Por G.A.A.
(Especial para ANALISIS)

En la postulación del juez federal Ariel Lijo a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el periodista Carlos Pagni –diario La Nación- encuentra una convergencia, o incluso y peor aún, llega a insinuar un pacto del que participan los principales dirigentes del sistema político argentino, incluido el propio Presidente de la República, Javier Milei.

El acuerdo consistente en, básicamente, converger en la conveniencia común de los dirigentes políticos que ejercen y han ejercido el poder institucional argentino, en promover un candidato a integrar el más importante tribunal de la Nación que carece, manifiestamente, de las condiciones morales para tal función. La demostración de la existencia de la convergencia es el alineamiento con la postulación de un ensordecedor silencio de la oposición. Cristina Fernández se mantiene estoicamente silente mientras el jefe de los radicales, Martín Lousteau, deshoja la margarita ante un hecho político que por su importancia exige su pronunciamiento. De Mauricio Macri, como todo parece indicar que no podría ser de otro modo, ni noticias. Solo Elisa Carrió impugnó al candidato por sus antecedentes, o mejor dicho, por la ausencia de pedigree moral suficiente para tan encomiable tarea.

La reciente elección y posterior designación como Presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos –tribunal que juzga jueces y fiscales provinciales, entre otros funcionarios, no sometidos a juicio político– de la senadora por el departamento La Paz y esposa del intendente de Santa Elena, Patricia Díaz de Rossi, parece indicar que las convergencias silenciosas del sistema político nacional para cubrir cargos con personas que no cumplen mínimas exigencias morales, exceden los límites de la Nación y llegan por estas latitudes.

Díaz y su esposo Rossi están siendo investigados y juzgados por las probables comisiones de delitos en perjuicio de la administración pública. Básicamente, Díaz no cumple con el requisito moral de desinterés en enjuiciar a jueces y fiscales, porque básicamente ella está siendo actualmente investigada por fiscales. La experiencia común indica que quien es investigado carece de habilidad moral para enjuiciar a su investigador.

Pero ni Díaz nació de un repollo ni llegó a presidenta del Jurado de Enjuiciamiento por designación divina. La eligieron, a pesar de su manifiesta inhabilidad para ocupar el cargo, sus pares, los senadores peronistas con la anuencia silenciosa de sus colegas del PRO sumado al silencio radical y al mutismo del gobernador Rogelio Frigerio, cual tero parlotea transparencia y honestidad por un lado mientras pone los huevos a lo lejos. El sindicato de jueces entrerrianos, tan misterioso como lamentablemente, se despertó de su siesta eterna cuando el fuego quemaba el rancho. Un día antes de que empiece el juicio que lo tiene por acusado a Rossi y luego que Díaz fuera postulada por sus pares y elegida presidenta del Jurado de Enjuiciamiento recién se preguntó por sus condiciones para tal cargo.

El sistema político entrerriano acredita una prosapia notable en materia de convergencia silenciosa. Silencio hubo cuando Jorge Busti promovió y designó al fiscal de la ciudad de Concordia durante la dictadura al Superior Tribunal de Justicia, socio de su estudio jurídico, Daniel Carubia. Silencio del arco político entrerriano se produjo frente a la designación de la abogada personal de Sergio Urribarri y el propio Busti, Claudia Mizawak, para integrar la Sala Penal del máximo tribunal provincial. Silencio y aprobación fue la respuesta de la oposición frente a la elección de la pareja de quien fuera exfuncionario urribarrista y presidente de la Cámara de Diputados Angel Giano, Gisela Schumacher. Ninguna de tales designaciones hubiese pasado el tamiz controlador de la pureza de las relaciones exentas de intereses particulares que primen sobre los sociales en los candidatos para aquellas democracias que se enorgullecen de transparentes e institucionalmente honestas. Así seguiremos descendiendo del tercer mundo al inframundo institucional.

Los resultados del silencio convergente están a la vista y de sus consecuencias se benefician todos los integrantes del arco político local. Fiscales, jueces, auditores débiles y dependientes producen sentencias, acusaciones, auditorias débiles. Numerosas y conocidas son las decisiones firmadas por Carubia y Mizawak destinadas a favorecer a los funcionarios públicos enjuiciados por corrupción. Y a ambos se sumó Schumacher, para descabezar de un plumazo a quién los investigó, Cecilia Goyeneche.

Conclusión, la convergencia silenciosa, lejos de ser inerme, genera sus frutos. En una democracia como la entrerriana, en donde los funcionarios acusados por corrupción abundan, la impunidad les conviene a todos.