El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, encontró tres responsables principales de un desfalco millonario a los entrerrianos, ocurrido entre 2010 y 2015. Tal como lo denunció ANÁLISIS y el director de este medio, en numerosas publicaciones. Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, condenaron a Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera a varios años de cárcel por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En este informe, el desglose de un fallo sin precedentes en la historia judicial entrerriana.
Natalia Buiatti
No todo puede justificarse bajo el paraguas de la persecución política-judicial-periodística. Sin embargo se puede pensar, exponer e instalar públicamente cualquier teoría conspirativa. Se pueden utilizar ideas conspirativas como principal argumento defensivo. Será efectivo para cualquier discurso político, mediático y social. Pero no sirve para construir verdades forenses, al menos en este caso.
El megajuicio por corrupción más importante en Entre Ríos, llegó a una verdad forense. Y esa construcción no se asentó sobre una teoría conspiranoica, sino sobre la base de evidencias concretas. Siempre hay cosas que ajustar, procesos que afinar, cuestiones que corregir. Pero hace casi una semana, el Poder Judicial entrerriano mostró una mejor calidad institucional.
El exintendente de General Campos, exdiputado provincial, exministro de Gobierno, dos veces gobernador de Entre Ríos, expresidente de la Cámara de Diputados de la provincia y -ahora- exembajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri, fue condenado a 8 años de prisión por cometer delitos contra la administración pública durante sus dos períodos como mandatario.
Junto a él, recibieron penas de cárcel el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; y el empleado del Senado entrerriano y cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. Fueron tres condenas fuertes por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. Las mayores responsabilidades recayeron, de ese modo, en estos tres dirigentes políticos. Aunque también se penó con condenas de ejecución condicional a otros seis imputados: el empresario y contador Germán Buffa; la contadora Corina Cargnel; la pareja de Aguilera, Luciana Almada; el diseñador gráfico Emiliano Giacopuzzi; el empresario Gerardo Caruso; y el empleado de Turismo provincial, Gustavo Tamay.
Por otro lado, el Tribunal de Juicios y Apelaciones que llevó adelante el debate absolvió al exministro de Turismo Hugo Marsó; al empleado del Gobierno provincial Gustavo Tórtul; al diseñador gráfico Maximiliano Sena, al empleado de la Legislatura provincial Alejandro Almada; y al fallecido empleado del Gobierno provincial, Hugo Céspedes.
Los jueces dieron por acreditadas distintas maniobras de desvío y sustracción de fondos públicos para solventar intereses personales y promover la figura pública de Urribarri. Entendieron que pudo probarse el direccionamiento de casi 9 millones de dólares de las arcas públicas, que fueron para beneficio personal del exgobernador. Consideraron que Juan Pablo Aguilera es el verdadero dueño detrás de las empresas Tep y Next SRL; que esas empresas fueron creadas y desarrolladas al calor de la pauta publicitaria y las conexiones con la política. Ratificaron que durante cinco años, en Entre Ríos hubo cartelización de la publicidad de gobierno en la vía pública; que hubo simulaciones de libre competencia; retornos de dinero; contrataciones ilegales; organismos de control que no controlaron; pedidos “extravagantes” a empresarios que fueron beneficiados con contratos del Estado; acuerdos espurios entre gobernantes y empresarios por fuera de las vías institucionales, entre otras irregularidades.
(La nota completa en la edición gráfica número 1129 de la revista ANALISIS del miércoles 13 de abril de 2022)
