La Corte Suprema de Justicia rechazó por inadmisible un recurso la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que cuestionaba a través de una acción de amparo un decreto de la provincia de Entre Ríos que en 2018 dispuso una reglamentación de las asambleas del personal en los lugares de trabajo en el ámbito de la administración pública.
En 2018, el entonces gobernador Gustavo Bordet (actual diputado nacional) dictó dos decretos que imponían una serie de pautas para notificar asambleas previamente a concretarse.
Para ATE se trataba de una conducta antisindical y reclamó la inconstitucionalidad de esas normas. El Estado provincial respondió que las medidas buscaban reglar el ejercicio de la libertad sindical pero no limitarla sino garantizar la prestación regular y continúa de los servicios públicos del Estado en pos del bien común.
El juez de primera instancia rechazó la acción de amparo, decisión que fue confirmada por la Cámara Tercera de Apelaciones de Paraná. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia también desestimó la presentación sindical.
Contra esa decisión, ATE presentó un recurso extraordinario federal que llegó en queja a la Corte Suprema. Y fue desestimada por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por los jueces de la Corte Suprema, registró ANÁLISIS.