El Senado aún no sancionó la ley de termas, pero cuando lo haga estará creando un organismo totalmente innecesario, que tendrá un directorio de cinco miembros, cada uno de los cuales recibirá sueldos cercanos a los 10.000 pesos mensuales.

Por Américo Schavartzman
(Desde Concepción del Uruguay, especial para ANALISIS)

La ley de termas que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia crea un ente totalmente innecesario con un directorio de cinco miembros, cada uno de ellos con sueldos aproximados a los 10.000 pesos mensuales. El único requisito para integrar ese directorio es tener 10 años de residencia en Entre Ríos y ser nombrado, por supuesto, por Jorge Busti. El Ente Regulador de Termas de Entre Ríos (Erter) se financiará, de acuerdo al proyecto, mediante los fondos que le acuerde la Ley de Presupuesto y leyes especiales; cánones por concesiones de exploración, explotación y servicios; multas, decomisos y demás que surjan de su poder de policía; subsidios y aportes estatales; la tasa de inspección que se cree; y los intereses y beneficios que originen sus propios fondos.

Aunque hubo distintas objeciones al proyecto -de parte de organizaciones ambientalistas, de legisladores opositores y hasta de ámbitos académicos- pocos repararon en que se está creando una nueva estructura que, aunque se presenta como un ente descentralizado, depende exclusivamente del arbitrio del gobernador -que es quien nombra a sus autoridades- y cuyo presupuesto es aún una incógnita.

En la comunicación mediática el oficialismo se refiere al ente como "autárquico" y "descentralizado", lo que permite suponer que sus autoridades serán el producto de algún mecanismo representativo, al estilo de los consejos de administración de los puertos de la provincia, por ejemplo, con representantes de los sectores involucrados... Pues no.

Por el artículo 12 del proyecto que ya cuenta con media sanción en Diputados, los miembros del Directorio del Erter serán nombrados por el Poder Ejecutivo y sus mandatos durarán un período constitucional, pudiendo ser removidos por el gobernador de la provincia "por acto fundado".

Si en cambio uno supone que para integrar ese Directorio es menester tener alguna idea vaga acerca del tema sobre el que el ente va a regular en todo el territorio provincial -es decir sobre recursos naturales, hídricos, termalismo, etcétera– pues bien, vuelve a equivocarse: por el artículo 13, los únicos requisitos para ser miembro del Directorio son: "Ser mayores de edad; argentinos; con domicilio real y legal, y una residencia mínima en Entre Ríos de 10 años al momento de la designación". Un cuarto requisito no figura en la ley, pero surge de su espíritu: ser amigo de la gestión.

En definitiva, un organismo más que permitirá -al estilo del Ente Región Centro- colocar allí, con sueldos de miles de pesos, a algunos amigos fieles del bustismo, que por otra parte no tendrán mayores reparos en hacer lo que se les ordene.

El artículo 15 del proyecto es el que fija la remuneración de los miembros del Directorio: "El presidente gozará por el ejercicio de su cargo de una remuneración equivalente a la del presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, el vicepresidente a la del fiscal del mismo Tribunal y el resto de los vocales miembros del Directorio a la del secretario contable del Tribunal. Todos y cada uno sujetos a los descuentos de rigor".

Vale aclarar que los emolumentos del Tribunal de Cuentas están atados a los de los jueces entrerrianos. En el caso del titular, equivale al de un miembro del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, y los demás son proporcionales a este sueldo. No es necesario decir que se trata de remuneraciones muy buenas, superiores a los 10.000 pesos mensuales.

Las críticas

Hasta el momento, las objeciones que recibió el proyecto provinieron de sectores ambientalistas, como el Foro Ecologista, que preside Daniel Verzeñassi, y de legisladores de la oposición, como el bloque del Nuevo Espacio, la diputada de la Red, Lucy Grimalt o el radical de Gualeguaychú Osvaldo Fernández. Este último había advertido acerca de diferencias "de forma y de fondo" con el dictamen del oficialismo. En cuanto a las de fondo, dijo: "Hay que establecer si se hará una legislación sobre termas compatible con la de agua, o si se modifica la Ley de Agua".

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)