La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) convocó a la continuidad del Congreso Extraordinario de la entidad para este sábado, a partir de las 8:30 en Colón. Los docentes decidirán el plan de acción a seguir respecto a las medidas de fuerza. Por su parte, la secretaria general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) Marta Madoz se refirió al proyecto del Ejecutivo que declara la educación pública como “un servicio esencial del Estado” y consideró que “es caer en un error que vuelve a pasarnos a un ámbito donde la Corte Suprema ya se ha expresado”. Además, señaló que desde el gobierno provincial “están repitiendo estrategias que le criticaron a Montiel: castigar a los docentes, vulnerar los derechos, reprimir con resoluciones que anarquizan el derecho de huelga y ahora proscribir el derecho social a la educación para todos”.
El congreso, que pasara a cuarto intermedio el 10 de agosto pasado, continuará sesionando en base al “informe de gestión”. Además, se definirá el “plan de Acción” con relación al conflicto suscitado con el gobierno.
En tanto, Madoz se refirió al proyecto del Ejecutivo que envió al Senado para declarar la educación pública como “un servicio esencial del Estado”, el cual fue girado a comisión ayer. Al respecto, la titular de AGMER dijo a APF que “voy a responder con las acciones que ya en otros gobiernos también se han establecido para conculcar el derecho de huelga. La huelga es un derecho constitucional, hubo otros gobiernos como el de De la Rúa y la propia Ministra de Trabajo en esa oportunidad, Patricia Bullrich, que también quiso conculcarlo y ya hay un fallo que ha sentado jurisprudencia”.
“En primer lugar se hizo un fallo contra la Cámara del Trabajo donde la Corte Suprema se pronuncia en forma definitiva con relación de las facultades del Ministerio de Trabajo y contra un decreto que vulneraba este derecho, articulando lo que significa el articulo 14 bis de la Constitución y los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo que ratifican a la educación como un derecho”, recordó.
Por eso, “repetir este escenario a partir de la Legislatura es caer en un error que vuelve a pasarnos a un ámbito donde la Corte Suprema ya se ha expresado”, añadió.
A su vez, consideró que desde el gobierno provincial “están repitiendo estrategias que le criticaron a (Sergio) Montiel: castigar a los docentes, vulnerar los derechos, reprimir con resoluciones que anarquizan el derecho de huelga y ahora proscribir el derecho social a la educación para todos”.
“Quieren deslegitimar un derecho constitucional como es el derecho de huelga por este camino, que significa embarcarnos en una judicialización cuando había dicho el propio Ejecutivo que quería diferenciarse de Montiel”, resaltó la sindicalista, al tiempo que sostuvo: “Volver a anarquizar y a judicializar el conflicto no dio respuesta en esa época y tampoco va a dar respuesta ahora”.
Por otra parte, se refirió al frente que han formado los cuatro gremios docentes y dijo: “El gobierno tiene que entender que queremos una democracia con mucha más participación, lo que ha generado la unidad en la acción con un objetivo, que es la escuela pública”.
“Cuando hay una análisis democrático de una propuesta y hay un rechazo de la misma de un 60 por ciento, en todo caso el Gobierno tiene que atender esta demanda, mas específicamente en lo que se está debatiendo que es una educación para todos, con inclusión para el niño, que es lo que nos preocupa a los trabajadores y a la comunidad y que debería ser política de Estado”, reflexionó la secretaria general.
Además, “atender la educación también significa atender a los comedores que le no transfieren los fondos, en infraestructura cuando está aparada la obra, en los tiempos que se han perdido para escuelas que tienen media jornada y cual es la política para recuperar tiempos y saberes”, enumeró, agregando: “Solamente se analiza la escuela cuando se cierra por el paro pero no cuando se cierra porque se incumple”.
Conciliación obligatoria y Resolución 1.910
“Hemos dicho que rechazamos en este ámbito a la Dirección Provincial de Trabajo por no tener esta facultad. Pero en la propia ley nacional la conciliación la puede decretar el Ministerio de Trabajo que tiene representación federal en la provincia de Entre Ríos”, advirtió la gremialista.
Ante esto, recordó: “Hemos dado muestras en el gobierno de Montiel cuando también demandamos un fuero como era el Ministerio de Trabajo para que encontrar a las partes y conciliar el conflicto, por lo que esa vía está habilitada jurídicamente y es la que pretendemos que en todo caso se habilite”, explicó.
Por otra lado, sobre las acciones de inconstitucionalidad contra la Resolución 1910 del Consejo General de Educación que convocaron a los docentes a presentar, Madoz indicó que “desde el jueves que se están recibiendo acciones en los diferentes departamentos y recién en el día de hoy serán remitidas a Central para luego hacer la presentación del conjunto”.
Sobre la cantidad de presentaciones informó que “todavía no tenemos capitalizado el numero de impacto en la provincia” pero ilustró: “Estuve en Uruguay y había más de 400 presentaciones al viernes”.
