“El caso no debería haber llegado a la Justicia y debería haberse realizado sin demora la interrupción del embarazo en el ámbito de los servicios de salud”, remarcó el interventor del Inadi, Pedro Mouratián.
El caso tuvo gran repercusión mediática a nivel nacional y por lo que distintos especialistas se pronunciaron sobre el tema.
El Inadi, ante el caso de la niña de 11 años de la localidad entrerriana de General Campos, abusada sexualmente y con un embarazo de tres meses, cuya familia pidió a la Justicia la realización de un aborto, emitió un comunicado en el que sostiene que “deben resguardarse en primer lugar los derechos de la niña”.
Mouratián añadió que “se entiende que un embarazo de tales características pone en riesgo la salud psicofísica de la niña”.
Por eso, desde el Inadi se afirmó en el comunicado, que “el caso no debería haber llegado a la Justicia y debería haberse realizado sin demora la interrupción del embarazo en el ámbito de los servicios de salud”.
El caso de la menor permanece en el Juzgado de Familia de Concordia.
La Convención Internacional de los Derechos del Niño, aludida en el comunicado, establece que “el Estado debe garantizar el derecho del/a niño/a a ser protegido/a contra toda forma de abuso físico y mental (artículo 19, 32, 34, 35 y 39), el derecho a la salud (artículo 24) y el derecho a expresar libremente su opinión en los asuntos que lo/a afecten, teniendo en cuenta debidamente sus opiniones”.
