Luis María Serroels
No sería justo suponer que los denominados Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hayan tenido en su origen el deliberado propósito (oculto en todo caso) de hacerse de dinero del Estado para fines inconfensables rayando en lo delictivo. De ningún modo. Según la Ley Nacional Nº 23.548, que en 1986 dio sustento al Presupuesto Nacional, se trató de que un porcentaje del dinero de la recaudación federal coparticipable fuera distribuido en gobiernos provinciales y municipios con la finalidad expresa de atender desequilibrios financieros o encarar obras públicas.
Dicho más claramente, los aportes fueron concebidos para resolver problemas derivados de la inestabilidad económica y financiera cuyas variables se escapaban descontroladamente, licuando los presupuestos de gobernadores e intendentes que no podían reajustarse y quedando atrapados por la escalada inflacionaria que con el tiempo tendría su gran estallido a mediados de 1989 durante la gestión de Raúl Alfonsín.
Lo malo de todo esto fue que -costumbre argentina al fin-, hecha la ley, hecha la trampa. Muy poco tardaron los conocidos de siempre para urdir maniobras que, esgrimiendo objetivos dignos de atención y apoyo, se acogieron al mecanismo incluso sin ajustarse a la norma en cuanto a los requisitos que se habían establecido para los destinatarios genuinos. Debemos hacer la salvedad respecto de que esta imputación de ninguna manera debe generalizarse, porque si bien en esencia no se debían direccionar fondos no contemplados en la ley, hubo dignísimas instituciones que solicitaron ATN de buena fe.
La contracara fue que surgieron entidades de diverso tipo que, en la cresta de finalidades solidarias, se atrevieron a solicitar recursos y ni siquiera exhibieron personería jurídica, programa de inversiones y destino de cada adquisición cuando se tratase de bienes de capital.
Una prueba cabal de este desmanejo, para el cual se contó con la complicidad de ciertos niveles oficiales que, aún conociendo las limitaciones del sistema, daban curso mediador a los pedidos hacia el Ministerio del Interior de la Nación, fue la denominada Asociación Civil Solidaria Entre Ríos (Aciser).
Con la participación necesaria de algún funcionario del gobierno provincial y con ayuda de procedimientos delictivos de arranque (como la falsificación de la firma del propio gobernador en un caso), la seudo entidad se armó de 965.000 pesos. Pero lo verdaderamente repudiable fue que los órganos de contralor de la Constitución hallaron una fuerte omisión renditiva respecto de las supuestas inversiones y rechazaron por serios vicios las escasas facturaciones que se ofrecieron.
Después de nueve años de producida esta defraudación reiterada (de acuerdo a la calificación de la Justicia), el juicio oral y público no sólo determinó condenas insólitas por lo mezquinas, sino que la decisión de los magistrados eludió cualquier forma de resarcimiento o vía de recuperación de semejante suma mal obtenida y peor gastada. Es que no solamente quedó claro su destino para una campaña electoral del partido gobernante, sino que se intentó disimular la maniobra tras una inexistente campaña contra el sida.
La pregunta básica es ¿cómo pudo el Estado provincial aceptar y dar curso a una solicitud invalidada desde su comienzo, avalando una institución desconocida, sin verificar personería jurídica, existencia real, domicilio legal e identidad de sus integrantes? ¿Nadie advirtió al momento de poner las actuaciones a la firma del primer mandatario para su elevación, que ni el carácter de la entidad ni la carencia de legitimación jurídica habilitaban semejante trámite? Y las autoridades provinciales ¿cómo convalidaron que una organización particular (manejada por funcionarios políticos) le solicitara dinero al Estado para comprar bienes que le donaría luego al propio Estado, en una acción ridícula porque, en todo caso, si se había estrechado el presupuesto eran los organismos del área económica los encargados de requerir los ATN necesarios?
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