Príncipe dispuesto a desalambrar

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El Codesal del funcionario Mazurier, sus “cruzados” derechos y humanos en la CTM y el millonario negocio inmobiliario

Claudio Gastaldi
(desde Concordia)

El decreto número 252 de creación de la Codesal, casi un principado, a cargo de un único responsable, el director del diario El Sol, Luis Mazurier, causó una reacción silenciosa (hasta ahora) en vastos sectores de la sociedad, además de haber sido calificado de inconstitucional. El tema se amplificó y adquirió otra dimensión luego de que la sociedad conociera el escándalo que un médico vinculado a la dictadura militar y al carapintadismo junto a tres delegados de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande protagonizaron contra el INTA por el caso de una empresa tercerizada que tenía obreros alojados en precarias viviendas dentro del predio Campo El Alambrado, a cargo del INTA, por un convenio con el ente binacional. La operación de prensa dejó al descubierto un millonario negocio inmobiliario en una zona privilegiada.

La grandilocuencia y certeza de los considerandos del decreto 252 de creación de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (Codesal) son tan poco coincidentes con forma y protagonista, que cada vez despierta más inquina. Es que, en los considerandos se señala con vehemencia que “25 años después de la puesta en marcha de la obra binacional de la represa hidroeléctrica de Salto Grande, los gobiernos locales y el Estado provincial son contestes en que no se ha avanzado en la medida en que los pioneros de la construcción de la gigantesca obra previeron en epopeyas populares, dejándose a un lado el objetivo fundacional que el proyecto tenía como principal meta y que es el desarrollo integral de la región de Salto Grande”. Más allá del lenguaje alambicado, nadie en la región puede negar que esto sea efectivamente así, es decir, que el desarrollo tantas veces anunciado sigue esperando.

Sin embargo, para la sociedad de Concordia y la región es tanta la lejanía que existe entre el funcionario Luis Mazurier y “pioneros y epopeyas populares”, que tal comparación no produce menos que rubor o carcajada. Más que por epopeyas, el director de El Sol alcanzó fama por otro tipo de arrojos, en nada emparentados con la generosidad y solidaridad social, más bien todo lo contrario.

Por si esto no alcanzara para explicar la inquina social, el artículo cuarto del decreto estipula: “Dispónese que el presidente tendrá amplias facultades para dirigir y administrar la corporación, ejerciendo su representación legal, pudiendo celebrar todos los actos que sean necesarios, convenientes y oportunos”. Tamaño poder es más propio de un principado que de un Estado democrático. Así pareció entenderlo el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y titular de la agrupación radical que llevó a Horacio Giorgio a la diputación, Ricardo Jiménez, que en un reciente comunicado catalogó tal decreto de inconstitucional.

Pero además, es como una vuelta atrás a la historia reciente: desde tiempos de la dictadura hasta bien avanzada la democracia, tanto el territorio de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) como todo lo vinculado a ella era visto por la región como un Estado aparte, con privilegios y canonjías alejadas de las necesidades de sus poblaciones y del proyecto fundacional de desarrollo. El único desarrollo y crecimiento observado por los ciudadanos de esta zona era el de los funcionarios (y hasta de los empleados) de ese ente binacional, cuyos niveles de ingreso eran observados, en muchos casos, con resentimiento y envidia.

Más llamativo aún es que el actual gobernador Jorge Busti, en tiempos en que representaba al peronismo entrerriano en el Senado Nacional, tuvo en sus manos un proyecto de ley sustancialmente distinto a este decreto para lograr el traspaso de la Nación de las actuales extensiones de tierra a cargo de la Codesal.

Aquel proyecto de ley establecía la conformación de un organismo integrado por todas las intendencias de la zona del perilago, CTM, la Comisión Administradora de Fondos Especiales de Salto Grande (CAFESG) y otros organismos vinculados al desarrollo. Es decir, la contracara del actual principado.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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