos los que dicen que no, no van a poder hacer eso. Tenemos que tener esperanza de que se puede producir. Yo la esperanza que tengo es que estos sean los primeros pasos de las primeras demostraciones públicas y los primeros movimientos de un cambio cultural que tiene que ocurrir, porque si no ocurre vamos a estar siempre rondando en situaciones de pobreza, de marginalidad, de exclusión. Nos vamos a morir porque se te revienta la cubierta del auto en una ruta mal hecha, porque se llevaron el dinero. Vamos a seguir con estos problemas cíclica y eternamente, hasta que se produzca ese cambio cultural. Hay que priorizar el deber sobre la comodidad.
―¿Cuáles son las enfermedades que te preocupan de la Argentina a nivel jurídico?
―La anomia. Esta sensación de que no hay ninguna norma que sea lo suficientemente rígida como para que debamos cumplirla, que siempre la podemos interpretar un poquito más allá. La anomia, no solamente en las calles: dentro de los poderes judiciales uno ve que los fallos deciden incumplir una norma porque les parece que contradice otra cosa. Tenemos un problema grave de reconocimiento de los límites de las leyes, es un problema para nosotros como ciudadanos, desde el primero al último. Que lo habitual, la regla, sea el incumplimiento, es un enorme problema porque nos impide vivir juntos, nos entorpece la vida en común. Ese es el germen de la corrupción. El funcionario que cree que las normas que dicen cómo tiene que aplicar el dinero público la tiene que cumplir otro pero él no, es parte del mismo diagnóstico. Ese es uno de los grandes problemas de Argentina.
―El porcentaje de varones presos es mucho más alto que el de mujeres. ¿Tenés alguna explicación?
―Sí. Creo que es parte del patriarcado, pero no porque se persiga más al hombre que a la mujer, sino porque el hombre es proveedor, y entonces es el que sale a trabajar. Y como el sistema penal está orientado al delito común, entonces bueno, se recoge mucho más porque es el que se ocupa de esos hechos. Los índices de criminalización de las mujeres han subido muchísimo con el narcotráfico, porque esa es una actividad que sí se realiza desde la casa, entonces hay muchas más mujeres condenadas a partir de que la compra venta de droga es un negocio hogareño, sin necesidad de salir y sin dejar las tareas de cuidado. La criminalidad creo que es producto del patriarcado. Puede haber otras explicaciones. Esto es muy lineal. Hoy en día, una parte importante de la población carcelaria está vinculada a delitos contra la integridad sexual, y eso es un problema de la masculinidad. No es un problema de las mujeres. ¿Hay mujeres condenadas por delitos contra la integridad sexual? Sí, claro que las hay. Ahora, el índice es infinitamente menor, entonces ahí no es un problema del patriarcado, o sí lo es pero en otro sentido: es un tipo de criminalidad que tiene que ver con la sensación de poder y la idea de sometimiento de la mujer.
―¿Te preocupa el avance del narcotráfico en la Argentina?
―Muchísimo. Porque además, con los índices de corrupción que tenemos en Argentina, el problema es que el narcotráfico va a tender a gobernar. Cuando un político necesita financiarse para la campaña y tiene este poco apego a normas éticas, ¿la plata fácil de dónde sale? Sale de la caja del Estado o sale de la caja del narcotráfico. Entonces el narcotráfico se está infiltrando cada vez más. En Paraná tenemos un ex intendente que fue condenado por financiarse con dinero del narcotráfico y después darle lugares en el municipio a esas personas como forma de pago. Esto pasa en muchos lados y naturalmente empieza por las intendencias, por los lugares chicos. Tenemos que reflejarnos en lo que pasa en otros lugares de Latinoamérica: si miramos en México lo que pasa, es un horror. Es tremendamente problemático, acá no ha llegado porque vivimos muy lejos de toda la centralidad de la circulación de dinero, pero es algo que va a tender a pasar, lamentablemente.
