N.B. de ANÁLISIS

Jorge Nigro fue indagado por el fiscal Gonzalo Badano, en el marco de la causa por los cuatro spots publicitarios contratados de forma directa por el Gobierno de Entre Ríos, para difundir a nivel nacional en el marco de la realización de la Cumbre del Mercosur en Paraná, en diciembre de 2014. La acusación pública sostiene que esas piezas por las que la provincia pagó dinero, no tuvieron como objetivo promocionar Entre Ríos sino afianzar la figura del exgobernador Urribarri como precandidato a presidente para las elecciones de 2015.

El titular de PuntoArt declaró, entre otras cosas, que la familia Urribarri se alojó en el Hotel Costa Galana de Mar del Plata, tras una intermediación que hizo él en persona con el hotel. Agregó que cuando concluyó la estadía, la familia salió sin pagar y la deuda fue cargada a su empresa. Remarcó que esa factura nunca fue abonada. La deuda es equivalente a 36.000 dólares de enero de 2015.

Contó a los jueces del tribunal que de todos los imputados en el megadebate sólo conoce a Urribarri, con quien dijo hablar en alguna oportunidad por teléfono.

“Tuve durante 17 años la agencia de publicidad PuntoArt Comunicación. La empresa es de acciones mixtas, hace convenciones, presta servicios variados. Yo era el presidente. Fui creador de la compañía y mi función eran los números, estar en la parte operativa, mirando qué se generaba. Hay más socios, los hermanos Caris, y después incluimos a Martín Ortiz que era director general de esta agencia. María Ferraro estaba a cargo de parte administrativa”, describió.

Nigro dijo que años atrás tuvo contacto con la empresa Nelly Entretaiment, de Jorge Corcho Rodríguez -que obtuvo una probation en el marco de este legajo-. Aseguró que ese vínculo fue a raíz del pedido de Rodríguez para “ver si podíamos coordinar la planificación y compra de medios. Comprar medios significa tener las herramientas, los contactos y el crédito para comprar en canales de aire. Hay que tener vuelta, años, negociaciones, haber pagado para estar ahí”, explicó. Puntualizó que tuvo una reunión con rodríguez y los contactos continuaron después con el contador Osvaldo Gandini, que asesoraba a Nelly Entretaiment. “Nos comunicaron si teníamos la posibilidad de compra de medios a nivel nacional para la pauta del Gobierno de Entre Ríos. Lo complicado de la contratación eran las fechas porque era fin de año, y todo está sobrevendido”, recordó.

“Nos pidieron básicamente cobertura. Tener los programas y canales con más audiencia. Los spots salieron en los cuatro grande canales de Bs As: Telefé; El Trece, América y El Nueve. También en TN y C5N en Capital. Se compraron canales en Córdoba, Rosario, y en el sur del país”, detalló y ahondó: “Era en los programas del prime time, es decir el horario de más audiencia en la televisión. La compra de Telefé la hizo solo Nelly, nosotros no intervenimos ahí. Nosotros nos encargamos del resto de los programas. Eran todos canales con mucho raiting, los noticieros de noche desde las 21, 22 y hasta las 23”. Agregó después que cuando comenzaron las negociaciones para contratar con los canales, debieron anticipar pagos. “No teníamos espalda para financiar eso. Los canales, lo que viene de pauta de Gobernación de provincias lo toman como político y no hay financiamiento”.

Nigro dijo que la producción de los spots estuvo a cargo de una agencia de Palermo que recordó como “el buey perdido, el buey algo”. Se refirió a “El buey Solo” un nombre que fue refrescado por el fiscal Badano. Justamente el titular de esa agencia, Guillermo Berger, deberá testimoniar también este martes. “Casi no tuvimos contacto con ellos, sólo telefónicamente”, acotó.

Cuando se le preguntó por los montos de la contratación, Nigro señaló: “Fue una contratación en montos que se habla de política, en comparación a los montos que manejábamos con nuestras marcas, era una buena contratación, no mucho más”.

Más adelante fue indagado por el costo del espacio en televisión. “Hay mucha diferencia entre el prime time y otro horario. Hoy un segundo puede salir 60, 70, 80.000 pesos y en el prime time puede costar 300 mil pesos”.

Al final de su relato, el testigo reconoció que Urribarri y su familia se alojaron en el Hotel costa Galana de Mar del Plata, en enero de 2015. “Hice la gestión porque el gobernador quería habitaciones que no estaban disponible y el Costa Galana es cliente nuestro, hacemos eventos ahí, asique le pudimos reservar esas habitaciones”.

–¿Quién se contactó por esto con usted? ¿El gobernador? –preguntó el fiscal Badano.

–No recuerdo pero puede ser que haya sido Sergio Urribarri –contestó.

–¿Qué tipo de habitación reservó?

–No me acuerdo. Sé que había una que era tipo suite. Perro el resto no me acuerdo.

–¿Y ese alojamiento recuerda quién lo abonó?

–Ese alojamiento, Urribarri cuando termina se va de Mar del Plata y el Hotel Costa Galana nos reclama a nosotros, así que entiendo que lo pagamos nosotros.

–¿Era más de una habitación?

–Me parece que era más de una habitación.  

Después se le exhibió un correo enviado por personal del hotel marplatense a Nigro. Le pasaban un resumen final por la reserva entre cuatro y cinco noches para varias personas de apellido Urribarri, incluido su hijo Bruno -jugador de fútbol- y una persona llamada Sebastián Otero. La categoría de las habitaciones eran superior, lujo y presidencial. El monto total fue de 200.000 pesos primero y 84.000 pesos después, según pudo leer el testigo en el correo electrónico.

–En algún momento se contactó por teléfono con algún miembro dela familia Urribarri? –consultó el fiscal.

–En su momento me llamó, entiendo que era bruno pero la verdad no me acuerdo los nombres de los chicos, sé que alguien me llamó.

–¿Por qué lo llamó–

–Entiendo que era verano y necesitaban entrar a algún bar, a algún boliche, alguna cosa así.

–¿Con Sergio Urribarri recuerda haber hablado?

–Sí con él hablé una vez, quería ir a pescar.

–¿En algún momento le devolvieron este dinero del Costa Galana?

–No.

El imprentero santafesino que conoció a Aguilera

Rubén Ciscato, titular de una imprenta en Santa Fe, abrió la jornada de este martes con su testimonio. Declaró mediante viedoconferencia, al igual que el resto de los testigos que pasaron hoy, menos Rina Deymonnaz.

Ciscato recordó que en una instancia puntual llevó trabajos realizados en su imprenta a las instalaciones de Formato Urbano, en calle Racedo 415 de Paraná. “Fui a llevar algún trabajo. Por razones de urgencia a veces hacía de cadete. Un día se presentó él -por Juan Pablo Aguilera- y lo conocí. Ese fue el contacto que tuve. Lo habré visto una o dos veces, de haber ido a la empresa cuatro o cinco veces. Es un lugar que está frente a estación de trenes, sobre un boulevard”, describió.

Cuando la fiscal Patricia Yedro le preguntó, Ciscato dijo no conocer a Emiliano Giacopuzzi, tampoco a Maximiliano Sena, al igual que desconoció a Luciana Almada. “De conocerlos, tenerlos presente, no. A lo mejor fui y me atendió tal persona pero nada más. Un día se presentó este señor Aguilera, para presentarse no más, y decirme: ‘¿Usted es Ciscato? Yo soy Juan Pablo Aguilera, mucho gusto’”, relató.

“Formato Urbano no es una empresa conocida en el rubro que yo sepa, a lo mejor lo sea, pero para mí no. Que sean conocidos ellos, no sé, desconozco”, cuando se le preguntó desde su experiencia en el rubro. “Hace rato que, si bien no estoy retirado completamente, como que delegué el trato”, acotó después y reconoció a Formato Urbano sólo como una agencia de publicidad y no como una imprenta.

Cuando el defensor de Aguilera y Almada, el abogado Marcos Rodríguez Allende, preguntó si el encuentro con Aguilera fue en relación al Partido Justicialista, el testigo lo descartó de plano: “Eso seguro que no, que nunca hablé de ese tema, con nadie de ahí”.

Después insistió el defensor Miguel Cullen -abogado de Cargnel, Alejandro Almada, Sena y Giacopuzzi- sobre el mismo punto. “El que tenía más contacto con ellos era mi empleado Beto. Pero me parece los trabajos no tenían que ver con la política. Porque no es que no haya hecho trabajos para políticos, pero no les quiero trabajar. Lo mío es una imprenta con calidad, una maquinaria importante y se necesita gente especializada. El trabajo para políticos no, no estoy relacionado con los políticos, no los quiero desmerecer pero no me gusta. Siempre me manejé de otra forma. Que se hicieron trabajos puntuales, chiquitos, sí. Pero no recuerdo que se haya hecho otra cosa. No lo niego. Normalmente son trabajos de mucho volumen, el papel es económico y la máquina se llena de pelusas”, respondió.

Por orden del ministro

Rina Deymonnaz se mostró muy nerviosa durante toda su testimonial, que duró unas dos horas. Es licenciada en Ciencias Políticas, especializada en Comunicación Política. Ingresó al estado provincial en 2008, a la Dirección General de Información Pública. Cuando se creó el Ministerio de Cultura y Comunicación -en diciembre de 2011-, quedó a cargo del área de Producción de Contenidos. Hasta que cambió la gestión política, Deymonnaz estuvo sola en el área. Su función es el procesamiento, recopilación de información, analizan datos y realizan informes. También están a cargo de la producción y gestión de materiales informativos y difusión, según detalló. “La decisión de qué comunicar, cómo y cuándo está a cargo del superior del momento”, aclaró.

Fue consultada sobre las campañas de información, los procesos y los objetivos de las mismas. “Difundimos materiales institucionales del Gobierno. Nuestra normativa y paraguas legal está dado por el artículo 14 de la Constitución Provincial”, puntualizó, del mismo modo que ayer lo hizo su compañero de trabajo, Pablo Dimier, a cargo del área jurídica de la Secretaría de Comunicación.  

Ratificó que el exministro Pedro Báez tenía el poder de definir el plan de medio, es decir a qué medio se contrataba para difundir contenido. “Por lo general no tomo contacto con proveedores de publicidad, salvo situaciones especiales en que haya cuestiones a resolver sobre el material enviado, por ejemplo corregir el material, o alguna certificación que no se corresponda con el material enviado”, declaró.  

“En aquel momento tenía contacto con Emiliano Giacopuzzi, que no sé de qué empresa era. Me vinculaba con él porque realizábamos diseños, a partir del pedido del ministro. No necesitaba saber de qué empresa era”, aseguró cuando la fiscal le preguntó si tenía algún referente de la empresa Tep SRL.

La empleada dijo conocer a Aguilera, aunque negó que él haya tenido algún poder de decisión en las campañas del gobierno. Esa respuesta dio después que la fiscal le mostrara un correo electrónico copiado a la testigo, donde un compañero de Deymonnaz pedía a Emiliano Giacopuzzi la impresión de volantes de la campaña precios cuidados. El correo aseguraba que la decisión se había tomado por la mañana, en una reunión de la que participó el exgobernador y su cuñado Aguilera que “tomó la posta”.

Deymonnaz leyó de inmediato otro correo. “Me dijo Mauro que ustedes seguramente hacen otros diseños. Les pediría que me pasen un JPG por mail para difundir en redes sociales”, escribió y envió su compañero a Formato Urbano.

Más adelante dijo conocer a Gustavo Pereyra del Partido Justicialista, pero no lo vinculó con las empresas de publicidad en cuestión. Entonces se repitió la mecánica que la fiscal viene desarrollando con algunos testigos. Le mostró un correo electrónico y se lo hizo leer. Se pedía la reserva de carteles en la vía pública de Paraná para difundir Teatro por la Identidad. Lo había mandado ella misma a Pereyra.

–Le hago la misma pregunta. ¿Vincula a Pereyra con esa empresa? –insistió Yedro.

–Evidentemente sí.

La situación se repitió con varios documentos más que fueron secuestrados en allanamientos. La mujer dijo al principio de su testimonial que no tenía contacto con los proveedores de publicidad del Gobierno, pero unos minutos después debió reconocer que sí sostenía ese vínculo. “En este caso, mi contacto con estas empresas era por orden del ministro, porque justamente nos asistían en diseño. Y en vía pública evidentemente tenía intervención pero no la recuerdo”, reconoció en referencia a las empresas que se conocen con el nombre comercial de Formato Urbano y, específicamente en referencia a Giacopuzzi. “El ministro me dijo que me ponga en contacto con él y nos asistía. Nunca pregunté qué tipo de vínculo tenía”, subrayó después.

Sobre los spots

Deymonnaz también fue consultada en el marco de la causa Cumbre del Mercosur. El fiscal Badano le mostró los spots. “Por pedido del ministro me puse en contacto con ellos -en referencia a las personas que integran El Buey Solo y cedieron los cuatro spots-. Recuerdo las locaciones donde se hicieron”, contó. “No recuerdo bien, el contenido debemos haberlo trabajado en la dirección y elevado a ministro”, acotó. “Seguramente fueron filmados previo a la Cumbre del Mercosur. Seguramente la frase Gobernación Entre Ríos al final del spot debe haber estado cuando lo vimos, antes que se difundan”, dijo.   

–¿Puede ser que un slogan público que están en los manuales de marca, coincidan con un slogan de campaña de un candidato? –consultó Goyeneche.

–En el manual de marca que teníamos se usaba ‘Entre Ríos, entre todos’. Luego se dejó de aplicar y no recuerdo este slogan ‘El camino a seguir’ –contestó, en referencia a una segunda tanda de spots realizados en el marco de la Cumbre.  

–Sobre los sellos de gestión ¿tiene Bordet un sello de gestión?

–El gobernador en este momento no estamos aplicando.

–¿Por qué?

–Porque se usaban en contenido que se publicaba en sus redes sociales y quedaba absurdo.

El Buey Solo

Por último declararon Guillermo y Germán Berger, integrantes de la productora El Buey Solo SRL, que cedió los cuatro spots al Gobierno de Entre Ríos, en el marco de un convenio de colaboración.

Contaron que participaban de una agrupación de jóvenes entrerrianos en Buenos Aires. “Hacíamos charlas con representantes del Estado provincial que nos comentaban políticas que llevaban adelante. Estuvimos con el ministro de Comunicación Pedro Báez y como siempre tratábamos de colaborar en la producción. En esta ocasión nos ofrecimos a grabar y editar spots”, contó el primero de ellos. “Empezamos a reunirnos en una plaza y después estuvimos en calle Perón. En ese momento estaba Carolina Gaillard en la Casa de Entre Ríos y a partir de eso  pudimos dar inicio a la agrupación. Si no recuerdo mal nuestro referente era Juan Pablo Montes que era un empleado de la Casa de Entre Ríos”, agregó.

Aseguró que la idea de los spots surgió en septiembre, octubre de 2014 y se ofrecieron con Pedro Báez. “Coordinamos con Báez y una chica llamada Rina que nos hacía contacto para grabar en los espacios donde había que grabar. Las grabaciones fueron en Paraná, dos escuelas, un laboratorio y donde está el mástil de la bandera grande en Paraná”, recordó.  

Causas acumuladas

El megajuicio acumula cinco legajos por presunta corrupción en el gobierno de Entre Ríos, bajo los mandatos del exgobernador Sergio Urribarri -quien está exceptuado de participar de la audiencia para cumplir con sus tareas en las embajadas de Israel y Chipre, donde vive actualmente con su esposa Ana Lía Aguilera-.

El primero de los legajos investigados en el Ministerio Público Fiscal -representado en este debate por la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, y los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull- se conoce como “causa de la vaca” o “causa delas imprentas”. Tiene como imputados al exgobernador Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y empleado del Senado; a Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y a Corina Cargnel, contadora de las empresas.

La hipótesis principal apunta al direccionamiento de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera. En esta causa también está imputado el publicista de Concepción del Uruguay, Fernando Montañana, pero fue apartado del debate oral y se lo juzgará oportunamente porque atraviesa una situación de salud comprometida. También estuvo imputado en este proceso el publicista paranaense Jesús Bustamante quien, en febrero de 2018 arribó a un acuerdo de juicio abreviado con Fiscalía por el cual aceptó una pena condicional de 2 años y 8 meses. Estos dos publicistas, sostienen los fiscales, aceptaron aparecer como beneficiarios de diversas contrataciones con el Estado entrerriano siempre y cuando retornaran parte del dinero percibido a las empresas Tep y Next que, de ese modo, concentraron toda la publicidad en la calle. La investigación abarca un período que va de 2010 a 2015.

Se ventila también el legajo conocido como “sueño entrerriano” que acumula tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los imputados son Urribarri; Báez; Gustavo Javier Tórtul; Aguilera; Cargnel; el exministro de Turismo; Hugo Marsó; y Gerardo Caruso. La hipótesis acusatoria sostiene que a través de gastos del Gobierno de Entre Ríos se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.

El último legajo del megajuicio es el conocido como “Global Means”, a partir del cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18 medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores del Estado.

En el debate intervienen, además de los fiscales, los defensores Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz; Juan Méndez y Miguel Cullen.

El tribunal está compuesto por José María Chemez, carolina Castagno y Elvio Garzón. La audiencia comenzó el 27 de septiembre pasado y no se sabe bien cuándo concluirá, debido a la complejidad de los delitos investigados, a la profusa prueba documental que se va exponiendo en el debate y a la cantidad de testigos previstos.

Los delitos acusados son Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los fiscales calculan un desfalco que supera los 7 millones de dólares.