En el proyecto, al que accedió RecintoNet, Díaz precisó las características de las Zonas Ecológicas Económicas Uniformes, como los criterios para limitar las superficies de las unidades económicas zonales de tierra firme rural, y exceptuó las que están ubicadas en Zona de Islas, Predelta y Delta, las cuales tendrán una superficie única e invariable de 1000 hectáreas como unidad económica zonal.
El senador de San Salvador puntualizó, a su vez que “en el fraccionamiento de los predios rurales, a los efectos de preservar su productividad en función del interés general de los pobladores y todo acto de disposición que sea a título de venta, donación, dación en pago, permuta, división de condominio, o cualquier otro acto jurídico que se realice sobre subdivisión de inmuebles rurales en la provincia, como así también las operaciones que se efectúen en causas judiciales y que comprometan bienes de esta clase, no podrán ser válidamente autorizados por los escribanos públicos de registro ni aprobados por los jueces intervinientes, si como consecuencia de los mismos surgen bajo cualquier forma jurídica, parcelas cuyas superficies no representen por lo menos, una unidad económica productiva zonal”.
Sin embargo, enumeró los casos en los que sí se puedan hacer fraccionamientos y subdivisiones y los requisitos y profesionales intervinientes en ese tipo de acciones.
En los fundamentos del proyecto, el senador advirtió que “vivimos en nuestra provincia un evidente proceso de concentración de la propiedad de la tierra, lo que atenta directamente contra el arraigo de los productores”. Y asentó sobre indicadores oficiales su posición ya que “en 1988 la provincia contaba con 27.132 explotaciones agropecuarias, de 228 hectáreas promedio cada una, ya en 2002 ese número se había reducido a 21.577 explotaciones con 294 hectáreas promedio y actualmente, según los datos preliminares del censo nacional agropecuario del 2008, la provincia cuenta con 17.716 explotaciones con una extensión promedio de 392 hectáreas.
Es decir, entre 1988 y 2002 desaparecieron 5.555 explotaciones y se incrementó el promedio de hectáreas por explotación en un 29 por ciento. Más alarmante es – dijo – que se acentúa aún más esa tendencia en los últimos seis años registrados, donde dejaron de existir 3861 explotaciones y se incrementó el promedio de hectáreas por explotación en un 34 por ciento”.
“En paralelo y como consecuencia a la concentración de la tierra productiva en Entre Ríos, podemos ver la expulsión de las poblaciones del ámbito rural”, denunció Díaz y también demostró que la población rural en 1960, que según el Censo del mismo año, alcanzaba el 50,54 por ciento de la población total de la provincia.
En cambio, según las proyecciones oficiales, en 2006 la misma sólo representaba el 15,38%. Además, podemos señalar que Entre Ríos es una de las provincias que más expulsa a sus habitantes, ya que según las estimaciones del INDEC, en el quinquenio 2001-2005 migraron de Entre Ríos 14.455 personas”, mostró el senador.
Qué dice la Constitución
El artículo 86 de la Constitución reformada en 2008 dice que “La provincia promueve la unidad económica productiva mediante leyes que contemplen el arraigo del productor entrerriano, el crecimiento y desarrollo progresivo de las actividades productivas locales y el estímulo de la tenencia de la tierra por sus residentes. La legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuas o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas. Resguardará el orden público en relación con la adquisición de inmuebles rurales por personas físicas o jurídicas extranjeras no residentes en el territorio nacional”, concluye el artículo.
