El Gobierno nacional ultima los detalles del proyecto de ley que enviará al Congreso Nacional para promover la estandarización de los escenarios epidemiológicos y facultar al Presidente y a los gobernadores a dictar “medidas de cuidado de la población” sin caer en la politización ni en judicialización de la pandemia.

El proyecto era revisado por la jefatura de Gabinete y, a pesar de haber sido ideado antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de esta semana, se constituirá como el primer acto de gobierno concreto posterior a la sentencia que fue leída por la Casa Rosada como una “declaración de guerra”.

La idea del Gobierno

El Ejecutivo propondrá una suerte de semáforo epidemiológico que fije los indicadores a partir de los cuales los distintos gobiernos provinciales no solo estarán facultados, sino también aconsejados, a aplicar distintas medidas como podría ser el paso de la educación presencial a la virtual, el tema que desató la judicialización de la pandemia.

El Presidente Alberto Fernández leyó la última versión del proyecto de ley antes del iniciar su gira europea y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, lo enviará el lunes al Congreso Nacional, según aseguraron a la agencia de noticias Télam fuentes oficiales: el texto incluirá los argumentos esgrimidos en el último decreto de necesidad y urgencia y “agregará sustentación sanitaria y legal”.

El propio Presidente adelantó el viernes último que estaba trabajando en el proyecto cuando se disculpó por encabezar un acto por zoom y explicó que estaba dedicando su tiempo a pulir el proyecto que se comprometió a impulsar “para que no sigamos teniendo los vaivenes a los que nos somete la Justicia con su peculiar modo de ver las cosas”.

“Con el envío de un proyecto de ley al Congreso y su eventual sanción (con el respectivo consenso político), el campo de acción de la justicia queda absolutamente acotado”, sostuvo un funcionario nacional en diálogo con Télam.

El fallo de la Corte

Hasta última hora del viernes continuaban resonando en el seno del Gobierno nacional los ecos del fallo de la Corte Suprema de Justicia en su posición de no acatar el DNU (ya extinguido) con el que el Presidente dispuso el cese de la presencialidad en las escuelas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por período de 15 días para buscar un aplanamiento de la curva de contagios de coronavirus.

En términos políticos, la sentencia del máximo tribunal representó para la Casa Rosada una inclinación de la Corte Suprema en favor del jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Antes y después del fallo, los voceros oficiosos de la Corte se ocuparon de resaltar que el fallo no declararía la inconstitucionalidad del DNU 241, que no ataría las manos del Gobierno nacional en relación a futuras medidas y que se expediría sobre un decreto sin vigencia.

Pero para los principales funcionarios del Ejecutivo, hacer una lectura del fallo en ese sentido denotaría cierta “ingenuidad política”.

Más allá de la reacción pública y de la lectura del fallo, en la Casa Rosada reconocieron que la cuerda se pudo haber tensado más, pero que finalmente no ocurrió: “Emitieron una sentencia que no resolvió nada y está vigente un nuevo DNU, con mayor fundamentación y sin cuestionamientos a nivel judicial”, aseguraron.

Antes de que se conocieran los fundamentos de la sentencia, cuyo resultado ya se sabían de ante mano, una jerarquizada fuente del gobierno nacional sinceró en diálogo con Télam: “Si lo que decide la Corte resulta ser un exceso vamos a enfrentarlo con un conflicto de poderes porque el año pasado nos dieron plenas facultades para dictar normativas en materia sanitaria y restringir actividades”.

El conflicto de poderes hubiera implicado desobedecer el fallo de la Corte por considerarlo una invasión a las atribuciones propias del Poder Ejecutivo, algo que podría haber escalado hasta el punto de que buscara activar el mecanismo de juicio político a todos o algunos de los jueces del supremo tribunal, un escenario para el cual el oficialismo no tiene los votos necesarios.

No obstante, voceros gubernamentales desestimaron esa posibilidad, pues el Ejecutivo considera que el fallo no tuvo efecto sobre el DNU al que no declaró inválido.

“En verdad, ese fallo de la Corte no es más que una “autopsia de un DNU que ya estaba muerto”, indicaron a Télam fuentes allegadas a la Casa Rosada.

Lo que expuso la judicialización de la presencialidad en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires fue la falta de puentes sólidos entre el Gobierno y el cuarto piso del Palacio de Tribunales, sumado a la renovada desconfianza que existe sobre uno de los cortesanos, que había adelantado, a través de distintos interlocutores, una resolución que finalmente no fue.