El Foro de Políticas Públicas y la ONG “Entre Ríos sin corrupción” consideraron como “una buena noticia” y felicitaron al Tribunal de Casación “por la clara y contundente sentencia que confirma la condena del ex gobernador y otros parientes designados por él en cargos públicos por hallarlos responsables de la comisión de graves delitos de corrupción en perjuicio de la provincia de Entre Ríos”.
En un comunicado, las entidades consideraron que “la decisión del Tribunal cumple un doble objetivo. Por un lado examina y confirma la corrección de un fallo que encontró responsables a los ex funcionarios investigados por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, pero, por otro, cumple un objetivo pedagógico que enaltece la tarea judicial”.
“Cabe destacar que mediante la investigación del Ministerio Público Fiscal –y con un doble conforme por unanimidad de dos tribunales- ha quedado demostrado que la corrupción de los gobernantes y funcionarios públicos, causa daños irreparables al privar a la población de sus recursos, afectando la educación, la salud y la seguridad, además de corromper las instituciones”, destacaron.
No obstante, advirtieron que “falta ahora que el fiscal de Estado reclame la repetición del dinero que pasó ilícitamente al patrimonio de los condenados. Debería hacerlo inmediatamente quede firme la sentencia reclamando a los condenados el importe total indebidamente apropiado con sus intereses y costas. La privación de libertad no alcanza para reparar el perjuicio causado”.
Además, las entidades plantearon que “el Tribunal Electoral que se constituya con motivo de las elecciones no puede permitir postulaciones aun cuando la sentencia se vuelva a recurrir. Si el Tribunal de Casación ha confirmado la existencia de conductas tipificadas penalmente en perjuicio de la administración pública, resultaría un despropósito permitir que esas personas puedan acceder al manejo de fondos y bienes públicos”.
“Nunca como ahora se hace necesario tutelar la provincia”, destacaron desde el Foro de Políticas Públicas de Entre Ríos y la ONG “Entre Ríos sin corrupción”.
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