Hugo Remedi

“El régimen de adjudicación de viviendas es absolutamente transparente”, aseguró en una entrevista con ANALISIS, el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Julio César Aldaz. Dijo que el nivel de morosidad asciende al 30 por ciento pese a que en algunos casos las cuotas no superan los 25 ó 30 pesos mensuales, por lo que el organismo se pierde de recaudar unos 800.000 pesos por mes. Si bien garantizó que en el último semestre se invirtieron unos 38 millones de pesos en casas, el déficit habitacional alcanza a unas 40.000 familias en toda la provincia, aunque reconoció que se ha privilegiado cantidad por calidad. Además, le contestó al senador Santiago Gaitán sobre el gasto que se hace en “fiestas” y al diputado Eduardo Jourdán, que ha criticado con rudeza a los funcionarios provinciales. Minimizó el la división en el bloque oficialista en la Cámara Baja y confió en que el Partido Justicialista irá unido a las elecciones, pero no está de acuerdo con que Néstor Kirchner digite a los candidatos en la provincia. Criticó a quienes intentan desgastar al gobierno nacional como los multimedios América y Clarín y a sus “abonados” como Felipe Solá, Elisa Carrió y Francisco de Narváez, entre otros, y advirtió que hay que priorizar la gobernabilidad y la administración.

–¿Qué porcentaje de adjudicatarios no paga la cuota?
–Más del 30 por ciento de los adjudicatarios que no paga la cuota. Estamos trabajando desde que asumimos para incorporar gente al pago con regularidad y hemos salido a toda la provincia, se ha mejorado sustancialmente la recaudación e invitamos a la gente a realizar los convenios de pago, ya sea con una cuota normal o en el caso que tengan dificultades económicas pagando menos de lo que significa la cuota normal hasta que puedan regularizar. Y hubo una muy buena respuesta de la gente, pero vamos a seguir trabajando en eso.

–Seguramente en ese paquete habrá gente que no puede pagar y pícaros también.
–Hay que dividir en tres segmentos, los que no pueden pagar, en cuyo caso el Instituto no está para desalojar y tirar a la calle a una familia que no tiene cómo pagar. Además, están aquellos que pueden pagar y pagan, a quienes les agradecemos porque nos permiten seguir construyendo viviendas. Y también hay quienes pueden pagar y no lo hacen. Nosotros estamos apuntando fundamentalmente a quienes tienen capacidad de pago y no lo hacer. En una primera etapa estamos trabajando para que la gente se avenga a celebrar convenios de pago en el Instituto y luego iremos por el cobro y el desalojo por vía judicial.

–¿Cuánto recauda el IAPV por mes?
–Estamos cerquita de los 2 millones de pesos.

–¿Y cuánto debería recaudar?
–Entre 2,7 y 2,9 millones de pesos.

–¿Han detectado algún circuito interno que permita favorecer las adjudicaciones a parientes y/o amigos?
–Para nada. El sistema es absolutamente transparente y los sorteos son públicos, salvo algunas cuestiones excepcionales que a veces nos han aparecido, como casos de familias con problemas de discapacidad o familias con problemas que tienen que ver con que están viviendo en algún lugar determinado y han sufrido el abuso, acoso, etcétera, de algún vecino o de alguna persona peligrosa del barrio. En esos casos nosotros tomamos la decisión formal de adjudicar directamente. O casos de situaciones de salud muy complejas, en donde nosotros adjudicamos de forma directa.

–¿Por sentencias judiciales han tenido que entregar casas también?
–No, no, no, no. Hemos tenido algunos pedidos a través de demandas judiciales, pero nunca hemos llegado a la sentencia porque los hemos resuelto en la medida en que hubo disponibilidad, y han sido casos realmente dramáticos, relacionados principalmente con temas de salud.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)