El Consejo General de Educación (CGE) instruyó a todas las direcciones departamentales para que ajusten el gasto en suplencias y establezcan un tope máximo del 8 por ciento sobre el costo total en salarios. Y cuando ese cupo sea cubierto (el límite que fija la Ley de Presupuesto), la orden es que se aplique taxativamente el régimen de coberturas interinas de los cargos, que incluye la obligación de que los directivos suplanten al docente que se ausente de su trabajo.

“Se está trabajando fuertemente en esto de reducir el nivel de gastos en suplencias, y tratar de que no supere el 8 por ciento de lo que es la planta, porque sencillamente no hay más plata para seguir gastando. Hay departamentos que lo han logrado, otros que se están arrimando, y hay algunos en los que esto resulta más dificultoso, como es el caso de Paraná, Gualeguaychú y Concordia. En estos lugares, el gasto siempre se excede de lo normal”, dijo Víctor Fassi, vocal del CGE a El Diario.

De acuerdo a un diagnóstico hecho por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), de los 444 millones de pesos que el Estado invierte en educación, el 97,7 por ciento se va en el pago de salarios. La sospecha oficial es que ese gasto está “abultado” por el alto nivel de ausentismo docente que lleva a la necesidad de contratar suplentes, y así engrosar el costo laboral. Pero según Amalia Homar, vocal gremial en el CGE, no hay ningún estudio serio que permita aseverar eso.

“El Consejo de Educación no tiene todavía modo de determinar cuando se habla de suplencias de qué se habla. Hay dos tipos de suplencias: una es cuando un docente ocupa otro cargo, y pide licencia sin goce de haberes; y está también el caso de enfermedad o parto, y también hay que nombrar un reemplazante, y sólo en este caso hay duplicidad de pago. Pero no hay un dato cierto de cuánto representa uno y otro”, señaló Homar.

Para acotar el gasto en suplencias, lo que está haciendo ahora el CGE es apelar a una resolución de 2004 —dictada cuando José Turriani estaba al frente del organismo, y las vocalías eran ocupadas por Roberto Matteoda, Carlos Suárez y Lucila Haidar—, la número 1.179, que estableció un mecanismo a seguir en caso de ausencia del docente titular. Esa norma fija qué plazos se deben cumplir para que una escuela pida un suplente.

De acuerdo a qué nivel se trate, los plazos cambian: en nivel Inicial, la ausencia del titular de un cargo debe exceder los 10 días para nombrar a un suplente; en enseñanza general básica (EGB) I y II, 15 días; y en nivel Medio y Superior, 20 días. En caso contrario, dice la resolución, será el director o el vicedirector, quien quede al frente de alumnos.

El vocal Fassi acepta que en el nivel primario (EGB I y II) esa mecánica es relativamente fácil de aplicar, pero que se vuelve más complicado en el nivel Medio. “En primaria, quienes ocupan los cargos de directores o vicedirectores son maestros, y pueden quedar al frente de alumnos sin ningún tipo de problemas. Pero en el nivel Medio es más difícil porque hay profesores de distintas disciplinas y a veces no resulta tan sencillo cubrir las horas. Por eso, se nos vuelve más difícil el control”, afirmó el funcionario.

Pero la vocal Homar rechaza de plano esa lógica. “No sólo que rechazamos, y no acordamos con esta perspectiva que se plantea, sino que también decimos que es inaplicable. Y así caemos en situaciones como las que ya se están dando en varios departamentos que a raíz de este tope para las suplencias, no se designan reemplazantes. Y no designar un suplente es un día sin clase para el alumno. La buena voluntad de un directivo nunca suple la tarea del docente frente a alumnos”, expresó.

En ese sentido, planteó que para disipar “cualquier sospecha sobre las razones de por qué un docente falta al trabajo, habría que instrumentar un buen control médico. El proyecto está presentado y aprobado, pero no se aplica porque no hay voluntad de hacerlo”, añadió.

Avanzan con la idea de contratar una ART

El CGE está acelerando las conversaciones con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro (IAPS) con el objetivo de acordar la contratación de una aseguradora de riesgos del trabajo (ART) que cubra a toda la planta de personal, tanto docente como no docente.

Se trata de un servicio que cubrirá eventuales accidentes de trabajo sobre 23 mil cargos y 195 mil horas cátedra, lo que significa aproximadamente 38 mil personas.
“La idea es realizar ahora un relevamiento de todos los empleados públicos que tenemos en Educación. Y en función de los datos que aportemos, el Instituto del Seguro podrá proyectar qué costo tendría este servicio de cobertura médica”, dijo Víctor Fassi, vocal del CGE.

El funcionario explicó que actualmente existen muchos casos de trabajadores que no están en servicio por estar afectados de distintas enfermedades, aunque no hay certeza de qué tan grave son esas afecciones. “Con esto, obtendremos un doble beneficio. El docente estará controlado clínicamente, el Consejo va a contar con un mayor control sobre las inasistencias”, observó.

En opinión de Amalia Homar, esa “sospecha se resuelve con un buen contralor médico. Una ART lo que hace es atender problemáticas derivadas de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales. Si a partir de ahí, están pesando en otro convenio, lo desconozco. Conmigo no lo han hablado”.