Un total de 15 presos que estaban alojados en los pabellones 7 y 3 de la Unidad Penal de Coronda fueron trasladados durante el fin de semana a penales del Servicio Penitenciario Federal de las provincias de Chaco y Chubut. Al dar a conocer la medida, pese a que la Justicia de la provincia de Santa Fe aún no determinó culpabilidades por las 14 muertes ocurridas durante la revuelta del pasado 11 de abril, fuentes del Servicio Penitenciario aseguraron que las personas derivadas “son las más conflictivas” y que “entre ellos estarían los autores de la masacre”. La decisión fue duramente criticada por los familiares de los reclusos, los propios internos del penal y los integrantes de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), por entender que hubo “prejuzgamiento”.

Según consigna el diario La Capital, de Rosario, desde el Servicio Penitenciario se informó que los 15 reclusos fueron conducidos a los penales ubicados en Resistencia y Rawson, ya que en ellos había capacidad de alojamiento ociosa y que la decisión se adoptó para “resguardar la seguridad e integridad de los internos de la cárcel”. Además, se indicó que “en los próximos días se realizarán nuevos traslados a otros presidios federales”.

Cabe recordar que el informe que redactó la comisión de técnicos del gobierno nacional que visitó la unidad carcelaria de Coronda a fin de evaluar la situación de la cárcel, rescata que los propios funcionarios santafesinos “solicitaron se analice la posibilidad de realizar el traslado de un número acotado de internos provinciales a institutos pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal”. De esta manera, se estaría cumpliendo desde la Nación con lo requerido por la provincia, al “descomprimir” la cárcel de Coronda a través de la reubicación de los internos “más conflictivos” y así poder establecer una relación presos-guardias “más acorde a los estándares internacionales y a la experiencia federal”.

En cuanto al criterio de selección que se siguió para el traslado, se indicó que estuvo basado en “separar de la cárcel a los internos sindicados como presuntos autores de la masacre”, lo que lleva a suponer que los funcionarios ya identificaron a los asesinos de los 14 rosarinos muertos aquel día.

Esta apreciación fue criticada por la Coordinadora de Trabajo Carcelario al entender que “los traslados, como se plantean, significan un prejuzgamiento de lo que la Justicia debe determinar”. En ese orden, manifestaron que “mientras en los Tribunales aún no se sabe quiénes son los autores de las 14 muertes, desde el gobierno se los traslada imputándoles esas muertes”.

En ese marco, el lunes trascendió que defensores de varios de los presos trasladados presentaron reclamos en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia con el fin de que se revea lo actuado “ante los planteos de los familiares por la lejanía de los nuevos lugares de detención”.