En agosto pasado, el Senado de la Nación convirtió en ley un proyecto que reconoce el derecho de las personas privadas de su libertad a la educación pública, así como instaura la obligatoriedad escolar en las cárceles y que crea un régimen de estímulo para los internos, a quienes se le resta tiempo de prisión por completar sus estudios.
“En realidad la veníamos cumpliendo por anticipación, porque en todas las unidades tenemos escolaridad obligatoria y depende del CGE que es lo que marca la nueva ley”, comentó Pascual. “Lo que no cumplíamos porque no estaba en la legislación era el beneficio al interno en función del grado de escolaridad que alcance estando dentro de las unidades penales”, admitió en declaraciones a APF.
“En el corto plazo” según prometió, la conmutación de penas por estudio comenzará a aplicarse en la provincia. Los primeros beneficiados serán “cuatro internos de Gualeguaychú” que llevaron el planteo al Juzgado de Ejecución de Penas para que lo efectivice, relató Pascual.
La norma nacional modifica la ley 24.660 -de ejecución de la pena privativa de la libertad- y se propone forjar una transformación significativa en la población carcelaria que tiene niveles de instrucción muy bajos.
La ley -conocida como de estímulo educativo para presos federales- es “retroactiva, dijo Pascual y adelantó que están en estudios los casos de internos que podrán gozar de este beneficio.
