Al momento de defender la iniciativa cuyo despacho se logró unificando las propuestas de los diputados Jorge Busti (Peronismo Federal-Concordia) y Ana D´Angelo (Encuentro Amplio-Paraná), Bescos señaló que “este proyecto va en defensa de los intereses de los trabajadores de la administración pública y no en detrimento de ninguna institución” y destacó que “la protección del trabajador del sector privado ha sido ampliada al disponerse una modificación de la ley de Contratos de Trabajo, que establece que el pago de remuneraciones por acreditación en cuentas abiertas a nombre del trabajador en entidades bancarias, no podrá tener costo alguno”.
Explicó que la norma en tratamiento, “pretende garantizarle al sector publico provincial que la constitución, mantenimiento, extracción y debito de fondos no tengan ningún tipo de límite ni de costo, y en cuanto a las extracciones por cajero automático el titular de la cuenta y el banco podrán pactar un límite para evitar inconvenientes relacionados con la seguridad”.
Aclaró que “el marco normativo de este proyecto es la ley nacional 26.590 que modifica el artículo 124 de la ley de Contrato de Trabajo permitiendo que el sector privado liberara de gravámenes sus operatorias bancarias” y solicitó el acompañamiento de sus pares.
Por su parte, D ´Angelo resaltó que “la modificación de la ley de Contrato de Trabajo que realizó el Congreso de la Nación, hace que en esta Cámara tengamos que tomar una decisión absolutamente justa y necesaria ya que se pone en desigualdad de condiciones al trabajador del sector privado con el del sector público”.
También aclaró que con la iniciativa “no se está yendo contra nadie ni quitándole nada a nadie porque a través del contrato de agente financiero que tiene el Estado provincial con el Banco de Entre Ríos le paga por el servicio que presta para que los empleados activos y pasivos de la provincia, cobren su salario”.
“Lo que estamos haciendo es asegurar la intangibilidad, la integrabilidad y la propiedad del salario, porque el recibo de sueldo del trabajador tiene los descuentos de ley, pero de ninguna manera el banco tiene ningún derecho a hacerlos”, sentenció. “Es una medida absolutamente justa que ojalá sea tratada y aprobada por el Senado de la provincia para que los empleados y pasivos tengan los mismos derechos que los trabajadores privados”, concluyó.
Desde la oposición de la Unión Cívica Radical (UCR), el diputado José Artusi, adelantó el acompañamiento de su bloque ya que “tiende a defender los intereses de los trabajadores” y bregó para que se dé una solución definitiva al tema.
El proyecto
El texto del proyecto que se aprobó por unanimidad propone que “la constitución, mantenimiento, extracción y débito de fondos que realicen los empleados de la administración pública centralizada y descentralizada, así como de los organismos autárquicos y sus dependencias, en las cuentas bancarias individuales dispuestas por el agente financiero para abonar los sueldos del sector público, no tendrá costo alguno para el empleado público, ni límites en la cantidad de extracciones ni en el monto de las mismas, ni en las operaciones de débito”.
Y además ordena que “todo beneficio social y pensiones no contributivas que otorgue u otorgare la provincia en el futuro y los pagos de cuotas alimentarias que para su percepción requiera de la apertura y mantenimiento de una cuenta corriente bancaria en el banco de la provincia o en el agente financiero” que tampoco podrán “tener límites de montos a extraer ni del número de extracciones”.
Proyectos de resolución
- Reforma política y fecha de elecciones
Al momento de aprobar los proyectos de resolución, el diputado Eduardo Jourdán (PF-Colón) se refirió al proyecto 18.174 –que se aprobó por unanimidad- que “tiene que ver con la baja calidad institucional de la provincia” y cuestionó que “desde la Comisión de Asuntos Constitucionales hemos solicitado reunirnos con el Ejecutivo, que elude y niega el diálogo sobre la reforma política, incluida la fecha de elecciones en la provincia”.
“El ministro de gobierno (Adán) Bahl tuvo la posibilidad de acordar con todos los bloques en la comisión que presido, pero han preferido las reuniones entre ellos, las de gabinete, poniendo en claro la falta de consideración hacia la Legislatura que reiteradas veces le ha propuesto dialogar para avanzar”, criticó el legislador.
Consideró que ello se debe “al desconocimiento que tienen acerca de los poderes constituidos del Estado” y aclaró que “la determinación de la fecha tiene que estar a cargo de la Legislatura entrerriana y la convocatoria a elecciones tiene que estar a cargo del Poder Ejecutivo provincial”.
En ese marco, se manifestó “preocupado” porque “pasa el tiempo y está ocurriendo algo muy parecido al escenario del gobierno de 2003, donde había una sola persona que sabía cuándo se iban a realizar las elecciones y bajo qué ley”.
Al respecto, aseveró que “este proyecto tiene la idea de poner en consideración pública que no se puede habar de calidad institucional en esta provincia cuando no hemos podido avanzar en los proyectos que los diputados –de distintos bloques- hemos presentado acerca de la reforma política o la determinación de la fecha de las elecciones”.
“Se entiende que el gobernador y sus ministros deban recorrer la provincia en helicóptero anunciado obras, como ocurrió hace pocos días en Gualeguaychú, pero estoy cada vez más preocupado porque transcurre el tiempo y los entrerrianos carecemos de calidad institucional. Por eso este proyecto de resolución, para exigirle al gobierno que cumpla con la Constitución y que abra el diálogo”, sentenció.
“Necesitamos establecer calidad institucional, necesitamos llenar este vacío institucional al que nos está llevando este gobierno, necesitamos encarar un diálogo serio a través de la Legislatura”, afirmó Flores, y puso a disposición todos los proyectos de reforma política que presentaron los diputados de todos los bloques.
“Sólo abogamos por el diálogo, la legislatura tiene muchos proyectos de distintos legisladores pero ni uno solo enviado por el gobierno. Creo que es hora que se dejen de rehuir a esta herramienta fundamental de la democracia, del sistema republicano, como es el diálogo, herramienta a la que no es muy adepta esta gestión”, concluyó.
- Protesta en el Hospital San Martín
El presidente de la Cámara, Jorge Busti (PF-Concordia), bajó a su banca para fundamentar el proyecto de resolución 18.179 y en ese marco aclaró que “miente el ministro de salud de la provincia (Ángel Giano) cuando dice que algún miembro del bloque del Peronismo Federal promovió el conflicto en el Hospital San Martín”.
“De ninguna manera, y lo saben los trabajadores, ninguno de nosotros fue a promover ningún conflicto. Como caja de recepción de los problemas entrerrianos, a esta Cámara vienen todos los que tienen algún problema. Han venido ambientalistas, productores agropecuarios, y así –surgido el conflicto- vinieron los trabajadores”, señaló.
“No pretendemos sustituir a ningún gremio en particular, ni a la CGT, simplemente cumplimos con nuestra labor, y así es que -producto del diálogo con los trabajadores- surgió este proyecto de resolución”, afirmó Busti, y detalló que en la iniciativa se solicita “al Poder Ejecutivo provincial que revoque el decreto 2845/2010”, dispuesto por el Ministerio de Salud de la provincia el 26 de agosto, y que “deje sin efecto el sumario administrativo en contra de los agentes Viviana Cristina Costa, Leandro Carlos Dalinger, José María Navarro, Esteban Enrique Olarán, Horacio Romeo Sayes y Néstor Raúl Terranova, todos ellos dependientes del hospital San Martín de Paraná”.
En los artículos segundo y tercero solicitan al gobierno que “no criminalice la protesta social y se abstenga de radicar denuncia penal o de constituirse como querellante, en caso de que la denuncia ya haya sido efectuada” y que “deje sin efecto los traslados de los empleados sumariados”.
Agregó que “el artículo cuarto pide al Poder Ejecutivo que cese en la práctica desleal consistente en la adopción de represalias contra los trabajadores en razón de su participación en medidas legítimas de expresión de la protesta social”.
En ese marco, el legislador aseguró que “el conflicto es parte de la democracia, y la única manera de solucionar un conflicto gremial es a través de un diálogo, de sentarse en una mesa, de debatir y discutir profundamente”. “Esto se puede hacer y se tiene que hacer”, consideró.
Al respecto, hizo un detalle de algunos logros de su gobierno: “Quiero recordar que producto del diálogo del 2003 al 2007 se reincorporó a todos los despedidos de la ley 9.235; se dictó la ley de enfermería y además se la reglamentó. En el año 2005, producto de la negociación con los gremios, se regularizaron en todos los hospitales las funciones establecidas en la ley de enfermería según el nivel de complejidad. Producto de la negociación con los gremios, se estableció el horario rotativo y se comenzó a pagar el adicional por función que desde el año 1991 no se pagaba. Producto de la discusión y negociación con los gremios en diciembre de 2004 se igualaban los sueldos de los suplentes al de los titulares. Además se pasaron más de 3.000 contratados a planta permanente en Salud y se designaron todos los jefes de departamento y divisiones en los hospitales de la provincia”.
Al terminar, aclaró que con este detalle intentó “recordar que lo que debe volver es el método de la negociación, de la discusión, del debate, lo cual lleva tiempo, indudablemente”. “El que está en representación del Estado debe mirar por el conjunto de la provincia y los representantes de los trabajadores por defender los derechos e intereses de los mismos. Se debe buscar un punto común, pero indudablemente en cualquier democracia del mundo el conflicto existe, pero el conflicto sólo se soluciona por el diálogo. Acá fracasó el diálogo, acá era más fácil para el ministro de Salud –en su inoperancia- decir que miembros del bloque del Peronismo Federal eran los que fomentaban este conflicto y no ir al fondo, hacer una mesa de diálogo y buscar una solución”, reflexionó.
“Este es el sentido de este proyecto de resolución; el único objetivo es darle tranquilidad a los trabajadores. Hemos pasado muchos conflicto en la provincia de Entre Ríos, pero jamás se criminalizó la protesta social, y jamás se sancionó a los trabajadores por una protesta. Por lo tanto, queremos volver a las tradiciones democráticas –por lo menos en los gobiernos peronistas- y que las cosas se encaucen como se tienen que encausar”, concluyó el ex gobernador.
