Los protagonistas de esta historia son el escribano de Paraná Carlos Emilio Torrealday, sus dos hijos abogados y el ex funcionario Alejandro Richardet, acusados de instrumentar el plan delictivo; y el empresario rosarino de medios de comunicación, Orlando Mario Vignatti, como víctima.
Casi una década después de iniciada la causa judicial, poco antes de ser juzgado, el escribano, ya jubilado, de 68 años, decidió aceptar una condena en un juicio abreviado. Sus hijos están cumpliendo una probation con tareas comunitarias no remuneradas en una institución de bien público, y el otro implicado seguiría peleando por su inocencia, aunque no se descarta que solicite nuevamente la suspensión del juicio a prueba, según informó Uno.
El abogado Flavio Torrealday –socio de Canosa en el estudio jurídico ubicado en calle Corrientes 128 en Paraná– fue secretario Legal y Técnico de la Dirección Provincial Vialidad (DPV), cuestionado en su rol por una serie de maniobras presuntamente irregulares reflejadas por ANÁLISIS. “Empresarios multados por excesos de peso o proveedores del organismo empiezan a concurrir a su despacho inicialmente, pero los acuerdos finales se cierran en el estudio”, se publicó en 2008. También se reveló entonces el crecimiento económico sostenido del letrado: en poco tiempo, compró un terreno en el cual construyó una casa con una fuerte inversión, dos autos Renault y Peugeot y una lancha, entre otros bienes.
Su padre, Carlos Emilio Torrealday, es un hombre conocido en el círculo de profesionales de Paraná. Oriundo de esta capital, aunque con varios años de trabajo en La Paz, vivió allí por varios años. Torrealday llegó a La Paz a principios de la década del ’70 y con el golpe de Estado del ’76 fue nombrado jefe del Registro de la Propiedad de dicha ciudad. Ligado a los sectores castrenses y a la Iglesia, posteriormente retornó a Paraná, y trabajó desde la capital provincial en el armado del plan de compra de medios de Vignatti y, a la vez, fue su testaferro. Tuvo un rol preponderante en la compra de tierras en el departamento Villaguay y de un hotel en Miami, entre otras inversiones, antes de que comenzaran las diferencias y los reclamos cruzados.
En la causa por estafa, en todos estos años intervinieron tantos jueces en las distintas instancias, y otros tantos se excusaron por sus vínculos con el principal imputado, que fue finalmente una jueza laboral quien dictó la sentencia que homologó el acuerdo por el cual Torrealday cumplirá tres años de prisión condicional por falsificación de documentos públicos en concurso real con estafa procesal en grado de tentativa. Además, quedó inhabilitado de por vida para ejercer como escribano, y durante dos años, como regla de conducta, deberá donar mensualmente 500 pesos a Cáritas Argentina.
La maniobra delictiva no fue al voleo. Existía una relación previa entre Torrealday y Vignatti, ya que el primero ofició durante muchos años como escribano del empresario. Hasta que la relación se cortó y el fedatario decidió saldar diferencias con una estafa.
Un día de septiembre de 2009, Vignatti recibió en su despacho del diario Ámbito Financiero, que por entonces era de su propiedad, el pedido de pago de 323.931,60 pesos más CER e intereses, por dos contratos de mutuo de agosto de 1999. Como estaba seguro de que nunca firmó esos papeles, el empresario, representado por el abogado Oscar Bacigaluppe, radicó la denuncia en Capital Federal y poco después la investigación condujo a la ciudad de Paraná.
El Juzgado de Instrucción N° 7, a cargo de Elvio Garzón, recibió el expediente y un año y medio después dictó el procesamiento de Carlos Emilio Torrealday, de sus hijos Guillermo y Flavio, y también de Richardet.
Según se imputó, las cuatro personas "persiguieron mediante engaño a los órganos judiciales que debían intervenir, ejecutar ante la justicia civil dos contratos de mutuo material e ideológicamente falsos, con la finalidad de lograr el cobro judicial de una deuda inexistente". Para esto, "utilizaron una técnica conocida como 'collage', consistente en la impresión en dos textos de contratos de mutuo de igual tenor fechados el 27 de agosto de 1999, de firmas previamente recortadas y pegadas supuestamente pertenecientes a Vignatti y a Samuel Rosenbaum, quienes nunca suscribieron esos mutuos; y de la inserción de una firma falsa atribuida a S. G. R., quien aparece como prestamista, firma ésta que fue certificada falsamente por el escribano Torrealday".
Luego, el fedatario certificó las firmas de las fotocopias y dejó constancia de que tenía a la vista los originales, exhibidos por el hombre de Diamante, para que los juzgados donde se iban a ejecutar no advirtieran las adulteraciones.
Supuestamente según la investigación, Richardet engañó al falso prestamista para que firmara una escritura pública ante Torrealday, por la que le otorgaba poder especial para juicios a los abogados hijos del escribano. El diamantino pensó que firmaba el papeleo para conformar una cooperativa, nunca supo que le había "prestado" una fortuna al empresario de medios.
El 9 de diciembre de 2005, los Torrealday iniciaron el juicio ordinario por cobro de pesos ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 3, pero no prosperó porque fue enviado al Juzgado N° 8 para acumularse a otra causa por un pedido de quiebra de la empresa del demandado, por lo que desistieron para evitar que se descubriera la maniobra ilegítima.
Pero no por esto abandonaron sus intenciones. Doce días después, en el Juzgado N° 7 los abogados, utilizando el mismo poder especial para juicios, presentaron una segunda demanda, idéntica a la anterior pero, esta vez, con la otra fotocopia falsamente certificada del segundo mutuo adulterado. Acá les fue mejor porque el 17 de marzo de 2008 Vignatti fue condenado a pagar la suma reclamada.
Así las cosas, debían asegurarse cobrar el dinero. El sereno de Diamante no sabía que se había convertido en un acreedor con sentencia favorable. Según la acusación, Richardet logró que el hombre le firmara, desconociendo el contenido, una cesión gratuita en su favor, de todos los derechos resultantes del juicio.
La sentencia civil no alcanzó a ejecutarse, porque ya estaba en marcha la investigación de la estafa, con allanamientos y pericias caligráficas de por medio. Mientras tanto, los Torrealday denunciaron a Vignatti por coacción, extorsión y tráfico de influencias. Pero la causa fue archivada poco después por el entonces juez de Instrucción Eduardo Ruhl por falta de pruebas.
En todos estos años, desde aquel procesamiento, el expediente tuvo numerosas idas y vueltas en los Tribunales de Paraná, una dilación de unos siete años. Por ejemplo, los pedidos de probation rechazados por Garzón, pero que llegaron hasta el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que confirmó la negativa.
Ahora se viene el juicio civil contra Torrealday que es por "una millonada", según señalaron fuentes cercanas a la causa. El mismo estaba suspendido a la espera de la resolución en la instancia penal.
