Las novedades que surgen en el anteproyecto, más notorias, son: 1) la fijación de una fecha –agosto del año electoral- para las internas. 2) la obligatoriedad del voto para el ciudadano. 3) la obligatoriedad para todos los partidos, incluso para el que sólo tenga una lista que en el régimen actual está eximido del proceso electoral. 4) un piso de votos para pasar a la elección general, igual al que fija la Nación: el 1,5 por ciento de los votos válidos, sumando el caudal de todas las listas de precandidatos en pugna, así lo señala una nota de Página Política.
En el artículo se recuerda que la entrada en vigencia de la Ley Castrillón, Nº 9659, precipitó la decisión de un sector del justicialismo, liderado por Julio Solanas, de ir por afuera del partido a la elección general. El asunto es que la norma sólo contempló armados políticos en torno a la fórmula provincial o municipal, descartó la inclusión de minorías y excluyó las disputas por los cargos legislativos de los jefes departamentales. Sólo fallos judiciales y administrativos posteriores abrieron espacio a las minorías en la UCR, cuando se jerarquizó la disposición de ese partido en ese sentido; y la determinación de una suerte de vacío legal en la norma habilitó la pelea por el cargo de senador.
El primer borrador que circula en la Legislatura no cambia esa situación. Se espera que haya otros textos que sí contemplen un armado de listas de candidatos que integre a las minorías, en línea con una aspiración de buena parte de la dirigencia con expectativas en el peronismo. Pero el primer borrador insiste con el cerco legal que la Ley Castrillón levantó para quien ose disputar la hegemonía.
Sólo se prevé la presentación de fórmulas de gobernador y vice, con listas de por lo menos 15 candidatos a senadores y nóminas completas para la Cámara de Diputados; y fórmulas de intendente y vice, con un listado de concejales y suplentes.
