Durante el primer semestre de 2025 se registraron 22 muertes en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, según el informe semestral de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). El documento oficial expone un deterioro sostenido en las condiciones de encierro, con un predominio de fallecimientos por causas no traumáticas y un bajo promedio de edad entre los casos violentos.
Los decesos ocurrieron en 13 de las 29 unidades penitenciarias federales. El Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza concentró cinco casos, seguido por los complejos Marcos Paz y Campo de Mayo con tres cada uno. La cifra total incluye 21 varones y una mujer, y entre ellos figura un joven chileno de 21 años que murió por quemaduras.
El promedio de edad general fue de 54 años. Sin embargo, en los fallecimientos violentos (tres casos), esa media cayó a 23, lo que refuerza la preocupación por el grado de vulnerabilidad de la población más joven en contextos de encierro. El informe detalla además que 15 de las personas fallecidas estaban cumpliendo condena firme, mientras que las restantes estaban detenidas con prisión preventiva.
Uno de los ejes más sensibles del relevamiento es la responsabilidad estatal ante las muertes no traumáticas. De los 22 casos registrados, 16 fueron atribuidos a causas de salud, tres a causas violentas, y en tres no se obtuvo información suficiente para clasificarlos. La PROCUVIN impulsó una denuncia concreta por la muerte de un detenido que padecía linfoma de Hodgkin, para determinar si hubo negligencia médica o abandono.
Desde 2013, la procuraduría lleva un seguimiento sistemático de las muertes en unidades del SPF. Los datos de este año se inscriben en una tendencia preocupante: si bien en 2023 hubo un descenso a 30 muertes anuales, en 2024 la cifra volvió a aumentar a 40, y la proyección de 2025 podría superar esos registros si no se adoptan medidas urgentes. La fiscalía considera “inusual” el valor de 2023 y advierte que el incremento posterior sugiere el retorno a una media crítica.
Los datos confirman una constante: el sistema penitenciario federal continúa presentando deficiencias graves en el acceso a salud, prevención de hechos violentos y condiciones materiales adecuadas para las personas privadas de libertad. La Procuvin insistió en que cada muerte en contexto de encierro exige una investigación penal para determinar si existió responsabilidad estatal directa o indirecta.
En un contexto político que busca endurecer el régimen carcelario, el informe adquiere especial relevancia al exponer que la mayoría de los fallecimientos no derivan de hechos delictivos internos, sino de condiciones de abandono estructural. La fiscalía especializada señala que, lejos de naturalizarse, estas muertes deben ser objeto de políticas urgentes de prevención y rendición de cuentas.
