El cambio de estrategia judicial de exgobernador Sergio Urribarri, condenado en 2022 en el marco del megajuicio a 8 años de cárcel, y con dos procesos penales abiertos, uno por supuesto pago de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de la firma Relevamientos Catastrales SA, y una segunda por supuesto enriquecimiento ilícito, y la contratación del estudio del abogado porteño Fernando Burlando, derivó en una serie de presentaciones en la Justicia Federal.

Una de esas acciones recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº, a cargo de María Romilda Servini, que pidió a la Justicia entrerriana la remisión de las causas en las que estuviera investigado el exgobernador. Burlando y su estudio defienden a Urribarri en el megajuicio, pero la jueza Servini quiere conocer en qué otros procesos el exgobernador está siendo investigado. La defensa del extitular del Ejecutivo entrerriano entiende que sus argumentos no han sido tenidos en cuenta en los Tribunales provinciales y por eso acudieron al fuero feeral.

La jueza Servini pidió la remisión en formado digital de dos causas penales: Legajo OGA (Oficina de Gestión de Audiencias) Nº 8260 (de Fiscalía Nº 65.623 ) caratulado “Urribarri Sergio – Cardona Herreros Diego A., Smaldone Guillermo, Erbes, Luis, Haidar Carlos, Ulrich Miguel, Flores José s/ Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, más usualmente conocido como la causa “coimas”; y el Legajo OGA Nº 10059 (de Fiscalía Nº 268585 ) caratulado “Urribarri Sergio Daniel y Otros s/Enriquecimiento Ilícito”.

El presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Omar Carubia, pidió que se evacuara el pedido de la jueza Servini.

El magistrado que viene tramitando esas dos causas que involucran a Urribarri es el juez de Garantías Julián Carlos Vergara.

Este martes Vergara firmó una resolución en la que dejó sentado  en la causa coimas “este magistrado se encuentra actualmente recusado por los señores defensores del imputado Sergio D. Urribarri sin que se encuentre resuelta dicha incidencia por el respectivo Tribunal de Juicio y Apelaciones ante el cual se encuentra radicada dado que dicha recusación no fue aceptada por el suscripto (…) y que “en virtud de lo expuesto y hasta tanto se resuelva el planteo de recusación mencionado, es que me encuentro imposibilitado de autorizar o no la remisión de las copias digitalizadas interesadas por el Juzgado Federal Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 1”.

En cambio, sí dispuso la remisión a la jueza Servini de una copia digitalizada de la causa por enriquecimiento que involucra a Urribarri.

El abecé de las causas Urribarri

El 18 de abril, los fiscales Ignacio Aramerry, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull se presentaron ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y pidieron la “inmediata detención” del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, el exgobernador Sergio Urribarri, y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Los tres fueron condenados en 2022 en el marco del megajuicio: a Báez le aplicaron 6 años y 6 meses; a Urribarri, 8 años; y a Aguilera, 6 años y 6 meses.

Fue después de que el 17 de abril la Sala Penal rechazara el recurso de queja presentado por el exgobernador Sergio Urribarri contra la sentencia del megajuicio, remedio a través del cual intentó poner en cuestión la condena a 8 años de cárcel dictada en 2022 en el marco del megajuicio.  La Sala Penal rechazó “por inadmisibles  los recursos de queja articulados por los  defensores José Raúl Velázquez e Ignacio Esteban Díaz, en carácter de defensores técnicos de Germán Buffa; Raúl Enrique Barrandeguy y José Candelario Pérez, en carácter de defensores técnicos de Sergio Daniel Urribarri; Emilio Fouces, en carácter de defensor técnico de Gerardo Daniel Caruso;  Juan Antonio Méndez, en carácter de defensor técnico de Gustavo Rubén Tamay; Miguel Angel Cullen, en carácter de defensor técnico de Corina Cargnel y Emiliano Giacopuzzi; y  Marcos Rodríguez Allende, en carácter de defensor técnico de Luciana Almada y Juan Pablo Aguilera, contra la Resolución Nº 155 dictada por la Cámara de Casación Penal, Sala I, de esta ciudad, en fecha 25 de agosto de 2023, con costas”.

La decisión de la Sala Penal pone al exgobernador al borde de la cárcel: ese escenario ocurrirá si el alto cuerpo rechaza el recurso extraordinario federal para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 a 8 años de cárcel por el delito de peculado por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. Esa condena fue confirmada el 31 de mayo de este año por la Cámara de Casación Penal de Paraná, que en agosto pasado negó la impugnación extraordinaria, por lo que el caso llegó en queja a la Sala Penal del STJ.

Pero hay en marcha otras dos causas contra el exgobernador.

La Justicia debe resolver si envía a juicio otra causa, de mayor envergadura y con un pedido de condena más gravoso: 10 años de cárcel para el exgobernador. Además de Urribarri, están imputados el empresario Diego Armando Cardona Herreros, y, entre muchos otros, el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, hijo del exvocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Juan Ramón Smaldone.

Cardona Herreros, titular de la empresa Relevamientos Catastrales SA, fue contratista del Estado entre 2007 y 2015.  Para el empresario, Fiscalía pide 9 años de cárcel. Mientras, Urribarri ya tiene una condena a 8 años de cárcel dictada en el marco del megajuicio. Esa pena fue dictada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones en 2022 y confirmada por la Cámara de Casación Penal en 2023. En la causa por coimas, en tanto, Fiscalía pidió la remisión a juicio hace un año atrás pero la decisión se vio postergada por sucesivos planteos de la defensa. Las defensas habían planteado la prescripción pero la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en voto dividido, rechazó esa vía.

Hay otro proceso.

El Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio oral de una tercera causa por corrupción que involucra al exgobernador Urribarri. El dos veces titular del Poder Ejecutivo ya fue condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio; y tiene pedido de remisión a juicio en una causa por coimas, con una solicitud de pena de 10 años de cárcel.

Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano pidieron la remisión a juicio de la causa por enriquecimiento con un pedido de condena para Urribarri de 5 años y 6 meses de cárcel. En tanto, para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicado en esa investigación y rotulado como «testaferro», los fiscales solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, para un personaje menor en esta historia, Rubén Ángel Martínez, 3 años de prisión de cumplimiento condicional.

(Entre Ríos Ahora)