Es una de las causas por defraudación al Estado más importantes que tramita la Justicia entrerriana. Un proceso inédito que comenzó en 2014 con más de 120 imputados y que hoy supera una defraudación de 1.200 millones de pesos. Un nuevo informe del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), revela cuál es el estado del trámite judicial y qué imputados irán a juicio.

Se trata de una causa inédita y de las más importantes que tramita la justicia de Entre Ríos, no sólo por el monto millonario de la estafa al Estado sino también por el tiempo en que se concretó la maniobra –entre 2004 y 2014- y por la cantidad de imputados, que superó las 180 personas. También puede decirse que es inédita por la persona que detectó la maniobra en junio de 2014 y efectuó de inmediato la denuncia, el entonces titular de la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER), actualmente diputado nacional, Marcelo Casaretto.

El trámite judicial tuvo un largo devenir con gran cantidad de medidas. Entre ellas, el 28 de diciembre de 2017, la jueza de Transición Marina Barbagelata depuró el listado de sospechosos. Según se informó en aquel momento, “en una Resolución de 2.060 páginas se expidió sobre la situación procesal de 180 imputados”.

A partir de dicho resolutorio quedaron en la causa 128 personas procesadas y 51 sobreseídas. Además, otras personas imputadas en la causa ya habían sido sobreseídas o se encontraban a esa fecha cumpliendo la suspensión del juicio a prueba. De este modo, la cantidad de imputados se fue disminuyendo.

Tras el trámite judicial de rigor para investigar la maniobra, Barbagelata resolvió el 20 de abril de 2021 elevar a juicio la causa Nº 55.960, caratulada “Martínez, María Estrella de Yankelevich – Gaggión, Abelardo Daniel y otros S/Defraudación a la Administración Pública (denuncia de Marcelo Pablo Casaretto). A la misma causa se le acumularon los legajos Nº 55.289 “Martínez, María Estrella de Yankelevich – Gaggión, Abelardo Daniel y otros S/Defraudación a la Administración Pública (denuncias de María Emma Bargagna-Jorge Daniel Monge-Marcelo P. Casaretto)  y el Nº 56.594 caratulado “Martínez, María Estrella de Yankelevich – Gaggión, Abelardo Daniel y otros S/Defraudación a la Administración Pública” (denuncia de Marcelo P. Casaretto).

Las personas imputadas que irán a juicio son 31: María Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggión, Darío Fabián Barreto, Gustavo Alejandro Gioria,  Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub, Daniela Romina María Miño, Jorge Martín Zuttión, Julio Schmukler,  Luis Alfredo Speroni,  Carlos Arnoldo Sagasti,  Miguel Ángel Banega, Carlos Raúl Castro, Diego Raúl García, Viviana Beatriz Ghiggi,  Jorge Luis Malleret, Ricardo Horacio Van Der Donckt, Alberto Francisco Bonvin, Walter Gilberto Castañeda, Fulvio Valentín Dapit, José Miguel Dittrich, Manuel Isauro González, Javier David Kolln, Beatriz Levinzonas, Omar Aníbal Ramón Moledo, Mauro Fabián Neme, Marta Delfina Ponce, Leonardo Miguel Premaries, Raúl Norberto Premaries, Javier Francisco Ramírez, Claudio María Santiago y  Miguel Artemio Waigel.

Hoy el legajo se encuentra en el Tribunal de Juicio y Apelaciones a cargo del juez Alejandro Grippo, a la espera de resolver nuevos pedidos de suspensión de juicio a prueba de algunos de estos imputados que deberían ir a juicio. Luego de esto, deberá definirse la fecha del debate.

Al momento de efectuada la denunciada, actuó la fiscal Laura Cattáneo y tras su jubilación quedó a cargo del fiscal de Coordinación de Paraná, Álvaro Piérola, quien dialogó sobre el estado actual de la causa con Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).

En primer término, recordó que “la causa tiene que ver con el descubrimiento de un núcleo corrupto dentro de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) mediante el cual se simulaban compensaciones ficticias porque se beneficiaba a contribuyentes a través de este procedimiento de compensaciones con deudas que tenían con el Estado que se compensaban con créditos que no existían, a partir de la intervención de funcionarios públicos de la provincia de Entre Ríos, de la ATER, se adulteraban los registros y se llegaba al resultado de que el Estado no tenía deudas por cobrar”. “Esto con autoría de funcionarios de ATER y con la participación necesaria de un estudio de contadores que formaron parte de esta maniobra y que benefició a cientos de empresas y contribuyentes de toda la provincia, por un periodo de tiempo prolongado, de alrededor de 10 años”, explicó.

Respecto del estado actual de la causa, comentó que “desde Fiscalía en su momento se requirió la elevación a juicio, o sea ir a la instancia definitiva de la discusión de este caso a los fines de determinar las responsabilidades de las personas que llegan como imputadas.  Después hubo elevación concreta de la causa a juicio por parte de la magistrada que lleva adelante la investigación y luego ya el año pasado desde la Fiscalía ofrecimos al tribunal la prueba de la que nos vamos a valer ya para ir a esa instancia definitiva”. “Ahora estamos en la instancia de ofrecimiento de pruebas, Fiscalía ya lo hizo y ahora están las demás partes en ese trabajo de sintetizar aquella prueba de la que se valdrá cada parte –según el interés procesal que tiene en la causa- en ese juicio”, especificó.

“No podría realizar una estimación de cuándo será el juicio pero si nuestro interés es que se realice cuanto antes”, sentenció.

En este marco, también mencionó lo complejo de la tramitación de la causa: “Es una causa inédita por la implicancia que tiene, por la dimensión que tiene, es una causa claramente de corrupción con un daño a las arcas del Estado muy grande, de millones de pesos, en cifra histórica, de periodos compensados de distintos impuestos provinciales que vienen desde el año 2004 y hasta el 2014. Se investigó y se va a someter a juzgamiento la conducta de estas personas que van a juicio por todos los periodos donde hubo cientos de compensaciones impositivas que perjudicaron al Estado. O sea que desde ya, es una de las causas más importantes de la realidad judicial de la provincia por la implicancia que tiene, es una gran estafa”.

Agregó que es importante también por la cantidad de implicados que tuvo la causa: “Han sido cientos de contribuyentes los que fueron en un principio imputados, fueron sindicados en las denuncias iniciales que se hicieron; en el devenir de la investigación y por distintas razones algunos consiguieron la suspensión del juicio aprueba, otros no estaban en condiciones legales de obtenerla y son ahora, en esta instancia, luego de toda esa depuración y de distintas decisiones en las vicisitudes del proceso, que llegan a juicio alrededor de 40 imputados. Es un juicio importante, grande en términos de cantidad de personas intervinientes”.

Especificó que “la mayoría de los imputados son contribuyentes, está el núcleo de funcionarios de ATER autores de estas maniobras y también los contadores (Julio) Smuckler, (Carlos) Sagasti y (Luis) Speroni que fueron parte necesaria a través de sus funciones como contadores en este estudio contable para la concreción de todo este perjuicio, o sea que hay contadores que no eran funcionarios, funcionarios de ATER y contribuyentes”.

Explicó asimismo el fiscal que “la probation es una suspensión de juicio a prueba, donde se suspende la investigación si se reúnen los requisitos que la ley establece y si hay un ofrecimiento de reparación económica de aquello que es el perjuicio que se estima en cada caso que sufrió el Estado. No hay una identidad entre esa reparación y el perjuicio pero sí como una línea de política criminal en su momento se definió que aquellos montos pequeños tenían la posibilidad de esta salida alternativa al juicio que es la suspensión del juicio a prueba. Por eso hay muchos contribuyentes que pudieron acceder a ese beneficio y en algunos casos ya obtuvieron el sobreseimiento, es decir la desvinculación definitiva del proceso, otros están todavía en proceso de cumplimiento y algunos otros de este grupo que ahora iría a juicio que también solicitaron la suspensión del juicio a prueba y eso está siendo materia de análisis por parte de los jueces que ya integran el tribunal y que van a estar a cargo del juicio”.

“Ahora en este momento estamos con alguna novedad en relación a que algunos que estaban citados a juicio han pedido la suspensión del juicio a prueba. Eso se debe definir antes de fijar la fecha de juicio, deben pedirnos opinión fiscal y luego el tribunal tomará su decisión”, especificó.

Recordó que “la primera denuncia fue por un periodo determinado de compensaciones inmediatas al momento de la denuncia, y después hay una ampliación de dos denuncias más de dos periodos más antiguos. Por esto son tres expedientes que fueron acumulados que comprenden distintos periodos de compensaciones pasadas: desde 2014 a 20012, de 2008 a 2011 y de 2004 a 2007”.

Finalmente, destacó el trabajo judicial: “Estas causas permanentemente ponen a prueba al sistema judicial en cuanto a que demandan muchos recursos y se moviliza toda la estructura, porque son mega causas que demandan mucho esfuerzo. En eso es importante destacar a quienes han estado a cargo de estas causas en momentos anteriores, como los fiscales, la magistrada de instrucción y todo el personal que han realizado un trabajo arduo, meticuloso, que nos permite hoy estar en condiciones de llevar la causa a juicio”.

El rol del Estado en la causa

En este trámite judicial también interviene como querellante la Fiscalía de Estado, en representación del Estado entrerriano. Al respecto, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó que “la causa ATER consiste en una cantidad muy grande de defraudaciones contra la administración pública, en particular contra las rentas de la provincia, haciendo compensaciones que eran irregulares. Compensación significa que yo tengo a pagar un impuesto pero por otro lado tengo un crédito contra la administración y ante eso se compensan las sumas, pero resulta que muchas de esas compensaciones eran fraudulentas porque no existía el crédito del contribuyente sino que era ficticio o fraguado”.

Esta causa se inicia en el año 2014 por denuncia del entonces director de ATER; Marcelo Casaretto, y es importante destacar que inicialmente se tramita por el Código Procesal Civil y Comercial anterior al vigente. Hay una gran diferencia porque el Código Procesal anterior permitía que el Estado se constituya como querellante particular, cosa que hizo la Fiscalía y por eso estamos introducidos en la causa acompañando el rol del Ministerio Público Fiscal, o sea del acusador. Nuestra intervención está fundamentalmente destinada a obtener el resarcimiento, es decir, el recupero de la mayor cantidad de fondos posibles.

En cuanto al monto de la defraudación, indicó que “inicialmente en la causa el perjuicio se estimó en 255 millones de pesos, la suma de todas las compensaciones irregulares o defraudaciones, y actualmente estaríamos en una cifra superior a los 1.200 millones de pesos, si la actualizáramos hoy”. De todos modos, aclaró que “incluso sería más porque 255 millones es un valor que se estableció al momento en que se inició el proceso pero si nos vamos retroactivamente sería más”.

Agregó que “al momento de inicio de la causa se involucró a más de 160 imputados, mucha gente que sabía que estaba defraudando a la administración pero otras personas argumentaron que en realidad no sabían y que el ardid era del estudio contable. Es una causa compleja, se fue reduciendo la cantidad de imputados, se procesó a 128 personas aproximadamente y muchos de ellos entraron en probation, o suspensión del juicio a prueba. Esto no puede ocurrir con quienes eran funcionarios públicos, por eso la mayoría de las personas que van a enfrentar el juicio fueron funcionarios públicos”.

Destacó asimismo que en el devenir de las probation el Estado pudo efectivizar el recupero de una parte del dinero defraudado: “No sé decir una cifra exacta hoy pero se disminuyó, de los 1.200 millones de pesos de hoy se pudo disminuir bastante. Es decir que el Estado recuperó bastante del perjuicio”. Y agregó que “administrativamente también, en el momento en que Casaretto hizo la denuncia, hubo una cantidad de gente que regularizó, especialmente aquellos que efectivamente fueron engañados y que no sabían que estaban siendo parte de este sistema”.

Ante esto consideró el importante trabajo de la justicia “tanto del Ministerio Público Fiscal como del juez de instrucción por ser una causa que tramita con Código viejo; lleva su tiempo, hay que respetar todas las garantías procesales porque si no los juicios después se anulan por falta de cumplimiento de garantías; la realidad es que la investigación es compleja por la cantidad de actores y por el tipo de delito, que tenía cierta complejidad en su trama. Por eso el accionar del Poder Judicial fue importante, nosotros acompañamos ese accionar, pero fundamentalmente fueron ellos los que la llevaron adelante”.

“Cuando uno ve esto, piensa que es increíble porque realmente hay que maquinar una forma de extraer recursos de esta manera. Realmente es grave, no es un tema menor, no es un tema administrativo o de una equivocación, acá hubo una organización que se dedicó y pergeñó todo esto y debe ser sancionado con el máximo rigor. Por eso está bien que el sometimiento de juicio a prueba no sea para funcionarios públicos, porque si el funcionario que tiene que custodiar la legalidad, la recaudación, la aplicación de los fondos está habilitando fraudes de este tipo, realmente es grave. Por eso también la posición de Fiscalía de reforzar el interés no solamente en el resarcimiento sino en la sanción penal, porque esto no puede pasar”, concluyó.

En cuanto a la concreción del juicio, Rodríguez Signes comentó que “hasta el momento no hay confirmación de fecha para su realización” pero adelantó que “va a ser un juicio largo porque, aunque se haya disminuido la cantidad de imputados, pero con 31 a 40 imputados, se hará largo. Y nuestro interés es resarcitorio pero también es acompañar la acusación porque un fraude a la administración pública que estuvo tanto tiempo desarrollándose no puede ser admitido bajo ningún punto de vista”.

Delitos atribuidos

- Simulación dolosa de pago

- Adulteración dolosa de registros y cohecho pasivo en concurso ideal reiterados

- Delitos de defraudación a la administración pública

- Cohecho activo y pasivo en concurso ideal reiterados, todos concursados realmente

La causa

Está conformada por tres legajos:

- Causa N° 55.960, caratulada “Martínez, María Estrella de Yankelevich – Gaggión, Abelardo Daniel y otros S/Defraudación a la Administración Pública”, denuncia de Marcelo Casaretto

Denuncia defraudaciones desde el 1 enero de 2012 al 3 de junio de 2014. Se denunció a dos empleados y a 65 contribuyentes. Fraude de 17 millones de pesos

- Legajo N° 55.289 “Martínez, María Estrella de Yankelevich – Gaggión, Abelardo Daniel y otros S/Defraudación a la Administración Pública”, denuncias de María Emma Bargagna, Jorge Daniel Monge y Casaretto;

Denuncia defraudaciones desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011. Se denunció a tres empleados y a 141 contribuyentes. Fraude de 20 millones

- Legajo N° 56.594 “Martínez, María Estrella de Yankelevich – Gaggión, Abelardo Daniel y otros S/Defraudación a la Administración Pública”, a partir de la denuncia de Casaretto.

Denuncia defraudaciones desde el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007. Se denunció a tres empleados y a 138 empresas. Fraude de 8 millones.

Funcionarios imputados y delitos endilgados

- María Estrella Martínez de Yankelevich. Era jefa del Departamento Despacho de ATER. Delitos que se le imputan: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública.

- Abelardo Daniel Gaggión era jefe de la División Mesa de Entradas. Delitos: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública.

- Darío Fabián Barreto. Era director del Interior, jefe de la Representación Territorial San Salvador. Cuando estalló el escándalo, en 2014, era secretario de Gobierno del intendente de San Salvador, Marcelo Berthet, y dejó su cargo tras la denuncia. Delitos: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública.

- Gustavo Alejandro Gioria (ex tesorero General de la provincia. En 2005 fue denunciado por la Fiscalía de Estado por haber emitido dos cheques “sin causa” por el monto de $399.668,96 a favor de la firma Fokker Services Holanda.

Estuvo al frente de la Tesorería General de la Provincia durante más de una década: desde 2005, durante la última gestión de Jorge Pedro Busti, hasta 2014, en el segundo período de Sergio Urribarri.

Surgió del riñón del ex funcionario bustista Oscar Horacio ‘Pacha’ Mori, en tiempos en que ambos estuvieron, por fines de los años ‘90, en la Dirección General de Rentas (DGR), en la primera gestión de Busti.

- Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub. Era agente Técnico Administrativo del Área Mesa de Entradas de ATER. Trabajó en las ciudades de Paraná, Viale y Bovril. Delito: Coautor de defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo en concurso ideal, reiterados.

- Daniela Romina María Miño. Era agente Técnico-Administrativo. Actualmente es jefa de la División Despacho de ATER. En la causa dijo que acataba las directivas de sus superiores. Delito: Coautor de defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo en concurso ideal, reiterados.

- Jorge Martín Zuttión. Era director de Impuestos de ATER y auditor del Tribunal de Cuentas. Delito: Partícipe necesario de cohecho activo, pasivo y defraudación a la administración pública.

-Julio Schmukler. Del estudio contable Schmukler y Speroni. En el caso sostuvo que obró con confianza en Barreto que le ofreció el sistema de compensación. Delito: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterado y defraudación a la Administración Pública.

– Jorge Alfredo Speroni. Del estudio contable Schmuckler y Speroni. Delito: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterado y defraudación a la Administración Pública.

-Carlos Arnoldo Sagasti. Fue contador de Centro Eléctrico, proveedor del Estado; y de Agrícola Ganadera San Esteban. Delito: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterado y defraudación a la Administración Pública.

Entre los primeros procesados, se destaca Guillermo Diego Derudder, de la Empresa de Transporte de Derudder Hermanos SRL, mejor conocida como Flecha Bus; Raúl Bernardo Marsó, presidente de Las Camelias SA; Abel José Viollaz y Conrado Ángel Droz, presidente y director titular de Termas Villa Elisa; y Miguel Ángel Matías Galuccio, de la firma El Sembrador SRL y Espinillo SA, que es padre del ex CEO de YPF, Miguel Galuccio.