(*) Del semanario La Opinión, de San Pedro, Buenos Aires.
Los tentáculos de los Gualtieri en el sur entrerriano siguen intactos. Ahora se conocieron una serie de contratos de “comodato”, por los cuales embaucaron a los pobladores de las Islas Lechiguanas, para acreditar la propiedad de los terrenos y expulsarlos en cualquier momento. Los reclamos abundan, porque los habitantes se vieron sorprendidos con la maniobra. La definición de los casos, estará en manos de magistrados entrerrianos, que tienen jurisdicción en la zona, según la investigación periodística del semanario La Opinión.
Las tierras que en la década de 1970 fueron el paraíso soñado por King Ranch, para la experimentación y desarrollo de todo tipo de cultivos, hoy sostienen las inescrupulosas maniobras de quienes a costillas del Estado pretenden quedarse con las valiosas 50.000 hectáreas de las Islas Lechiguanas. Buena parte de los habitantes de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, tiene fresco el recuerdo de aquella aventura que proporcionó tanto trabajo y representó un impresionante desafío para quienes demostraron que esa porción de tierras entrerrianas, eran aptas para producción. Construyeron terraplenes, puentes, galpones para el personal, instalaron maquinarias, lograron la transformación mediante el sistema de polders y cañerías, y hasta descubrieron que algunas especies vegetales autóctonas podían ser comercializadas con éxito en el exterior, por poseer valores nutricionales extraordinarios.
El apellido Reynal por entonces excedía la fama de las hermanas que comenzaban sus carreras de modelos. Fue Juan Reynal quien en una apuesta atípica tentó a un amigo de apellido Phipps a imitar lo que la familia Guest, había hecho en La Florida, Estados Unidos, mejorando terrenos pantanosos para realizar negocios inmobiliarios de gran rentabilidad.
Alguna vez, en Lechiguanas llegaron a trabajar más de 300 personas y plantar millones de álamos y sauces. Había allí 80 centímetros de humus en la base de la tierra. Setenta equipos completos de tractores pesados, formaban parte del equipamiento para desarrollar las tareas. Esas mismas máquinas eran las que en tiempos de cosecha quedaban “encajadas” pero ofrecían tan buenos rendimientos que el parcelamiento logró tentar a importantes empresarios para comprar porciones de superficie entre los cuales se encontraba quien ayudó a Reynal, cuando afrontó problemas financieros, uno de los banqueros del famoso Grupo Oddone y más tarde otros que llegaron a pagar más de 1.000 dólares por hectárea.
Pese a las buenas operaciones realizadas, nadie se preocupaba por llevar adelante el proyecto, la parte forestada ya tenía siete años y un suculento porvenir de tratos comerciales con Papel Prensa.
El sueño terminó
La creciente de 1981, terminó con todo. El agua y los saqueos se llevaron los miles de dólares invertidos, y por ende, el valor inmobiliario de la zona pasó a ser ínfimo. Allí apareció quien con buenos contactos y una astucia inusitada, compró el territorio a precio vil: Victorio Gualtieri. El hombre, considerado la mano derecha del ex gobernador bonaerense y ex Presidente Eduardo Duhalde, en las obras públicas y siempre cuestionado por su velocidad para hacer fortuna, comenzó con un gran plan de inversiones a solicitar dinero fresco al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Nunca pagó y lo poco que hizo en el lugar se limitó a una pantalla, para quienes tenían que auditar qué se hacía con el dinero del banco bonaerense.
Años más tarde una comisión bicameral liderada por el diputado provincial Alejandro Mosquera, denunciaba a la entidad y a su directorio por haber entregado millones de dólares a empresas que más tarde aparecieron como “insolventes”. Entre otras, Gualtieri, la curtiembre Yoma, Showcenter, el Parque de la Costa y varios más.
Por si alguien lo ha olvidado, estos créditos pusieron al Banco de la Provincia de Buenos Aires al borde de un precipicio. Un fideicomiso votado por la Legislatura que trasladó esas deudas al gobierno provincial salvó las cuentas pero no a los pobres gerentes de carrera que tuvieron que afrontar procesos judiciales por haber “obedecido” a los directores y autoridades que alegremente entregaron el dinero a estos “grandes inversores/empresarios” a quienes la gente honesta y trabajadora conoce como “malandras”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
