En ambas causas, que se abrieron cuando Área Paraná ingresó en etapa de juicio, el juez federal Gustavo Zonis había dispuesto en un principio la aplicación del Código Procesal vigente en la actualidad. Dicha decisión fue apelada por los fiscales y el jueves se realizó una audiencia ante la Cámara, integrada por Daniel Alonso, Cintia Gómez y Gustavo Ibañez, que terminó revocando esa resolución.

Durante la audiencia, el fiscal general Ricardo Álvarez sostuvo que no se trata de nuevos hechos sino que son los mismos delitos investigados en la causa madre, pero que fueron separados en oportunidad de cerrarse la instrucción. Y por esta razón debía mantenerse la aplicación del mismo Código.

Según informó Uno, el abogado querellante Álvaro Piérola, por su parte, mantuvo la posición original de las víctimas del terrorismo de Estado y familiares, que se viene reclamando desde 2003, es decir la aplicación del procedimiento oral vigente en el presente. Para esto se basó en la necesidad de que estos juicios tengan difusión, porque “hacen a la posibilidad cierta y concreta de construir una comunidad distinta, donde los delitos de lesa humanidad queden en la historia para ser recordados sobre lo que no hay que volver a repetir”.

A pesar de esto, la querella entendió que el debate procedimental es un camino ya recorrido, donde oportunamente se llegó hasta la Cámara Nacional de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en esas instancias se favoreció la posición de los abogados de los represores. Por razones de “utilidad” se adhirió al planteo del fiscal Álvarez.

Causa Díaz Bessone

Los abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y de la Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas acusarán por el delito de genocidio a los procesados en el juicio oral por la causa Díaz Bessone.

Los letrados de ambas entidades realizarán la acusación el lunes próximo, cuando se retomen las audiencias en el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, donde se juzga a seis represores de la última dictadura cívica militar.

Así lo adelantó este sábado una de las abogadas de la querella, Leticia Fascendini, quien representa en el expediente a un grupo de querellantes particulares y a organismos defensores de derechos humanos mencionados.

"El equipo mantendrá al acusación por genocidio que viene sosteniendo desde el 2005, pero con la alternativa de condenar por los delitos del derecho interno que más se acercan", explicó Fascenini en diálogo con Télam.

La letrada enumeró la acusación de la querella que incluye los delitos de "homicidio triplemente calificado, aplicación de tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad calificada y desaparición forzada de personas, figura recientemente agregada al Código Penal, y que se ajusta perfectamente a algunos de los hechos más graves ventilados en las audiencias".

La querella incluye a un grupo de sobrevivientes que integra el grueso de aquellos que abrieron la causa por violación a los derechos humanos en enero de 1984, y que persistió en sus planteos hasta la actualidad.

El alegato de la LADH y Familiares será el último correspondiente a las querellas del juicio oral y público de la causa Díaz Bessone.

Esta semana concluyó el alegato de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), cuyos abogados representan también a una serie de sobrevivientes y familiares de víctimas del centro clandestino de detenciones que funcionó en el Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario, durante la última dictadura.

HIJOS pidió prisión perpetua para el ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, y 25 años de cárcel para los ex policías José Rubén Lo Fiego, Mario Marcote, José Carlos Scortechini y Ramón Rito Vergara.

Y, al igual que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la semana anterior, tampoco requirió por el ex detenido acusado de colaboracionista, Ricardo Miguel Chomicky, quien es juzgado junto al resto de los represores.

El lunes será el turno de la última querella, en el tramo final del juicio que se inició el 29 de julio del año pasado y que juzga una parte de la denominada causa Feced. En este tramo se revelan delitos de lesa humanidad cometido contra unas 90 víctimas y prestaron declaración testimonial un centenar y medio de personas.