Por Luis María Serroels, especial para ANALISIS DIGITAL
La ley nacional 23.548 sancionada en 1988, estableció un régimen de distribución de los impuestos, el cual determinaba que del total de los recursos nacionales recaudados, un 42,34 por ciento debería ser retenido por la nación y el 57,66 iría a las provincias (de ello el 1 por ciento se haría en concepto de Aportes del Tesoro Nacional para atender desequilibrios financieros, que han sido objeto de verdaderos desatinos). Por estos días, la voracidad centralista se limita a transferir al interior apenas un 27 por ciento, sin contar con que se además queda con el total del Impuesto al Cheque.
Pero colateralmente y desde agosto de 1992, a través del denominado Pacto Fiscal I, las provincias debieron ceder a la nación un 15 % de la recaudación primaria (previo a su distribución) con el fin de financiar el sistema jubilatorio de reparto que se veía amenazado por la creación de las Administradoras de Fondos de Jubilación Privada (AFJP).
Así las cosas, el 21 de octubre de 2008 se promulgó una ley que estatizó las AFJP, destinándose todos sus capitales a engordar las arcas de la Anses. Pero además, este organismo siguió nutriéndose de los aportes que antes ingresaban al régimen privado. Ello significa que frente a semejante flujo financiero, se tornó ya innecesario continuar con la sangría de fondos en perjuicio de las provincias que, por otro lado, sufren grandes dolores de cabeza viendo cómo languidecen sus sistemas previsionales. Sobre esta cuestión, recuérdese que aquellas provincias que decidieron mantener su régimen propio, deben por ley recibir mensualmente compensaciones ya que al descontarles coparticipación federal para pagar los beneficios traspasados a la esfera federal por otros estados, quedan en situación de una doble erogación. Pero aquí también se deja estar el Poder Ejecutivo Nacional, ya que no gira los fondos en tiempo y forma. Y esto es lo que llevó al gobierno de Córdoba a acudir a la Corte, siendo similar la situación de Santa Fe.
El gobierno K seguramente aludirá a partidas que se remiten por distintos medios, pero ello es producto del humor presidencial o de los objetivos políticos y mecanismos de premios y castigos de que hace gala el centralismo para domesticar gobernadores.
Nuestra prédica periodística, que hasta ahora ha venido pasando desapercibida para el gobierno de Sergio Urribarri, un obsecuente crónico de la Quinta de Olivos habituado a tomarse el primer avión para asistir a los discursos presidenciales integrando el Comité de Aplauso y Pleitesía, pareciera ahora tomar el camino correcto por iniciativa de tres diputados del Frente Entrerriano Federal: Diego Lara (María Grande), Rosario Romero (Paraná) y Fabián Flores (Basavilbaso).
Con copiosa artillería argumentativa y tras historiar la cuestión desde la sanción de la ley 23.548 y advertir la detracción injustificada que sufren las remesas, acometen la idea de recuperar para Entre Ríos ese 15 por ciento que devino en arbitrario desde que se confiscaron los fondos privados. Útil es mencionar que ese dinero de aportantes activos y actuales pasivos, se dispara hacia fines ajenos (malversación), eludiéndose el pago del 82 % móvil en abierto desacato de la presidente Cristina Fernández al fallo la Corte Suprema de Justicia. El patrimonio de los jubilados va para todos los puntos cardinales de la demagogia, menos para asegurarles un pasar digno a sus legítimos dueños. El cálculo kirchnerista de que muchos morirán antes de que queden firmes las sentencias, es francamente perverso y ya debería ser objeto de reproche penal.
Los legisladores, amén de fundamentar su iniciativa tendiente no sólo a equilibrar las finanzas de la caja provincial sino a direccionar los excedentes al “refuerzo proporcional de las partidas de gastos de personal de toda la administración central y descentralizada del Estado provincial”, apunta a que a la Fiscalía de Estado se le encomiende ejercer “todas las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan, tendientes a reclamar por ante los organismos y tribunales competentes la devolución del 15 por ciento que el Gobierno Nacional retiene de la masa de impuestos coparticipables”.
No se les pasa por alto el hecho de que el país requiere de una nueva ley referida a la Coparticipación Federal de Impuestos, algo que no puede depender de los deseos de los gobernantes y funcionarios de turno, sino que, conviene recordar enfáticamente, figura en la cláusula sexta de la Constitución Nacional de 1994, donde ordena que antes de finalizar 1996 debe sancionarse un nuevo sistema. Es decir que todos los gobiernos y legisladores nacionales que han pasado por la función pública desde 1996, están incursos en el delito de grave desobediencia, cuanto más repudiable si se advierte que tal incuria ha incidido en los destinos de las provincias que deberán ser indestructibles para que la nación también lo sea.
Obtener recursos nacionales mediante un ejercicio de sometimiento inaceptable que convierte a la justicia distributiva en una herramienta de aleccionamiento político, no es un camino moralmente aceptable. El mandatario entrerriano asiste a una declinación peligrosa en la llegada de recursos y ya no alcanza con su práctica de alineamiento ciego, porque aún así el Estado soporta un elevado endeudamiento, la paralización de la obra pública, la liquidación desdoblada de haberes, jubilaciones y aguinaldo y el atraso en la cancelación de deudas con los proveedores y prestadores de servicios, que lleva también a renegar de compromisos de aumentos en los haberes fuertemente castigados por la inflación.
Los autores del citado proyecto no admiten que ni siquiera con carácter transitorio las provincias deban renunciar al poder tributario, pero asimismo ratifican que con los recursos recuperados se podrán atender las situaciones que acucian a los regímenes provinciales, en caso particular, la situación del organismo previsional entrerriano cuyo déficit alcanza los 600 millones de pesos anuales (¿a cuánto llega el monto de lo que la Anses se queda para alimentar su gran caja en desmedro de las provincias?).
El Ejecutivo entrerriano permanece imperturbable frente a los pedidos de informes que se le hacen llegar, pero debe puntualizarse que ante cualquier rechazo del proyecto de marras –el Senado como megabloque y el oficialismo mayoritario en diputados podrían cajonear la iniciativa-, cabría imputarlos y denunciarlos eventualmente por incumplimiento de los deberes de funcionario en punto a deberes que les dicta la Constitución de Entre Ríos entrerriana en defensa de sus intereses. En su artículo 8vo. nuestro contrato social reformado en 2008 hace encendida defensa del federalismo. Una fiebre artiguista recientemente desatada en el seno del gobierno provincial, no le hace precisamente honor a la figura del Protector de los Pueblos Libres. En política la hipocresía es prima hermana de la mediocridad.
