Las medidas cautelares suspendieron la aplicación de artículos de la ley 26.639, denominada Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, destinada a la preservación del ambiente y, en especial, de los reservorios de agua dulce.

“Dada la índole de la participación asumida en el pleito por la provincia de San Juan, corresponde reconocerle la condición de parte sustancial en virtud del interés directo que tiene en el litigio”, expresó en su resolución el máximo tribunal, según informó Página 12.

Sostuvo además que “esta causa corresponde a la competencia originaria de la Corte, en mérito a que es la única manera de armonizar las prerrogativas jurisdiccionales de las que gozan tanto la provincia como el Estado nacional”.

Las mineras cuestionaron la Ley de Glaciares por entender que fue sancionada “en violación al procedimiento previsto por la Constitución Nacional para la formación de las leyes”, al introducir una modificación perjudicial para sus intereses.

La ley de glaciares, que impone límites a la actividad minera en el país, fue aprobada el 30 de septiembre de 2010 por el Senado de la Nación. En 2008 la presidenta Cristina Fernández había vetado una ley similar, pero el diputado Miguel Bonasso presentó otra propuesta, y luego de acordar con el senador oficialista porteño Daniel Filmus, quien también había presentado una iniciativa en el Senado, el texto se sancionó.

El 28 de febrero de 2011 la Presidenta firmó un decreto que aprueba el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar, en el marco de la reglamentación de la ley de glaciares.

El trámite se produjo una semana después de una protesta realizada por la organización ambientalista Greenpeace, en la provincia de San Juan, donde la policía desalojó un campamento montado en el camino hacia la mina Veladero y detuvo a una decena de manifestantes que reclamaban la reglamentación.