El entonces vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, encabezaba una línea de trabajo que proponía avanzar en la reducción de cargos y el congelamiento de salarios para la alta conducción del Estado. Junto con Marcos Peña y el propio Mauricio Macri, querían ofrecer el recorte a la sociedad como un gesto de frugalidad proveniente de la política.

La vereda de los que tenían dudas estaba ocupada por muchos otros funcionarios. Uno de ellos era Andrés Ibarra. El ministro de Modernización debía ser el encargado de implementar la medida, pero creía que iba en contra de los intereses del propio gobierno porque infundiría desánimo en funcionarios comprometidos con la gestión. Perdió la discusión y recibió reproches de sus compañeros de gabinete. Las esquirlas de su derrota llegan hasta la administración de Alberto Fernández.

La discusión que se planteó en Cambiemos se repitió el año pasado en el Frente de Todos. Sergio Massa quiso recortar 40 por ciento las dietas de los diputados para alinearlas con la escasez de un país que recibía a la pandemia. Nunca obtuvo tanto consenso en la Cámara baja como con esa medida: tanto el oficialismo como la oposición la rechazaron.

Es cierto que Juntos por el Cambio tenía su propio plan. Sus legisladores fueron más lejos que Massa y presentaron un proyecto para bajar salarios de los tres poderes, algo que terminó de fastidiar a Alberto Fernández. “No seamos hipócritas; son los que después nos llaman populistas a nosotros. No seamos demagogos y ganémonos nuestro sueldo como corresponde”, bramó contra la propuesta.

Luis Lacalle Pou, en Uruguay, avanzó con una medida como la que se rechazó en la Argentina. Fernández, en cambio, decidió predicar con el ejemplo ajeno y apoyó la creación de un impuesto a los más ricos del sector privado.

¿Cuánto cobra el presidente de la Argentina? La respuesta encierra diferencias más anchas que la grieta partidaria. Mientras los especialistas dicen que el Estado paga poco y eso genera malos incentivos para involucrarse en la administración de lo público, otro sector de la sociedad está esperando el ajuste de la política, publicó el diario La Nación, a través de un informe especial.

La polémica por los salarios públicos

Alberto Fernández tuvo una remuneración bruta de $354.694,16 en diciembre pasado, según el último dato público. En abril, ese número subió a $390.163,58, de acuerdo con su último recibo de sueldo, al que tuvo acceso el diario La Nación. Es un 10% más. A su bolsillo, sin embargo, llegaron $256.207,83 porque se le aplicaron descuentos.

El salario de Cristina Kirchner a fines del año pasado era de $328.419,59, si bien renunció a esa paga. Es posible que haya decidido sostenerse con su jubilación como expresidenta, la pensión presidencial que heredó de Néstor Kirchner y los negocios familiares.

Los salarios de los funcionarios públicos despiertan polémica desde hace años. Si se mira el recibo de sueldo de Fernández, los especialistas llegan a una conclusión unánime: es improbable que alguien quiera conducir al país solo por la paga; se trata de un empleo mal remunerado en comparación con la responsabilidad que implica.

Pero las comparaciones son odiosas: como respuesta a la pandemia, el Gobierno ordenó el año pasado una larga cuarentena que ocasionó el cierre de empresas, aumentó la pobreza e hizo crecer el desempleo. Pero los trabajadores del sector público, incluida la alta esfera, tuvieron garantizados su ingreso y su empleo.

Quienes estudian el tema creen que el problema no es la paga del Presidente, sino que su suerte se derrama sobre el resto de la administración nacional. “Que gane esto es ridículo. Pero lo peor es que un director, una persona que integra la alta dirección pública, brazo articulador del Estado con responsabilidad civil y penal, capaz de manejar cientos de miles de millones de pesos, puede ganar menos de $120.000 por mes”, pone como ejemplo Gonzalo Diéguez, director de Gestión Pública de Cippec.

La tarjeta presidencial, además, viene con beneficios ajenos al resto de la plantilla. Los gastos de la quinta de Olivos, donde Alberto Fernández está obligado a vivir por la Constitución, salen de la caja de la Secretaría General de la Presidencia.

Las facturas que vio el diario La Nación muestran que cancelar servicios, proveedores relacionados con la infraestructura y tasas municipales en Olivos salió a razón de $12,34 millones por mes entre mayo y octubre de 2020. Son casi $150 millones al año que no salen de su bolsillo.

Por lo demás, Alberto Fernández no alcanza siquiera a ser el mejor pago de su gobierno. Es probable que Mercedes Marcó del Pont (AFIP) y Miguel Pesce (BCRA) lo superen por mucho. Ninguno de esos organismos tiene datos públicos actuales, pero en 2018 el salario máximo de la entidad monetaria podía llegar hasta los $440.678,97, mientras que Alberto Abad recibió $168.230 en febrero de ese año por conducir el ente recaudador. Hasta las provincias pagan salarios similares a la Casa Rosada. El cordobés Juan Schiaretti recibió $360.889 en marzo pasado.

La máxima conducción ejecutiva también parece relegada cuando se la compara con el resto de la República. La escala salarial del Poder Judicial dice que un miembro de la Corte tenía un tope de $444.479,22 en diciembre pasado, aunque los casos específicos pueden casi duplicar ese número, según una investigación reciente del diario La Nación.

La dieta de un diputado está cerca de los $220.000, a lo que se le suman otros ítems que estiran el número hasta los $302.766,69 en la mano. Los senadores ganan más: $324.917,16. La cuenta se pone más generosa para los legisladores si se considera el presupuesto que tienen disponible para contratar asesores.

“Deberías asegurarte con datos concretos cuál puede ser un salario competitivo y estimulante en la administración pública. Pero también hay una serie de incentivos que van más allá del dinero. Ser presidente es también un honor. Y tiene que ver con el poder relacionado con el lugar que se ocupa”, asegura Germán Emanuele, director de Transparencia y Lucha de Poder Ciudadano. “La discusión es más ética que económica”, completa.

La política pierde brillo frente al metal del sector privado. Según la consultora Mercer, especializada en recursos humanos y alta conducción, un gerente senior puede recibir $499.165 por mes en el bolsillo. Es un número conservador: el presidente de una empresa nacional recibe hasta $2 millones mensuales, mientras que una persona a cargo de la comunicación de una compañía internacional está en condiciones de alcanzar los $900.000.

Otros jefes de Estado también están por encima del argentino. En Chile, a Sebastián Piñera le quedaron US$11.079 tras la quita que se hizo en medio de la pandemia, según la agencia EFE, mientras que Jair Bolsonaro (Brasil) obtuvo, sin descuentos, unos US$5.800. Y Joe Biden cobra US$33.333 mensuales en Estados Unidos. Si pudiera convertir su salario a dólares sin pagar retenciones por Ganancias ni el impuesto PAIS, Fernández obtendría unos US$ 5.159.

En otros países se repite la historia argentina. El primer ministro italiano Mario Draghi tiene un salario de aproximadamente US$ 8.074. Es un número inferior al que perciben diputados y senadores italianos. Mejor pago está Emmanuel Macron (Francia), quien gana un salario bruto cercano a los US$ 18.252. En todos los casos hay que considerar otras variables, como los precios de cada país.

La inflación no discrimina

Además, el poder adquisitivo del Presidente ha caído en el último tiempo. La suba salarial estuvo por debajo de la inflación incluso en 2019, cuando Mauricio Macri tuvo un aumento de sueldo de 51%, en parte para compensar el magro 4% del año anterior. Allí se ven los efectos de la discusión en Juntos por el Cambio.

Si bien Fernández rechaza los recortes, se aplicó a sí mismo la vieja fórmula de los economistas: ajustar es subir menos que el resto de los precios. El año pasado, el Presidente tuvo una recomposición del 8%. En la otra punta estuvieron gremios como los de gaseosas y químicas, con mejoras superiores al 50%.

Con un recibo de sueldo se puede organizar el Excel personal de cualquier ministro. Por ejemplo, Jorge Ferraresi, titular de Hábitat, cobra $312.645 de salario bruto, lo mismo que casi todos sus compañeros de gabinete. Sobre eso pesan descuentos: $22.919,30 de jubilación, $6.250,72 para la obra social, la misma cantidad para el PAMI, el seguro de trabajo por $3,80 contratado con La Caja y $71.611 de impuesto a las ganancias. En diciembre del año pasado, según los documentos que obtuvo LA NACION, le llegaron $218.127 netos.

Entre los colaboradores más cercanos de Alberto Fernández, quizás nadie tenga más motivos para el enojo que Felipe Solá. Si bien gana lo mismo que el resto de los ministros, el ex canciller Jorge Faurie era el mejor pago del gabinete de Macri porque eligió seguir cobrando su sueldo como embajador. El actual canciller resignó casi un 60% de los ingresos en comparación con su antecesor.

El costo oculto

El recibo de sueldo del presidente desnuda las debilidades de todo el sistema laboral del Estado. La paga, baja en términos comparativos, alumbra un término de uso frecuente entre quienes estudian estas cosas: burocracia patrimonialista. Se trata de una manera prolija de decir que puede llegar a la conducción del país quien tiene plata para financiar con otros ingresos su paso por la política. Eso deja fuera de la competencia a otras personas solo por el hecho de tener menos dinero.

Los últimos casos le dan contenido al término. Antes de ganar las elecciones, Alberto Fernández les prestaba servicios a empresarios millonarios, como Cristóbal López y Sebastián Eskenazi. Y sus amistades le aseguraban un techo. Literalmente. Enrique “Pepe” Albistur, exsecretario de Medios de Néstor Kirchner, le prestaba un departamento en el piso 12 del edificio River View, en Puerto Madero.

Mauricio Macri, que donaba su sueldo, nació en cuna acomodada, mientras que Cristina Kirchner se definió como una abogada exitosa incluso antes de que los negocios inmobiliarios de la familia acrecentaran su prosperidad.

“¿Queremos un reclutamiento plutocrático de los funcionarios? ¿Es decir, que pueda hacer política el que ya está salvado?”, se pregunta Diéguez.

La contracara de la remuneración oficial dispara sospechas infames. Si la paga del Estado es tan mala, ¿por qué hay gente que decide trabajar ahí? Cualquier respuesta de los especialistas es inquietante: por militancia o por conveniencias de otro tipo. En este último grupo se ubica la facilidad para hacer cosas en beneficio propio cuando se ocupa una silla en representación del interés colectivo.

Algunos recibos de sueldo del gabinete nacional

Fuentes consultadas: Asignación Salarial de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Nacional de la Jefatura de Gabinete, copia del recibo de sueldo de Alberto Fernández, copia del recibo de sueldo de algunos ministros y elaboración propia en base a datos provistos por el Indec.