El crimen organizado y la violencia social pueden crecer con esta medida de Milei.
Tres disparos mataron a Alfredo Marcenac. Uno en la cabeza y dos en el pecho. Lo dejaron tumbado instantaneamente sobre una vereda de Avenida Cabildo mientras caminaba con amigos. Era un estudiante de 18 años que fue alcanzado por los balazos que el asesino Marcelo Ríos lanzó en pleno barrio porteño de Belgrano el 6 de julio del 2006. Hoy, a casi 20 años del hecho, su madre Mónica se pregunta qué hubiera pasado aquel día si el hombre que mató a su hijo e hirió a otras 11 personas hubiese tenido en sus manos un arma de alta peligrosidad como las que el Gobierno autorizó para civiles recientemente a través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial.
En sus publicaciones, lanzadas en junio pasado, el Gobierno Nacional flexibilizó la normativa sobre armas de fuego para uso civil y modificó los requisitos de tenencia en las fuerzas de seguridad. El primero de ellos, el decreto 397/2025, lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y Patricia Bullrich y establece que desde ahora los particulares podrán solicitar autorización especial para adquirir armas semiautomáticas alimentadas con cargadores removibles, así como carabinas y subametralladoras derivadas de armamento militar de calibre superior al .22 LR.
Este tipo de armamento estaba restringido al uso exclusivo de las Fuerzas Armadas según el decreto 64/1995. Sin embargo, los considerandos de la nueva norma señalan que el régimen anterior restringía “al mínimo la concesión de tales permisos”, explicó el blog especializado Palabras del Derecho. Además, se habilita la utilización de estas armas para actividades deportivas y se designa a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) como autoridad de aplicación para el control especial de este tipo de armamento, publicó elDiarioAR.
Además, el 20 de mayo, el titular de ANMAC, Juan Pablo Allan, anunció la Tenencia Digital Express “para hacer todo el trámite online, sin papeles ni vueltas, y dentro de las 72 hs”. La medida fue festejada por Bersa, la fábrica de armas más grande del país en su cuenta de X.
Por otra parte, mediante el decreto 409/2025, también firmado por el Presidente, el Jefe de Gabinete y la Ministra de Seguridad, se introdujeron cambios en la Ley de Armas y Explosivos N° 20.429. La modificación desregula los controles sobre la adquisición de armas particulares por parte del personal de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, servicios penitenciarios y policías provinciales.
Hasta ahora, quienes portaban armas de guerra debían renovar su autorización cada año. Sin embargo, el Gobierno argumentó que realizar este trámite anual representaba “una carga excesiva” para los efectivos, y que las propias autoridades institucionales son “las más indicadas para evaluar si sus subalternos han adquirido o mantienen las condiciones necesarias para el uso de armas, en la categoría de la que se trate en cada caso”.
Según el texto oficial, cuando una fuerza autoriza la entrega de un arma a un efectivo significa que ya se lo considera “física y psicológicamente apto para asumir la responsabilidad de su tenencia y portación”. Por lo tanto, si el mismo efectivo adquiere otra arma de forma particular, “su situación no cambia respecto del grado de responsabilidad”.
En palabras del Poder Ejecutivo, la intención de estas medidas es “desregular y simplificar los trámites necesarios para el registro legal de las armas de fuego”, agregó Palabras del Derecho.
“Esto nos generó una profunda preocupación”, dijo a este medio Mónica Marcenac, madre de Alfredo o “Freddy”, como ella le decía a su hijo. “Habilitar la circulación de armas de al peligrosidad, de mayor calibre, con mayor capacidad de daño en un mercado legal con escasa posibilidad de control y, además, con una tendencia, que parecería que se está instalando, a la idea de que cualquiera puede tener un arma para proverse seguridad resulta alarmante porque sabemos, por un lado, que va a ser una tentación y casi un regalo para el crimen organizado que, en definitiva son los que terminan demandando estas armas y, por el otro, que significa peligro”, agregó.
Desde el día que aquellos disparos le asaltaron la vida a su hijo, Mónica y su marido Adrián —fallecido en 2024— dedicaron todo su tiempo a trabajar en la conscientización y la legislación contra la libre portación de armas. Se involucraron en el tema y entendieron su pérdida como parte de un problema social que con trabajo puede resolverse.
“Esto no era una demanda de la sociedad civil. No había nadie que pidiera por la tenencia de este tipo de armas. Entonces, se genera un mercado que no era necesario. No pensar en las consecuencias que esto puede ocasionar es una actitud muy riesgosa”, advirtió Mónica que enumera como potenciales problemas “un impacto en la sociedad”, “el fomento de la cantidad de armas que circulan”, “el riesgo de que las armas peligrosas puedan llegar a las manos del crimen organizado” y “la contribución a la idea de que las armas son objetos que cualquier persona puede tener al alcance de la mano”.
“Es un avance a nivel cultural muy lamentable porque los cambios que se dan en ese orden después tardan mucho tiempo en volver atrás. Nosotros sabemos el valor de la vida y también sabemos el dolor que produce la muerte, sobre todo el de aquellas que podrían haber sido evitadas cuando se trata de armas de fuego y un Estado que debe controlar y desalentar el acceso a ellas”, subrayó Mónica.
Como en Estados Unidos: advierten que flexibilizar armas potenciará la violencia y al crimen organizado
Las decisiones activaron alertas de organismos de derechos humanos y por el desarme. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) en conjunto con la Red Argentina para el Desarme difundieron un comunicado en el que preguntaron: “¿A quién le sirve la desregulación del mercado de armas?” y recordaron que “hace diez años, en plena campaña presidencial del 2015, todo el arco político logró un acuerdo en el Congreso y votó, prácticamente por unanimidad, la creación de la ANMAC, en reemplazo del viejo RENAR creado en 1973” con el objetivo de “superar el viejo paradigma meramente registral para pasar a una agencia moderna basada en el concepto humanista de prevención de la violencia armada”.
Pero, como marcaron los organismos, “a través del Decreto 445/2025, el Presidente Milei derogó la mitad de esa ley, eliminando esa función de prevención y control de la ANMaC”. Según ellos, “con esta decisión, Argentina retrocede al modelo de 1973: un Registro Nacional de Armas (RENAR) pasivo, sin capacidad legal para implementar una política activa de prevención y control de las armas de fuego”.
La medida, en palabras del Inceip, “imita lo peor del modelo estadounidense y promueve una sociedad armada”, algo que desde esta mirada “facilita que cualquier conflicto social pueda terminar a los tiros”, “que niños y niñas estén más expuestos a balaceras, masacres escolares o accidentes con armas”, “que el crimen organizado acceda con mayor facilidad a armamento, incluso superior al que poseen las policías”, “que las víctimas de violencia de género sufran más femicidios y amenazas con armas de fuego”, y “que aumente el riesgo de suicidios y accidentes con armas disponibles en los hogares”.
Julián Alfie, abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), subdirector Ejecutivo del Inecip y miembro de la Red Argentina para el Desarme consultado por elDiarioAR consideró: “Todo esto se enmarca en una política gradual, pero clara y permanente, del Gobierno hacia aquello que Milei había anunciado explícitamente que era su postura cuando era diputado nacional. Decía que estaba definitivamente a favor de la libre portación de armas de fuego para cualquier persona. Luego, durante la campaña presidencial había tenido que matizar un poco estas declaraciones ante las encuestas que mostraban la masiva oposición de la ciudadanía a esa clase de políticas”.
“Afortunadamente, en Argentina hay una clara conciencia en la enorme mayoría que entiende que la libre portación de armas de fuego, lejos de brindar más seguridad, solo genera más riesgos, más violencia y más muertes”, agregó aunque advirtió: “Desde que asumió el Gobierno, pero sobre todo en los últimos meses, se han ido tomando estas medidas que son pequeños pasos rumbo a un panorama de flexibilización e, incluso, liberalización”.
Para Alfie, “esta medida que incluye la habilitación del uso de fusiles semiautomáticos para civiles o, mejor dicho, la flexibilización de algo que estaba totalmente prohibido por decreto desde la década de los '90 en Argentina es una de esas tantas que van en el sentido de favorecer los intereses del pequeño grupo de usuarios de armas de fuego que hay en Argentina y los de las empresas que las fabrican”.
En el caso de la habilitación para civiles de fusiles semiautomáticos, “implica la habilitación de un tipo de armas que en el mundo se ha ido restringiendo porque son las armas que se usan típicamente para balaceras masivas, y para, sobre todo, masacres escolares. Por ejemplo, es el tipo de armas que se usó en el intento de asesinato de Donald Trump el año pasado y que se restringe en el mundo justamente por eso, porque facilitan mucho la comisión de este tipo de masacres masivas”, explicó.
