“Apuntamos a la prioridad crediticia. Sancionar una nueva ley de entidades financieras y modificar la Carta Orgánica del BCRA, a los fines de incorporar como obligatorias políticas financieras orientadas a las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales”, explicó.

Asimismo, remarcó que apuntará a la “creación de valor; un programa de financiamiento barato, fuertemente subsidiado, instituido con el apoyo de la banca estatal y cooperativa para dar a los productores recursos para incorporar valor agregado en las mismas regiones productoras. Una «fábrica agropecuaria» en oposición a la primarización del sector: un complejo agroindustrial que se inserte en las etapas más complejas y rentables de la cadena de valor, no sólo de la producción de alimentos sino también alcanzando niveles significativos de producción nacional en genética, insumos y equipamiento”.

“Otra de las cuestiones es la protección a lecheros, creando un programa nacional de protección destinado a pequeños y medianos productores lecheros para sostener su presencia en el campo. Este proyecto, entre otras cosas, prevé definir la calidad de leche y un precio de referencia para proteger a tambos que no superan los 3.000 litros diarios de leche, de manera de frenar la desaparición de estos productores”.

"Protección a granjeros avícolas. Este es un plan para regular la actividad avícola protegiendo a los granjeros, el eslabón más frágil de la cadena productiva. Entre Ríos es la principal productora avícola del país, con un 44,6 por ciento del total nacional, no obstante no cuenta con una legislación específica para el sector. Este programa consiste en acordar un índice de referencia anual para el pago a los granjeros. De ese modo sabrán de antemano cómo será cotizado su trabajo y no quedaran librados a lo que dictan los frigoríficos", definió.

“En tanto, en referencia al comercio exterior, se creará una agencia mixta participativa de control del comercio y la industria agroalimentaria, para transparentar las políticas de comercio exterior, hoy manejadas por el Gobierno en acuerdo con un reducido número de exportadoras, que terminan perjudicando a los pequeños y medianos productores. Esta Agencia estará integrada por el Estado y por representantes de los sectores vinculados al agro. La lógica de las actividades primarias de extracción debe dirigirse, prioritariamente, a satisfacer las necesidades de la comunidad. Los recursos naturales no pueden ser explotados como sectores de extracción rápida de riquezas en detrimento del ambiente y la salud de generaciones futuras. No hay manera de combatir el monocultivo si no es apoyando otros cultivos. Por eso, la Agencia mencionada establecerá anualmente una lista de “cultivos elegibles” para que el pequeño o mediano productor pueda optar, sabiendo que si por circunstancias externas se ve afectada su rentabilidad, tendrá garantizado no perder. Proponemos este sistema para avanzar hacia una mayor sustentabilidad y diversidad productiva”.

“Bregaremos por una nueva Ley de Arrendamientos. Nuevas pautas para proteger al pequeño y mediano productor agropecuario, con un precio de referencia fijado anualmente por el INTA y sobre la base del mismo cultivo que se siembra, no como sucede hoy en que se pauta en quintales de soja”, explicó.

Luego señaló que “trabajará para la defensa del precio de los bienes. Crear un Fondo Especial, al estilo de lo que se hace en todas las economías desarrolladas, administrado por los mismos productores con asesoramiento estatal y que impida fuertes oscilaciones en los ingresos de los productores ante variaciones internacionales en la cotización de los bienes que elaboran”, finalizó.