La iniciativa sobre financiamiento de los partidos cuenta con dictamen favorable desde el 25 de abril pasado, y en el recinto debe ser aprobada con mayoría absoluta -129 votos-, aunque Cambiemos lograría superar ese piso con alrededor de 150 votos.

A la hora de la votación en general, el oficialismo contará con el apoyo de Argentina Federal y del Frente Renovador, mientras que el Frente para la Victoria-PJ -que en el Senado se ausentó- no aportará al quórum este miércoles, y votará en contra del proyecto.

Dentro de la coalición oficialista, la Coalición Cívica también acompañará en general, pero votaría en contra del artículo que permite los aportes privados a las campañas, debido a una posición histórica del partido de Elisa Carrió.

Uno de los objetivos principales del proyecto, motivado por la causa de los “cuadernos de las coimas”, es la bancarización de los aportes de campaña. El donante deberá acreditar su identidad, y los bancos o administradoras de tarjetas de crédito o débito deberán informar al partido beneficiario quién fue el aportante.

A su vez, las personas jurídicas podrán, a partir de esta ley, aportar a las campañas, con un tope del 2 por ciento de los gastos autorizados. No podrán donar los entes centralizados y descentralizados de los tres niveles del Estado; personas que exploten juegos de azar; ni contratistas de obras públicas, entre otros casos.

Se mantendrá también la prohibición actual para los gremios, a pesar de que el peronismo intentó en el Senado, sin éxito, permitir los aportes sindicales. La modificación pretendida por el interbloque de Miguel Pichetto no alcanzó la mayoría absoluta, por lo que terminó prosperando la versión de Cambiemos, publicó Parlamentario.

Los partidos deberán presentar ante la Justicia electoral una lista completa de las personas humanas y jurídicas que hayan realizado aportes, detallando datos de identificación personal, identificación tributaria, monto y fecha del aporte. Ese informe será auditado por el cuerpo de auditores de la Cámara Nacional Electoral.

El proyecto también regula, por primera vez, la campaña digital, a través de la creación de un registro de las cuentas oficiales de los candidatos y sus partidos en las redes sociales. Asimismo, se legisla sobre las encuestadoras, que deberán inscribirse también en un registro, y tendrán que informar quién las contrata y cuánto facturan por sus trabajos.