Por Nelson Schlotahuer (*)

Las declaraciones juradas de los funcionarios de todos los poderes es información pública, como tal, debe estar al alcance de cualquier ciudadano por los medios que resulten de acceso más amplio para todos, oportuno e irrestricto. La información pública es una verdadera herramienta anticorrupción, es el primer control popular, que por masivo e inmediato, puede ser ejercitado por cualquier persona.

La ley 3.886 de 1953 establece que las declaraciones juradas son secretas. Eso es inconstitucional, absolutamente inaplicable y violatorio del artículo 1 de la Constitución Nacional que nos impone la República como forma de gobierno, con requisitos fundamentales como la publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad de los funcionarios y la división de poderes. Por otra parte, la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción (adoptada en nuestro sistema interno por ley 24.759) obliga a los estados firmantes a llevar adelante acciones que permitan la difusión y el conocimiento por parte de la ciudadanía.

Ante el claro panorama jurídico que brinda la constitución entrerriana recientemente reformada en sus artículos 13, 37 y 60, no puedo soslayar la preocupante presentación de ciertos proyectos oficialistas en la Cámara de Diputados el año pasado que restringen el acceso a la información pública por distintos medios y convierten a las declaraciones juradas en meros formularios para ser archivados sin función alguna.

Es lamentable la ineptitud consciente del Estado en sancionar la falta de presentación de declaraciones juradas. La razón de exigirlas reside en conocer los patrimonios de quienes acceden a funciones públicas y controlar en forma amplia, irrestricta, oportuna, masiva cualquier potencial enriquecimiento ilícito a costa del erario público. Sin embargo las negativas, tardanzas y desaires a pedidos de publicidad de las declaraciones juradas, a jueces inclusive, son la constante. Basta ver en qué terminan los pedidos de desafueros, sumarios administrativos y denuncias penales con honrosas excepciones. Y lo peor, quienes denuncian terminan vilipendiados e investigados y los acusados, en impunes victimarios.

(*) Profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Político de la UCA Paraná y consultor de Acceso Libre.Org.