Víctimas del terrorismo de Estado se constituyeron como querellantes en las causas de delitos de lesa humanidad

Por Juan Cruz Varela

Un grupo de afectados y familiares de desaparecidos de la última dictadura militar se presentaron como querellantes en la causa que se tramita en el Juzgado Federal de Paraná y que investiga los delitos de lesa humanidad que se cometieron en el área Paraná dependiente del II Cuerpo de Ejercito en esa época. Patrocinados por los abogados Marcelo Baridón y Marina Barbagelata, anunciaron que el paso siguiente será pedir que se cite a prestar declaración indagatoria a varios represores, entre ellos Juan Carlos Trimarco, Ramón Genaro Díaz Bessone, Abel Teodoro Catuzzi, Jorge Humberto Appiani, y el médico civil Hugo Mario Moyano.

Baridón y Barbagelata se presentaron en representación de familiares de Pedro Sobko y Victorio Coco Erbetta, que se encuentran desaparecidos; y de Alejandro Richardet, Fernando Caviglia, Manuel Ramat, Rosario Badano, Luis Sotera, Eduardo Ayala, María Luz y Álvaro Piérola, Beatriz Pfeiffer, Daniel Paduan, Julia Tizzoni, Jorge Molinelli y Marta Brasseur, quienes fueron víctimas de la dictadura.

Sobko estaba casado y tenía un hijo y otra en camino. Fue secuestrado en su casa, en el barrio San Agustín, el 2 de mayo de 1977, por policías federales y provinciales y asesinado horas después en Avenida Ramírez, a plena luz del día, cuando un patrullero de la Policía Federal lo trasladaba hasta esa dependencia. Erbetta tenía 27 años cuando fue secuestrado por policías federales –uno de ellos era el oficial ayudante Cosme Ignacio Marino Demonte- de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la UNER y aún permanece desaparecido, aunque varios testigos dicen haberlo visto en los calabozos del Escuadrón de Comunicaciones Blindados II del Ejército.

“En realidad, esta es la continuación de viejas denuncias presentadas al retorno de la democracia, en 1983. Como el Estado Nacional ha declarado nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y el juzgado federal las declaró inconstitucionales, estas causas que estaban archivadas, comenzaron nuevamente a tramitarse, por lo que aquellas personas que han sido afectadas, se presentaron como querellantes”, precisó Baridón tras la presentación ante el juez Aníbal Ríos.

El letrado explicó que el objetivo de la presentación fue “acelerar el proceso” abierto tras la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dictada por el Congreso Nacional a fines de 2003. Asimismo, agregó que “solicitamos al juez que cite a prestar declaración indagatoria a los imputados por los delitos homicidio, secuestro, tormentos, torturas y vejaciones, cometidos en el marco de una asociación ilícita que asoló a la ciudad de Paraná y alrededores durante la última dictadura militar”.

La causa abierta en la denominada “Área Paraná fue desarchivada después que la jueza Federal subrogante Myriam Galizzi dictara un fallo en el que confirma la validez de la ley que declara nulas a las leyes del perdón y la nulidad del decreto de indulto número 1.002 firmado por Carlos Menem en 1989, en la que están imputados Juan Carlos Trimarco, Ramón Genaro Díaz Bessone, Abel Teodoro Catuzzi, Jorge Humberto Appiani, Luis Francisco Armocida, José Anselmo Appelhans, Ramón Oscar Balcaza, Rosa Susana Bidinost, Hugo Moyano, Oscar Ramón Obaid, Alberto Rivas, Manuel Daniel Rodríguez, Carlos Horacio Zapata, Carlos Patricio Zapata, Carlos María Cerillos, Alfredo Ismael Duré, José Faustino Fernández, Constantino Francisco González.

Asimismo, Barbagelata añadió que “una vez que se nos otorgue la participación que solicitamos como querellantes, apelaremos la decisión del juez de aceptar el pedido de los imputados para que se aplique el procedimiento que estaba vigente al momento de cometerse los delitos, es decir, el procedimiento escrito. Apelaremos eso porque nos parece fundamental que se aplique el procedimiento oral, con la publicidad que eso permite darle a la causa”.

Finalmente, Baridón afirmó que “los organismos de derechos humanos y los afectados vienen denunciando estos hechos y esperando justicia desde hace más de 20 años. Ha habido sentencias de otras jurisdicciones, por ejemplo la condena en España a un oficial de la Armada (Adolfo Scilingo,'); y ha habido declaraciones de la Corte Suprema sobre la imprescriptibilidad de estos delitos, de manera que en cuanto a denuncias, está todo hecho. Ahora estamos a la espera de que se cite a prestar declaración indagatoria a aquellos que cometieron delitos horrendos utilizando el aparato del Estado, y esto debe suceder ya”, sentenció.

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