Por Luis María Serroels
Especial para ANALISIS DIGITAL
Que el Sueño Entrerriano prometido por Sergio Urribarri terminó en pesadilla no es ninguna novedad. Era previsible y así ocurrió, quizás porque ese ejercicio onírico fue contaminado por el virus de la improvisación, el erróneo manejo político, la discrecionalidad en lo financiero y, como frutilla rancia, la corrupción más descarada cuya investigación seria y profunda la justicia le adeuda a los entrerrianos. La ubre del Estado ha dado para todo y de ella se han prendido funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales.
Al ex gobernador con frustradas ínfulas presidenciales, no sólo se le atribuyen errores de acción sino también de omisión. Mientras busca auxilio en algunos blogueros para que exhiban sus presuntos logros, deja de lado sus colosales promesas incumplidas.
Valgan citar el Estadio Único cuyo proyecto se presentó con bombos y platillos y nunca más se habló, faltando explicar adónde fueron a parar los 400 millones de pesos presupuestados para iniciar las obras; el edificio de una sede propia de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, programado –se dijo- para terminar con su condición de nómade que reparte sus unidades en distintos establecimientos, y el Acceso Norte de Paraná, ejecutado sólo en un 50 por ciento (restan 6 kms. que quedaron sin realizar) lo cual mantiene vigentes los riesgos para los conductores que motivaron la construcción. Y ello se agudiza por serios deteriores en la parte terminada que requieren urgentes reparaciones. Otros anuncios quedaron sólo en eso, pero lo más irritante es que nadie explica por qué lo que debía hacerse finalmente no se hizo y que pasó con el dinero destinado.
Una nota de extrema dureza firmada por el integrante del staff de ANALISIS Hugo Remedi, describe lo realmente ocurrido en medio de la gran cantidad de ditirambos sobre su propia gestión difundidos por Urribarri, amplificados por medios afines.
Remedi advierte que el ex mandatario -después de haber ponderado en 2007 la tarea de Jorge Busti, quien lo llevó de la mano a la gobernación hasta que se distanciaron- buscó justificar sus desaciertos y olvidos expresando que su tarea se había encontrado con un gran cuesta arriba. Basta comparar las cifras dejadas por uno y otro para hallar todas las respuestas.
Jamás un gobernador de una provincia de profunda raigambre federalista como Entre Ríos, puede desertar con tanta frescura de esos ideales y someterse a un centralismo voraz, prepotente y vengativo. Arriadas esas banderas, se realizó -como cita Remedi- la “entrega sin miramiento alguno de la Caja de Jubilaciones de la provincia en 2010, cuando dejó de reclamar los fondos compensatorios para el organismo previsional”.
Ello fue lo más parecido a un virtual trueque de favores con la Casa Rosada ¿a cambio de qué?), pero además se declinaron otras reivindicaciones, cuando se omitió reclamarle a la nación el reintegro de los fondos ilegítimamente apropiados de la Coparticipación Federal y destinados al salvataje del sistema de reparto del régimen previsional, desfinanciado por la creación de las AFJP.
Culminando 2015, cuando Cristina Fernández se encaminaba a transferir su despacho de Balcarce 50 y las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe recibían un fallo favorable de la Suprema Corte para recuperar esos recursos, el mandatario entrerriano se envalentonó para sumarse a los reclamos, luego de un largo y claudicante silencio. Pero además siempre se negó a replantear el porcentaje de coparticipación del Impuesto al Cheque. Más que un gobernador parecía un Comisionado Federal.
Estas cosas –y muchas más, como el incumplimiento por acción u omisión de preceptos constitucionales inexcusables- son las que le dejaron a su sucesor un presente griego que coloca en una angustiante incertidumbre a los entrerrianos, con datos que ahora se anima a divulgar Bordet porque ocultar la verdad resulta tan insoportable como peligroso. Dijimos cuando asumió el ex intendente de Concordia, que todo lo que debía contarle a la ciudadanía y no lo hiciese de arranque -quizás por motivos que sólo él conoce- giraría en dirección a su propia gestión.
El auxilio de la Nación debiendo anticipar partidas (el pago de salarios es un creciente desafío); la prosecución del lanzamiento de Letras de Tesorería al mercado de capitales que ahora se proyectarán al ámbito internacional colocando deuda por 400 millones de dólares y la agitación sindical que traduce descontento y decepción por falta de recuperación del mermado poder adquisitivo, hablan por sí solos del desastre provocado por una administración que nos legó una deuda pública que llegaría a los 20.000 millones de pesos. El manejo del Tribunal de Cuentas con un presidente designado inconstitucionalmente a dedo, fue un molde del desapego por las normas legales, talvez para eludir llamados de atención por desvíos jurídicos.
Recientemente el ex senador provincial y ex convencional, Juan Arralde, le explicó a la sociedad con pelos y señales el verdadero sentido del art. 39º de la Carta provincial sobre la obligación de “acusar para vindicarse” de todo funcionario o empleado de los tres poderes. No hablamos del estatuto de una cooperadora o comisión vecinal, sino de la ley madre que es la Constitución provincial. Los funcionarios y legisladores kirchneristas del Estado entrerriano acusados por delitos de corrupción, no se han dado por aludidos. Y algunos hasta han sido premiados con nuevas funciones. El artículo 39º sólo resulta molesto para los que se saben culpables
Como colofón, esta semana apareció el ex senador nacional Augusto Alasino, arremetiendo contra figuras del Poder Judicial. En su embate –publicado en ANALISIS DIGITAL- apunta a recusar a integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal por “parcialidad manifiesta” y a proseguir con su denuncia judicial contra la Cámara de Diputados por la forma en que fue tramitado el pedido de juicio político al magistrado Carlos Chiara Díaz.
Alasino abunda en consideraciones sobre la imprescindible imparcialidad exigible y que resultarían suficientes para apartar a un magistrado. La nota no se agota en esta cuestión, sino que alude a los polémicos “gastos reservados” que tanta polvareda levantaron meses atrás.
También aporta datos a su postura de que “resulta imposible que los tres magistrados (Daniel Carubia, Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak) puedan afrontar con imparcialidad sus planteos, recordando que ha elevado elementos que aluden a connivencia de la vocal y familiares cercanos, en las causas de corrupción junto al ex gobernador Urribarri.
Además el ex legislador agrega referencias sobre los cuestionados pagos de sobresueldos y el incurrimiento en la figura de peculado por desvíos de fondos hacia otros destinos. Pero resulta particularmente llamativa la mención sobre “la amistad íntima del enjuiciado por mí (señor Chiara Díaz) en la Cámara de Diputados, con el señor Carubia, al indicar que ha sido el hijo de este último uno de los dos testigos que bajo juramento afirmaron que el señor Chiara Díaz, era pobre en el beneficio de litigar sin gastos para demandar en nombre de su hijo incapaz de accionar judicialmente por Daños y Perjuicios para no pagar la tasa de Justicia”. La sociedad necesita explicaciones claras porque en este tema el silencio suena a admisión.
Lo descripto permite medir la gravedad de una situación inédita, donde una presunta “parcialidad manifiesta” lleva a la desconfianza y el descreimiento ciudadano. “Duerme el derecho pero no muere”, reza un adagio. También duermen algunos jueces.
