Como un botón de muestra de la reforma de los servicios de inteligencia que Alberto Fernández pretende impulsar, la interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Graciela Caamaño, redactó en las últimas horas una resolución que ordena "disponer la reducción al mínimo de las funciones de investigación criminal de la agencia y su participación como auxiliar de la Justicia".

El gobierno ya anticipó su intención de enviar al Congreso, en el corto plazo, un proyecto de reforma judicial. El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, trabaja en los lineamientos de ese proyecto, que en uno de sus capítulos más relevantes tiene como pretensión "divorciar" a los servicios de inteligencia de la Justicia, una escisión que se vislumbra como muy compleja.

Fernández no disolverá a la AFI, pero pretende quitarle atribuciones de inteligencia criminal y fortalecer la inteligencia vinculada con asuntos exteriores y de seguridad nacional. En ese tren, en las últimas horas la Presidencia redactó una resolución para comenzar a acotar la colaboración de la agencia como auxiliar de la Justicia en las investigaciones penales. Se trata de un primer mensaje a los magistrados para que comiencen a adaptarse a las reformas que busca impulsar Fernández.

"Comunicar a los jueces y fiscales con competencia penal de todas las jurisdicciones del país lo resuelto a través de la presente normativa, a los efectos de que dichos funcionarios apliquen de forma restrictiva la facultad de requerir la intervención de la AFI en actividades de investigación criminal en el marco de las causas", señala la resolución a la que accedió La Nación.

Un ejemplo que brindan en los corrillos oficiales es el del rol de la AFI en las escuchas que ordena la Justicia. "Muchas veces los jueces ordenan escuchas a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte, y luego le piden a la AFI que hagan un desgrabado y un análisis, eso es lo que no puede seguir ocurriendo", señalan fuentes oficiales.

El caso paradigmático fue el de la filtración de las escuchas de Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. Los más de 90 CD con audios pasaron por los empleados de la Dajudeco (ex-Ojota) que recibieron el material de la operadora telefónica, pero también los espías de la AFI, que interpretaron su contenido, por el propio juzgado e incluso por las partes de la causa.

El gobierno está concentrado en modificar parte del la la ley 25.520 de inteligencia nacional. El artículo 4 de esa ley es el punto central, ya que fija que "ningún organismo de inteligencia podrá revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial".

Tal como informó La Nación, al tiempo que acotará las colaboraciones con la Justicia, el gobierno buscará fortalecer el área de Asuntos Exteriores, y la de Contrainteligencia, destinada a controlar qué hacen otros servicios de inteligencia dentro del país y a evitar la "alteración del orden constitucional".

La nueva resolución que elaboró Caamaño -y que se espera sea oficializada en el Boletín Oficial en las próximas horas- resalta que "ese articulo establece la excepcionalidad para que la AFI actúe en carácter de auxiliar de la Justicia".

"La AFI debe orientar todos sus esfuerzos al cumplimiento de funciones referida a los delitos complejos y contra los poderes públicos, de orden constitucional, encauzando sus medios técnicos y de recursos humanos hacia ese cometido principal", agrega.