El gobierno demora el cogobierno

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Tiempo de definiciones en la crisis institucional de la UADER

Antonio Tardelli

Era mera conjetura, hasta hace semanas, la supuesta intención del Poder Ejecutivo de dilatar el cronograma de normalización de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Las especulaciones que en tal sentido se formulaban carecían de un fundamento palpable que les brindara asidero. Pero todo quedó a la luz, paradójicamente, cuando el Consejo Superior de la universidad ratificó el cronograma de elección de las autoridades. Es que, pese a la decisión, la resolución correspondiente volvió explícito el punto de vista del rector Marino Schneeberger.

Su pronunciamiento estaba en línea con el planteo de los docentes que poco después acudieron a la Justicia alegando que el proceso de elección de autoridades vulneraba sus potenciales derechos. Con la judicialización del problema todas las cartas quedaron echadas: el rector no apeló la resolución del juez Alejandro Grippo y el gobierno de la provincia, a través del fiscal del Estado, Julio Rodríguez Signes, se manifestó en igual sentido que los amparistas. En los hechos, actuó para dejar sin efecto el cronograma confeccionado el año pasado.

Todo el problema se centra en la proporción de docentes que llegan al proceso de elección de autoridades con su cátedra adquirida por concurso. La Ley de Educación Superior, que especifica que los profesores designados por concurso deben representar un porcentaje no inferior al 70 por ciento, no liga el índice al proceso de normalización. En su momento, mientras tanto, la UADER redujo al 50 por ciento el piso considerado indispensable.

Pero en verdad el asunto se convirtió en el pretexto jurídico donde descansan dos posturas que son antagónicas aun cuando todo el mundo, en sus expresiones públicas, se expresa a favor de la normalización. En los hechos se trata de poner punto final a un prolongado proceso. La legislación otorga un plazo de cuatro años para constituir el cogobierno. La UADER va por el año 12.
La discusión, por tanto, es política y no jurídica.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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