La revista ANÁLISIS volvió este jueves a los kioscos de Paraná. El intento de homicidio al joven Pablo Ferreyra y el asesinato del joven Gonzalo Calleja abren una hendija a los movimientos del hampa vip, donde los negociados y la violencia marcaron el último tiempo de un sector integrado por amigos del poder. El informe de tapa plantea que a partir de los dos hechos sangrientos se abrió una herida en el núcleo de abogados, contadores y empresarios que vienen desarrollando inversiones millonarias en Paraná. El socio de Pablo Ferreyra, Carlos Guillermo Torrealday, adscripto al Senado provincial, está bajo una sombra de sospecha y surgen sus negocios donde aparece vinculado a Alfredo Bilbao, uno de los principales imputados en la causa del histórico desfalco al Estado con los contratos truchos legislativos. Un caso que revela, junto al asesinato de Gonzalo Calleja, un infernal movimiento de dólares de origen desconocido. Una trama de jóvenes profesionales y empresarios que llevan una vida de lujo, dejando a muchos damnificados a sus espaldas.

En la edición 1123, Las caras y las máscaras, un informe sobre las prácticas reservadas de la política y el expediente de los contratos truchos. A veces la política se permite raptos de autenticidad. Se presenta como efectivamente es. La política de verdad es mucho más divertida que la política impostada. Lo genuino dice mucho más que lo afectado. Es cierto que desde siempre la política supone una actitud de representación. Hay escenarios y telones. Hay caras y máscaras. La era de lo mediático potencia esa arista. Las impresiones rápidas le ganan a las ideas solventes. Los políticos muestran su costado más artificial. Pero de vez en cuando la política queda al desnudo: un micrófono impensadamente abierto, una cámara encendida que no avisa, un audio privado que deviene público, un dossier secreto que termina siendo divulgado. Condenada por lo general a la trastienda, en contadas ocasiones la política real se asoma de manera imprevista. Quedan expuestas las motivaciones más sinceras y las reacciones más espontáneas. Lo oscuro se ilumina. Lo opaco se vuelve transparente.

La revista ANÁLISIS de este jueves ofrece un informe sobre las estancias entrerrianas de Soros, Blaquier, Pereda, Clarín, Masisa, Macri, López y Castrillón. Zares del juego amigos del poder, patria contratista, medios masivos, multinacionales, banqueros, empresarios casi siempre de afuera y ocultos a veces en sociedades anónimas, amontonan establecimientos rurales en Entre Ríos, y apilan litigios por desarrollar obras con la política de hechos consumados. “Luna linda”, “Marías del Sur”, “Malagueño”, los bellos nombres de las nuevas estancias. Los que menos posibilidades tienen de acceder a un predio son, paradójicamente, los campesinos. La norma para ellos es el éxodo. De sur a norte, sorprenden los apellidos de los “productores” y el origen de los conflictos, como por ejemplo la determinación de levantar terraplenes, cavar zanjas o cortar arroyos fuera de la ley. Sin embargo, esa regla tiene excepciones.

Más adelante, Escuelas públicas en Paraná, el espacio de los bolsones de comida. En el departamento capitalino, la mayoría de los establecimientos educativos públicos no tiene las condiciones para garantizar los protocolos sanitarios que exige la presencialidad. Según un cálculo de la Seccional local de AGMER, el porcentaje ronda el 70 por ciento. Este aspecto sumado a la extensa cuarentena, la virtualidad y la precariedad generalizada, va convirtiendo a las escuelas en lugares que la población sólo referencia con la entrega de bolsones alimentarios.

“El crecimiento tiene que ser con equidad, inclusión, con sustentabilidad ambiental y perspectiva de género”, definió en un reportaje el ministro de la Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo. Abordó la realidad provincial en la generación de riquezas, destacó los niveles de compromiso en quienes sostienen las distintas cadenas productivas y señaló que el objetivo es favorecer un crecimiento con equidad, inclusión, sustentabilidad ambiental y perspectiva de género. Admitió la presión tributaria, pero indicó que aproximadamente el 93 por ciento del costo impositivo corresponde a la Nación.

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