Federico Malvasio
El procurador general Jorge García se sometió a un cuestionario de actualidad y de historia reciente sobre la Justicia en Entre Ríos. Sus puntos de vista en algunos temas son respaldados con fundamentos propios de la filosofía política y de las ciencias sociales. El hombre, de quien dependen todos los fiscales de la provincia, dio su opinión en una entrevista con ANALISIS acerca del Consejo de la Magistratura, la corrupción, los organismos extra poder, la implementación del nuevo Código Procesal Penal y de lo que fue la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).
Pasó por todos los cargos en la carrera judicial. Claro, sólo le faltaría ser vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Jorge García es hoy el procurador general de la provincia, función que ocupa desde 2007. Antes fue presidente de la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná, que condenó al ex funcionario bustista Oscar Horacio Mori y al vicegobernador de Jorge Busti, Domingo Daniel Rossi. Egresado de la UBA, tuvo sus inicios laborales en la Justicia de Capital Federal. Allí trabajó entre el 74 y el 76. Ese año regresó a su Concepción del Uruguay natal. Retomó su carrera en la Justicia en 1979 como secretario de un Juzgado. Una vez recibido, García desarrolló su carrera judicial con mayor intensidad: fue juez de Instrucción, Correccional y fiscal de Cámara. También ejerce la docencia en la cátedra de Derecho Penal I y II en la Universidad Nacional del Litoral, en la Universidad de Concepción del Uruguay y en la Universidad Católica Argentina y dicta un posgrado de Penal. Sus experiencias en casos resonantes de corrupción y su paso por el Consejo de la Magistratura son fuentes permanentes para responder alguna pregunta o dejar en claro algún tema puntual. Es parte de la Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal Penal.
- ¿Cómo evalúa la anunciada puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal en Entre Ríos?
-Creo que la idea que ya ha tomado color es la de la implementación gradual, ésa sería la más sensata. Entendimos que si lo hacíamos en todas las jurisdicciones al mismo tiempo iba a ser problemático. La puesta en marcha del nuevo Código sería a principios o mediado del año que viene, por lo menos en las cuatro circunscripciones más importantes que tienen tribunales de juicio como son Concordia, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Paraná.
-Así como está planteado, ¿no afectaría al principio de igualdad el hecho de que en algunas jurisdicciones se aplique un sistema y en otras, otro?
-No, porque el principio de igualdad en realidad lo que proscribe es el tratamiento discriminado. Mientras la situación sea igual para todos los que conviven en ese departamento, la situación es igual. La afectación de igualdad ocurriría si dijésemos que para los ciudadanos de color blanco rige este código y para los de otro color este otro. Ese tipo de discriminación es lo que afecta el principio de igualdad.
-¿Están dadas las condiciones en infraestructura y capacitación para poner en vigencia el nuevo sistema de enjuiciamiento?
-La idea de empezar por Concordia tiene que ver con que es el único lugar que no tiene problemas edilicios. Por ejemplo, en Gualeguaychú y Gualeguay van a necesitar un apoyo en cuanto a estructura. Pero creo que el aspecto más importante en todo esto es el cultural. Vamos a tener que acostumbrar a todas las personas a que ya no hay más juez de Instrucción. El juez sólo será el magistrado imparcial y los que llevan adelante toda la investigación serán los fiscales.
-¿Traerá cambios visiblemente inmediatos para el sistema judicial y la sociedad?
-Lo que se trata de hacer en estas cuestiones es bajar un poco las expectativas, porque muchas veces nos vemos tapados por el entusiasmo de algunos funcionarios. Lo que hay que tener claro es que el Derecho Penal no soluciona conflictos, sino que es un complejo normativo que en realidad define conflictos. Es decir, se presenta el conflicto y los define dándole una solución absolutoria, condenatoria o un archivo. No es el derecho el que soluciona los conflictos, sino las ciencias sociales. Por eso el derecho no puede ir solo. Creo que hay que bajar las expectativas para que luego la sociedad no diga: “Al final tenemos un Código nuevo y estamos igual que antes”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
