El documento sostiene que los inventores de semillas transgénicas no tienen derecho a usar el nombre de la semilla natural, es decir: pide que se les prohíba usar el sustantivo “maíz” para denominar organismos modificados, con el fin de evitar confusiones. Además, insiste en que la manipulación genética y el cultivo con agrotóxicos están poniendo en riesgo la salud de vegetales y animales, entre ellos la especie humana, y llama a crear en la región litoral un reservorio libre de organismos genéticamente modificados -OGM-.
Según publicó Recintonet, la Declaración lleva al pie numerosas firmas, algunas de estudiosos de conocida trayectoria en el medio, y miembros de centros de estudios, gremios de trabajadores, programas de extensión universitaria y organizaciones ecologistas. La avalan estudiantes, obreros, gremialistas, docentes, economistas, escritores, ecologistas, periodistas, artistas, investigadores, cooperativistas, profesionales de diversos rubros, y militantes sociales y culturales de la región litoral.
Los firmantes se muestran confiados en que el avance de la conciencia sobre los derechos ligados al maíz “servirá de tracción para la liberación de todas las semillas y para la soberanía alimentaria”. Dicen que el texto será difundido en universidades, organizaciones ambientales, legislaturas e instituciones diversas, y tomado como base para los estudios y debates en torno de los transgénicos, las patentes sobre las semillas, la producción con agroquímicos a escala y la relación del hombre con la tierra y la biodiversidad.
Los impulsores
La Declaración fue firmada por miembros del centro de estudios Junta Americana por los Pueblos Libres (JAPL), la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) seccionales Paraná y Federación, el Programa de Extensión “Por una Nueva Economía, Humana y Sustentable” (cátedras de Economía y Periodismo Económico) de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, el Foro Artiguista Entrerriano, el Foro Ambiental Waj Mapu, el Grupo de Reflexión Ambiental Mingaché, y personas particulares.
Fuertemente anticapitalista, el documento ataca, sin nombrarla, a la empresa Monsanto, principal beneficiaria del sistema de patentes, transgénicos y uso de herbicidas e insecticidas a escala continental, y a otras similares que acaparan el negocio de venta de semillas (como Cargill), patentes, sustancias químicas e impulsan el sistema de producción mediante pooles especulativos. El texto llama a “reconocer el derecho de los pueblos a defenderse contra la codicia que está acelerando el camino a la destrucción de los alimentos y la vida”.
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