(Por integrantes de Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito).

Hemos denunciado las presiones que recibió la madre de la niña, confirmada por su abogada para que desistan de su petitorio al acceso a un derecho de aborto no punible, por eso responsabilizamos al Dr. Tomaselli y los médicos del Hospital Masvernat por ser los principales responsables de las maniobras de dilación y deformar información médica que facilitaron este desenlace.

La falsación de la realidad para disponerla en función de intereses que poco tienen que ver con los dictámenes de la OMS en cuanto a la salud, ha llevado al equipo médico del Hospital Masvernat al desconocimiento de estudios científicos e indicadores sanitarios de que uno de los mayores riesgos de mortalidad materno/infantil lo constituye el embarazo adolescente, el cual se potencia a medida que la edad de la embarazada disminuye.

La impostura de la Justicia y la Salud sacó a la luz la ignorancia y la incomprensión de los derechos humanos con que los funcionarios provinciales se manejan, además de constituirse en una clase magistral de ignorancia jurídica y analfabetismo de derechos. Estas actitudes como la actual criminalización del aborto y los obstáculos al acceso a intervenciones seguras constituyen una violación de los derechos humanos de las mujeres que tiene que cesar urgentemente.

Las firmas de los Defensores del Ministerio Pupilar acompañando los aberrantes argumentos del Juez Tomasselli para lavar sus vergüenzas por haber revictimizado a la niña y su madre, es otra grave muestra de la indefensión de las niñas, niños y adolescentes en ese juzgado concordiense. Los que tienen que defender y proteger integralmente los derechos humanos de la niñez, naturalizan la invisibilización del abuso sexual y dan una respuesta corporativa protegiéndose entre la familia judicial.

Estamos pidiendo que se cumpla con la ley; estamos luchando por el cumplimiento del artículo 86 del Código Penal que estipula claramente que en una situación de violación y embarazo es permitido el aborto por ley en Argentina desde 1922, y que el Estado Provincial ha incumplido con la ley en la figura de sus funcionarios.

No negamos el derecho de expresión de nadie, pero cuando se es funcionario público hay que cumplir con la Ley.
Desde el Gobernador de la Provincia hasta el último de los funcionarios incumplen gravemente sus funciones cuando desoyen lo que marca la Ley vigente y cuando dan la espalda a la voz de las organizaciones sociales, que son la voz de la Patria por la que juraron.

Educación sexual para decidir
Anticonceptivos para no abortar
Aborto legal para no morir