Daniel Enz
El hombre acude cada mañana a uno de los bares ubicado frente a la Plaza de Mayo. Hasta allí llega en remis y se ubica en la misma mesa, casi siempre en soledad. Pese a sus 74 años, se mantiene en forma, lúcido y presto a seguir viviendo sin problemas, merced, fundamentalmente, a la buena jubilación mensual que percibe, que supera los 15 mil pesos. Pocos recuerdan que ese abogado retirado fue uno de los personajes con poder en Entre Ríos, en buena parte del período militar. Era, ni más ni menos, el juez federal de Paraná, Jorge Augusto Enríquez; el mismo que avalaba las detenciones de dirigentes políticas, decididas por el entonces dueño del poder en esta provincia, el entonces coronel Juan Carlos Ricardo Trimarco, en medio del terror, la muerte y las desapariciones.
Oriundo de Paraná, perteneciente a una familia conservadora, se recibió de abogado en la década del ‘50, en la Universidad Nacional del Litoral, de Santa Fe. A poco de recibido viajó a la provincia de Santa Cruz para desarrollar su profesión. No fue el único: numerosos abogados jóvenes recalaron en ese territorio del sur del país, como así también en Neuquén, para seguir la carrera, en virtud de los buenos ingresos que se prometían en la época. Hay quienes recuerdan que en Río Gallegos ocupó cargos en el gobierno provincial, como así también en la justicia. No obstante, a principios de los ‘70 retornó a Entre Ríos y se instaló en Villaguay, donde fue nombrado juez Civil y Comercial. Vinculado al sector de derecha del peronismo, al parecer, el entonces gobernador Enrique Tomás Cresto estaba decidido a ascenderlo a camarista, pero quien se opuso en forma tenaz fue el senador provincial Antonio Gino Cavallaro (PJ-Paraná), considerado “el jefe” de la Cámara Alta.
A poco de producido el golpe de Estado del ‘76, volvió a desembarcar en Paraná. Fue en agosto de 1976 en que fue nombrado juez federal de la capital entrerriana, en reemplazo de Antonio Pintos. Los más memoriosos recuerdan que a ese lugar llegó por sus contactos con el peronismo ortodoxo –de alguna manera representado por Alberto Ottalagano en esta región- y, especialmente, con sectores de la Iglesia, antes y durante el período del denominado cuarto comandante, monseñor Adolfo Servando Tortolo, ex confesor del general Jorge Rafael Videla. “Era un muchacho bien visto por la sociedad; de paso permanente por el Club Social de Paraná, con fuertes vinculaciones allí”, recordó un viejo abogado.
En medio de la crisis institucional que se vivía, las directivas emanadas desde la Junta Militar y las estrechas vinculaciones que debían tener los interventores militares en cada provincia, de inmediato hizo buenas migas con el coronel Juan Carlos Ricardo Trimarco, que, si bien a poco del golpe dejó la Gobernación en manos del brigadier Rubén Di Bello, nunca dejó de ser el verdadero dueño del poder en la provincia. Su amigo personal, Alfredo Salcerini, ex concejal del Radicalismo del Pueblo, farmacéutico y a su vez corresponsal del diario La Nación en Entre Ríos y con estrechas vinculaciones con la estructura castrense, fue quien lo acercó al coronel Trimarco.
Vicente Felipe Jávega y Néstor Jorge Musto, por su parte, asumieron como camaristas en la Justicia Federal. Musto, al igual que Enríquez, también venía de desarrollar tareas judiciales en el sur del país. Musto había sido juez de Primera Instancia y camarista Civil en el Poder Judicial de Entre Ríos. Jávega era funcionario de carrera de la Cámara Federal y tenía un apellido que, durante la dictadura en Entre Ríos, tuvo un peso suficiente en diferentes sectores gubernamentales.
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